EL REY FELIPE VI SE ENFRENTARÁ A SU PRIMERA CRISIS DÍAS DESPUÉS DE SU CORONACIÓN

El juez Castro imputará de nuevo a la infanta Cristina la próxima semana

La tregua judicial a la Corona durará hasta que tenga nuevo dueño. El juez de instrucción de Palma, José Castro, prevé imputar a la infanta Cristina la semana que viene, según fuentes de la causa. El magistrado ha comenzado ya a comunicar a algunos de los encausados su situación procesal. 

Castro se prepara para imputar a la infanta por fraude fiscal
Castro se prepara para imputar a la infanta por fraude fiscal EFE

El juez José Castro prevé imputar a la infanta Cristina la semana que viene. El magistrado ha terminado ya el auto con el que el llamado “caso Noos” pasará a procedimiento abreviado, según confirman fuentes cercanas al juez y ha comenzado también a comunicar su desimputación a las personas que no serán acusadas. En su escrito, el juez de Palma detallará los delitos de que acusa a la hija del Rey.

Las acusaciones prevén pedir penas de hasta 10 años de cárcel

Castro podría imputar a la infanta como autora de un delito de fraude fiscal en el año 2008 y por otro de blanqueo de capitales y considerarla cooperadora necesaria de los delitos fiscales de su marido en, al menos, dos ejercicios. Eso supone que la hija del rey se enfrentaría a una petición de penas de entre 8 y 10 años de cárcel.

El juez de instrucción sólo está pendiente de un último trámite que la Audiencia Provincial de Palma debe resolver en las próximas horas: el recurso de la acusación popular para que se realicen pruebas caligráficas que verifiquen si las firmas en las actas de Aizoon fueron realizadas o no por la infanta y su marido. Sólo si el tribunal admite realizar esas pruebas periciales se podría retrasar la imputación, aunque fuentes de la causa consideran poco probable ese retraso.

El auto de imputación del magistrado pondrá fin a cuatro años de instrucción que comenzaron el 22 de julio de 2010, a raíz del caso Palma Arena y que implicará también acusar al esposo de la infanta, Iñaki Urdangarín, de delitos de malversación, fraude, falsedad documental y en el aire quedaría el de blanqueo. Si Castro confirma los cargos en su auto de la semana que viene, Urdangarín se enfrentaría a penas que superan los 26 años de prisión.

La guerra de recursos comienza la próxima semana

El escrito del magistrado podrá ser recurrido en reforma (es decir, ante el mismo juez Castro) en el plazo de tres días y en apelación (ante la Audiencia Provincial de Palma) en el plazo de cinco días. A partir de ahí, comenzará la batalla por desactivar los cargos que Castro incluyó en su auto del pasado mes de abril de 2013. Los abogados de la defensa que dirige Miquel Roca confirman oficiosamente su intención de recurrir si hay acusación aunque “no se pronunciarán oficialmente hasta que conozcan el escrito del magistrado”.

Las defensas no se pronunciarán oficialmente "hasta que conozcan el escrito del magistrado"

Independientemente de que se presenten esos recursos, las acusaciones dispondrán de 20 días para presentar sus escritos de acusación. La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha confirmado a Vozpópuli que ya ha terminado su escrito y que sólo espera el auto de Castro para incorporar o modificar detalles factuales en función del magistrado. Según su análisis, la petición de penas de la acusación "puede llegar a los 10 años de prisión para la hija del rey". 

Una vez presentados esos escritos, las defensas de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín dispondrán de otros 20 días más para presentar sus escritos de defensa si la Audiencia Provincial no anula antes la instrucción de Castro. Será en cualquier caso la Audiencia Provincial la que decida de ahora en adelante el destino de la hija del rey Juan Carlos.

Una acusación con resistencias institucionales

Castro dictó en abril de 2013 la imputación de la hija del Rey porque apreciaba indicios de su participación en esos delitos basándose en las evidencias localizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF). Desde entonces, la maquinaria de múltiples instituciones se ha movido para evitar esa imputación:


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