Nacional

Cospedal niega que Camps y Barberá vayan a ser imputados: "Me lo han desmentido"

La Fiscalía iba a pedir la imputación del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el marco del caso Nóos. Sin embargo, Cospedal ha desmentido en rueda de prensa que esta información sea cierta.

Francisco Camps y Rita Barberá, juntos en una imagen de 2009.
Francisco Camps y Rita Barberá, juntos en una imagen de 2009. gtres

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, mediante un escrito que prevé presentar en próximas horas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la imputación del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el marco del caso Nóos, a raíz de su intervención en las negociaciones dirigidas a contratar al Instituto Nóos para la organización del evento Valencia Summit.

Sin embargo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha desmentido la imputación de Camps y Barberá en el caso Nóos: "Es rotundamente falso. Me lo acaban de desmentir".

En cambio, fuentes jurídicas han informado a Europa Press, que en base a los alegatos de las partes el TSJCV deberá resolver ahora si acepta o no la competencia para instruir los hechos relativos a ambos aforados.

Más en concreto, el Ministerio Público atribuye a Camps y Barberá la presunta comisión de delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial, en la línea de la exposición razonada, de 70 páginas de extensión, que elevó el juez instructor del caso Nóos a la máxima instancia judicial de Valencia para pedir que asumiera la instrucción de estas pesquisas.

En su escrito, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, subrayaba cómo la contratación del Instituto Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit, por cuyas tres ediciones la entidad percibió unos tres millones de euros públicos, respondía "sólo al deseo" de ambos de "doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey".

A partir de ahí, aseveraba el magistrado, las contrataciones de Nóos fueron actos "estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedecían a procurar el interés general" sino "sólo al deseo de doblegarse a las exigencias, que por muy cortésmente que se planteasen no dejaban de serlo", del Duque de Palma.

Así, el juez recalcaba el hecho de que, sin que se iniciara "absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación" y "en exclusiva atención" a que por parte de Camps era "hartamente conocido" que al frente de Nóos estaba Urdangarin, el expresidente valenciano "entendía que era obligado acceder [a las pretensiones del Duque] en atención a que era el yerno de S.M. El Rey".

Asimismo, aludía a la presunta intervención de Camps en las negociaciones de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar pero por los que Nóos percibió 382.000 euros del gobierno valenciano.

"Sin el beneplácito de Camps, no se comprende ese sometimiento"

Al respecto, el instructor incidía en que la aprobación del convenio por parte de la Generalitat no estuvo precedido de ningún estudio económico ni de mercado, aseverando que "sin el beneplácito del presidente, don Francisco Camps, no se comprende ese sometimiento [del gobierno valenciano] a las exigencias" del marido de la Infanta Cristina. "El objetivo del convenio nunca llegó a cumplirse pero las arcas de la Comunidad Valenciana se vieron reducidas en la suma de 382.203 euros", abundaba.

El magistrado destacaba en esta línea la "sorprendente celeridad" con la que fue tramitado este expediente en la medida en que "tres días consecutivos, navideños por demás [a finales de 2005], lo que un es un impedimento jurídico pero sí una no muy usual práctica", bastaron para que en distintos ámbitos administrativos "perfectamente sincronizados entre sí se pudiera informar, concertar y aprobar" el convenio de colaboración para la organización de los JJEE.

Un convenio rubricado por un importe de seis millones de euros que, "al modesto entender" del juez, es "difícilmente conciliable con la serenidad y profundidad con la que se deben abordar cuestiones de tal importancia". Castro hacía hincapié en el hecho de que a la dotación económica de la Generalitat se la llamase "subvención" como "una manera de burlar las ineludibles previsiones de las normas sobre contrataciones de las Administraciones Públicas, que se inspiran en los principios de igualdad y publicidad".

Aspectos de los que "deliberadamente se prescindió para contratar arbitrariamente a quien estaba detrás del Instituto Nóos, don Iñaki Urdangarin, al objeto de que desplegara toda su área de influencias tanto en su condición de vicepresidente del Comité Olímpico Español como en razón de su parentesco con la Casa Real, intencionadamente utilizado para vencer cualquier resistencia".


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba