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González Pons: "Con mi firma no se pagó un euro público al Instituto Nóos"

El vicesecretario general del PP y el asesor jurídico de la Casa del Rey y conde de Fontao, José Manuel Romero declararon como testigos ante el juez del caso Nóos. A su salida, González Pons dijo a los periodistas que aunque su firma está en un convenio con el Instituto, no se comprometió ni un euro público. 

El exconseller valenciano y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, ha afirmado hoy que con su firma en un convenio entre el Instituto Nóos y la Generalitat Valenciana no se pagó "ni un euro público" a la entidad de Iñaki Urdangarin, ya que de lo contrario se habría "pensado mucho más" rubricarlo. A su salida de los juzgados de Plaza de Castilla tras testificar ante el juez del caso Nóos con relación a un convenio por 382.203 euros para que la entidad organizara en Valencia los Juegos Europeos 2006, González Pons ha hecho una breve declaración a los decenas de periodistas que lo esperaban.

En primer lugar, ha aclarado que no se ha acogido a su derecho como diputado a que se le interrogara en su despacho yha acudido "como ciudadano" a declarar porque los políticos no deben hacer uso de sus derechos sino estar "a pie de calle". "He renunciado al derecho que tienen los diputados a declarar en su despacho y he venido a pie de juzgado como ciudadano que soy, porque creo que este es un momento para que los políticos no utilicemos nuestros derechos sino que estemos a pie de calle y, si se nos requiere, a pie de juzgado", ha indicado González Pons.

Respecto al convenio que se investiga entre el Ejecutivo valenciano y Nóos para organizar un evento que finalmente no se hizo, el diputado ha reconocido que si bien es verdad que su firma figura en él, fue porque hubo un "acuerdo previo" del Gobierno autonómico.

"Es verdad que mi firma está en un convenio con el Instituto Nóos, pero también es verdad que mi firma está por un acuerdo previo del Gobierno de la Generalitat Valenciana y que con mi firma no se comprometió ni un euro público ni se pagó un euro público al Instituto Nóos", ha dicho el diputado. "Porque yo firmara el Instituto Nóos no recibió ni un solo euro de dinero público, porque si con mi firma hubiera habido la posibilidad de que se hubiera pagado un euro público, a lo mejor me lo habría pensado mucho más", ha añadido.

Ha destacado que, "por respeto al juez Castro y su investigación", ha guardado silencio desde que salieron las primeras informaciones que le relacionaban con Nóos, pero ha aclarado que sus palabras hoy responden a que debía explicar lo que tenía "ganas de decir" desde hace más de un año. "He guardado silencio durante un año y voy a volver a guardar silencio por respeto al tribunal que está investigando", ha puntualizado, tras lo que ha afirmado: "Ya está bien de informaciones que relacionan mi firma con el pago a Iñaki Urdangarin".

González Pons ha dicho dar por cumplido su "deber ciudadano" de declarar como testigo, en este caso en un asunto "de mucha importancia" que está investigando el juez de Palma, y ha esperado que su testimonio haya servido al magistrado para "avanzar en su investigación".

Romero dice que pidió a Urdangarin abandonar Nóos

Tras el popular, el asesor jurídico de la Casa del Rey y conde de Fontao, José Manuel Romero, ha dicho al juez que en 2006 se dirigió a Iñaki Urdangarin para que dejara sus actividades en el Instituto Nóos con la finalidad de evitar que obtuviera rédito económico "por ser quien es". Romero también ha declarado como testigo ante el juez Castro, durante alrededor de una hora y media después de que Urdangarin y su exsocio Diego Torres declararan en su día que realizó labores de mediación y asesoramiento al duque de Palma en Nóos y en la Fundación Deporte Cultura e Integración Social y (Fdcis).

Fuentes jurídicas consultadas por Efe han explicado que el asesor ha reconocido al juez que pidió a Urdangarin que abandonara Nóos tras enterarse en una revista y a través de una persona de sus actividades en el instituto, las cuales a su juicio no encajaban con la ética de la Casa Real.

El conde de Fontao ha añadido que con ello pretendía evitar que Urdangarin "enseñara la tarjeta" como garantía de su fiabilidad en vistas a obtener contratos públicos y privados.


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