Publicado: 14/09/2016 04:00
Dos días. Cuarenta y ocho horas. Ese es el plazo de tiempo que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha dado este martes a los expertos de la Sección de Informática Forense de la Comisaría General de Política Científica para emitir un informe sobre dos aplicaciones de telefonía: COMSec y MobileDesk MDM. El magistrado quiere saber si con las mismas, que aparecieron en la terminal que utilizaba el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín-Blas, se pudo hacer una "administración remota" del mismo de tal modo que estas fuesen utilizadas para hacer la grabación de la reunión que el alto mando policial mantuvo con agentes del CNI sobre el 'caso Nicolay' y que ha terminado provocando una 'guerra de comisarios' y la imputación de su polémico compañero y rival José Villarejo. La petición del magistrado se produce sólo unas horas después de haber recibido en su despacho un escrito de la Dirección General de la Policía firmado por su máximo responsable, Ignacio Cosidó, en el que éste admite que dichos programas fueron instaladas en dicho móvil y en los de otros "miembros de la Escala Superior" por Interior para "garantizar la conexión segura de las conversaciones de los altos cargos de la Policía Nacional". El juez Zamarriego justifica su petición en que la "información comercial" de dichas aplicaciones, creadas por la empresa Indra, admite dicha posibilidad "entre sus características".
El juez quiere que expertos de la Policía certifiquen en dos días si las dos aplicaciones instaladas por la Policía en los teléfonos de sus mandos permiten la "administración remota" de dichos terminales
La investigación sobre COMSec y MobileDesk MDM arranca el pasado mes de enero a raíz de un informe de la misma Sección de la Policía Científica a la que ahora el juez reclama un nuevo análisis de urgencia. Entonces, los expertos policiales realizaron un informe sobre el móvil de marca Apple modelo A1332-Iphone4 que utilizaba el comisario Martín-Blas cuando se produjo la grabación y sobre el que el propio mando policial puso el foco de la sospecha al señalar que podía haber sido el utilizado para realizar la misma. En aquel informe, los agentes detallan que extrajeron toda la información contenida en dicho terminal referida al uso del mismo entre los días 20 y 21 de octubre de 2014, incluido llamadas, sms y consultas realizadas en Internet. El documento también detallaba se había rastreado el teléfono en busca de "algún tipo de aplicación o archivo malicioso" que hubiera podido ser empleado para activarlo como grabadora por terceras personas. La respuesta fue negativa, aunque los agentes destacaban que se habían "encontrados registros de la instalación de dos aplicaciones de la empresa Indra" ahora bajo sospecha.
Tras aquel informe, el juez dictó el pasado 29 de julio una providencia dirigida a la Dirección General de la Policía en el que le pedía que le informase sobre siete "extremos" de dichas aplicaciones y la relación de Indra con el Ministerio del Interior. Entre ellas se encontraba los detalles de "cuándo se instalaron las aplicaciones" en el móvil del comisario Martín-Blas, qué otros mandos policiales las tenían en sus aparatos y cuáles eran las características de las mismas. La respuesta de Ignacio Cosidó llegaba el pasado lunes. En la misma, y a lo largo de dos folios y medio, el máximo responsable de la Policía detallaba que la compañía de tecnología ha sido adjudicataria de diversos proyectos y que "actualmente existen dos asistencia técnicas" prestadas con la misma, "ambas en el Área de Informática". El documento detalla también que las dos aplicaciones de las que sospecha el juez fueron, efectivamente, instaladas por el Ministerio del Interior en el móvil del antiguo jefe de la Unidad de Asuntos Internos, aunque asegura que "no consta la fecha exacta" en la que se hizo.
Otro móvil, pero sin las aplicaciones
Lo que sí detalla es que una de ellas, MobileDesk MDM, fue "una herramienta necesaria" para poder instalar el segundo programa, COMSec-VIP, "tal y como se recoge tanto en la memoria explicativa de la adquisición de las licencias de este sistema de comunicación segura [...] como en el acta de recepción" de la misma. El informe añade que el alto mando policial contaba desde septiembre de 2013 con un segundo terminal, un Samsung Galaxy ACE y que en el mismo no figuraban las aplicaciones sobre las que preguntaba el juez Zamarriego. Lo que sí aclara es que dichos programas se instalaron "a los miembros de la Escala Superior [comisarios]", entre los que destaca el director General Operativo (DAO), los subdirectores de Recursos Humanos, Logística y Gabinete Técnica y los cinco comisarios generales. En todos los casos con el objeto de "implementar la máxima seguridad de las comunicaciones entre los responsables de la Policía Nacional".
El director general de la Policía recalca en su respuesta al juez que las aplicaciones bajo sospecha fueron instaladas para "garantizas la conexión segura de las conversaciones" de sus altos mandos
En este sentido, el documento firmado por Cosidó recalca que dicho software permite el cifrado de las comunicaciones aunque éstas se hagan a través de operadores extranjeros, por redes inalámbricas o de datos fijas. Todo con el fin de "garantizar la conexión segura de las conversaciones de los altos cargo". Una respuesta que, según se desprende de la providencia que ha dictado este martes, no ha convencido del todo al juez Zamarriego. Por ello, ahora quiere que los expertos de Policía Científica le expliquen si además de 'proteger' de escuchas indeseadas las llamadas que realicen o reciban los comisarios también puede servir para "realizar una administración remota del terminal telefónico, tal y como aparece entre sus características en la información comercial".
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.