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El Supremo eleva la condena al cerebro del 'caso Malaya' de 11 a 17 años de cárcel

El tribunal incrementa en seis años la condena al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, al que añade el delito de fraude fiscal y le agrava las penas por cohecho y blanqueo, y rebaja la de la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe de seis a cinco años y seis meses.

Juan Antonio Roca en una de las sesiones orales del juicio por el 'caso Malaya'
Juan Antonio Roca en una de las sesiones orales del juicio por el 'caso Malaya'

El Tribunal Supremo ha condenado a 17 años de cárcel al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de la trama investigada en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, lo que endurece su pena en seis años de prisión sobre la sentencia de la Audiencia de Málaga. El alto tribunal ha notificado la sentencia que revisa los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga en el caso Malaya, un fallo que añade para Roca un delito fiscal por el ejercicio de 2002 y que le agrava las penas por cohecho y blanqueo de capitales.

El agravamiento del castigo para Roca se debe a que el alto tribunal ha aceptado algunas de las peticiones del fiscal, que recurrió contra la Audiencia Provincial. Finalmente, el cerebro de la trama resulta condenado por los delitos ya citados además de por los de prevaricación y fraude.

El Supremo destina la cuantía de las multas impuestas por la Audiencia a las arcas del Estado central, en vez de al propio Ayuntamiento de Marbella 

En el caso de la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, se rebaja su pena de seis a cinco años y seis meses, y en el de la exteniente de alcalde Isabel García Marcos, se le rebaja su pena de cuatro años a tres años y medio. A pesar de estos cambios, el fallo del Supremo, que ha ocupado 3.138 folios, confirma la mayoría de las condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Málaga. Así, el Supremo no acoge la mayoría de las reclamaciones por vulneración de derechos fundamentales, entre ellas la vulneración del derecho a un juez imparcial durante la instrucción de la causa, con la única excepción de que se han declarado nulas algunas de las intervenciones telefónicas acordadas en su día por el juez.

Aunque la sentencia del Supremo mantiene también una gran parte de las multas impuestas por la Audiencia, como es el caso de los 240 millones de euros impuestos a Roca, deja sin efecto la decisión del tribunal andaluz de que estos fondos fueran a beneficio del propio Ayuntamiento de Marbella y los destina a las arcas del Estado central.

Roca, "alcalde de hecho"

Los magistrados del Supremo han necesitado un año para resolver los 54 recursos de casación interpuestos por defensas y acusaciones contra la sentencia del caso Malaya, un fallo que impone mas de cien años de cárcel a decenas de personas.

El alto tribunal desestima la pretensión de algunos de los implicados de que se apreciara la atenuante de dilaciones indebidas como consecuencia del tiempo empleado en cerrar el procedimiento. Eso sí, el tribunal señala éste como un ejemplo paradigmático de "los macro-procesos", los cuales, dice el Supremo, generan a la larga efectos perversos.

La instrucción de grandes sumarios, que busca la unidad de la investigación en una sola causa, perjudica el funcionamiento de la Justicia, señala el alto tribunal.

La instrucción de grandes sumarios, que busca la unidad de la investigación en una sola causa, perjudica el funcionamiento de la Justicia, señala el alto tribunal

El relato de hechos confirmado por el Supremo considera probado que el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, pese a no tener cargo electo, ejercía una posición de "dominio" sobre la Corporación municipal marbellí, y ejerció como "alcalde de hecho" durante años, mientras que los concejales "se aquietaban a sus tejemanejes".

Eso hacía Julián Muñoz, exalcalde condenado en este proceso y que se encuentra encarcelado por otra causa relacionada con el blanqueo de capitales, y también Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella entre 2003 y 2006 tras prosperar la moción de censura contra el citado Muñoz.

La que fuera considerada el azote de Jesús Gil durante sus años de concejal socialista, Isabel García Marcos, fue expulsada del PSOE en el 2003 por apoyar la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz.

La desestimación de algunas escuchas telefónicas determina la absolución de algunos empresarios que habían sido condenados con penas mínimas, pero el Supremo confirma el castigo para implicados como Tomás Reñones (exjugador del Atlético de Madrid), el empresario Pedro Román o el constructor Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokan, entre otros.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Saavedra, cuenta con un voto particular del magistrado Andrés Martínez Arrieta, que argumenta, por un lado, que no se debió eliminar la atenuante analógica de detención irregular; y por otro, que se debió condenar por delitos dolosos -es decir, con plena conciencia de estar cometiendo algo ilegal- de blanqueo de capitales y no en la modalidad imprudente.


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