CERCO A LA EVASIÓN DE CAPITALES

El HSBC lleva 12 años ocultando al BdE la identidad de los titulares españoles de 138 cuentas opacas

El auto de la Audiencia Nacional que rechaza la extradición de Falciani a Suiza detalla todas las irregularidades en España del banco para el que trabajaba el informático francoitaliano. Los jueces destacan en dos ocasiones que desde 2001 se niega a facilitar datos de más de un centenar de depósitos sospechosos.

Tres multas, dos sentencias y doce años después, el HSBC aún se resiste a facilitar a las autoridades económicas españolas la identidad de los 138 residentes en nuestro país que abrieron cuentas opacas en la polémica entidad financiera entre 1994 y 2001. Así lo destacan los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en el auto con el que ayer rechazaron la extradición a Suiza de Hervé Falciani, el exempleado de este banco en Ginebra que reveló la identidad de miles de evasores de todo el mundo. Los tres magistrados destacan las supuestas irregularidades cometidas por el HSBC en España y, en concreto, su actitud desde noviembre de 2001, cuando el Banco de España detectó la existencia de los depósitos sospechosos. Los jueces resaltan en su escrito en dos ocasiones que "no nos consta que lo haya realizado [facilitar la identidad de los titulares] hasta el día de la fecha". Esta actitud obstruccionista es esgrimida por el tribunal para reforzar su decisión de no entregar al exempleado a los autoridades de Berna.

El HSBC debe pagar 2,1 millones de euros por no atender las peticiones de información de las autoridades monetarias sobre los titulares de las cuentas opacas abiertas por residentes en España entre 1994 y 2001

El auto, de hecho, hace una detallada cronología del proceso que ya se alarga cerca de doce año y que tuvo su último episodio recientemente, cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo falló en contra de la entidad bancaria y confirmó la multa de 2,1 millones que le había impuesto. Todo se inició el 5 de noviembre de 2001, cuando el Banco de España comunicó al Servicio Ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que había detectado la existencia de las 138 cuentas y que la sucursal en España del  HSBC Bank no había atendido su solicitud de facilitar la identidad de sus titulares tras ampararse en el secreto bancario suizo. Tres días después, el SEPBLAC abrió una investigación que le llevó el 8 de noviembre de ese mismo año y el 5 de abril de 2002 a requerir de nuevo a la entidad bancaria los nombres de sus clientes con España para los que había abierto las cuentqs opacas en Suiza.

Entre ambas negativas a facilitar información, el SEPLAC emitió el 17 de enero de 2002 un informe que ahora los jueces han calificado de "contundente" en el que se relataban "las numerosas y sustanciales irregularidades organizativas existentes en su seno de cara al control y prevención del blanqueo, lo que determina la imposición a la filial española de HSBC de una sanción pecunaria por falta, de facto, de procedimientos, órganos internos y mercanismos para la prevención eficaz de blanqueo de dinero". Con el escrito en la mano, el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, dictó el 19 de noviembre de 2002 una resolución por el que sancionaba al banco con tres multas y otras tantas amonestaciones públicas por varias infracciones graves a la ley de prevención del blanqueo de dinero.

En concreto, el Ministerio le impuso 925.000 euros por no identificar a los clientes, otra de 300.000 euros por no examinar "con especial atención" las operaciones sospechosas de encubrir el 'lavado' de dinero negro, y una tercera de 875.000 euros por no establece procedimientos y órganos adecuados de control interno. Recurridas por el banco, estas sanciones fueron confirmadas en 2009 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El Tribunal supremo la ratificó finalmente el pasado mes de marzo. En todo momento, la entidad financiera se parapetó en que el secreto bancario suizo le impedía revelar las identidades. Cuando ayer este diario se puso en contacto con portavoces del HSBC en España para conocer su versión del largo proceso, volvieron a esgrimir esa supuesta norma. "Fueron las autoridades suizas las que se negaron a que diéramos esos datos", afirmaron a Vozpópuli a la vez que insistían en que la entidad financiera sigue ahora una política de total colaboración con la justicia. "Se han mejorado los mecanismos de control y los empleados recibimos cursos periódicos sobre cómo detectar operativas sospechosas", insisitieron antes de recalcar que la sucursal en España del banco no cuenta desde 2002, sólo un año después de que se detectasen las irregularidades, con banca privada, es decir, con cuentas para particulares. "Se cerró. Ahora nos dedicamos a la banca corporativa", insistieron.

Informe de Anticorrupción

Sin embargo, el auto que rechaza la extradición de Falciani no sólo detalla el caso de las 138 cuentas opacas como ejemplo de la actitud obstruccionista del HSBC, sino que también menciona expresamente otros documentos en los que se apunta a irregularidades de esta entidad financiera en el control de sus clientes. Así, recoge el reciente fallo de la Justicia de EEUU por el que la entidad financiera se ha comprometido a pagar 2.000 millones de dólares tras admitir que su falta de diligencia había permitido a traficantes de droga blanquear ingentes cantidades de dinero. La información sobre estos hechos había llegado a las autoridades de Washington precisamente gracias a los datos aportado por Falciani.

El fallo de los tres jueces también recoge fragmentos de un reciente informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que analiza la operativa del banco en nuestro país y que los magistrados estudiaron para tomar su decisión sobre el informático francoitaliano. En dicho documento, se muestran las sospechas de que la entidad financiera "incumple las obligaciones de información establecidas en la normativa internacional, incluso hasta el punto de dar soporte y auxiliar el fraude fiscal". Además considera que "la administración tributaria española considera que existen fundados indicios de que los importes depositados o invertidos en cuentas bancarias opacas en el HSBC podrían tener origen en rentas no declaradas en su momento a la Hacienda pública, estatal, autonómica o foral, siendo la mayoría de los casos patrimonios ocultos y opacos al erario español".

Anticorrupción destaca que esta situación podría "haber sido amparadas por la propia entidad bancaria suiza por medio de sus sucursales, cuyos empleados captarían a los clientes ofreciendo la creación de estructuras fiduciarias y sociedades pantallas constituidas en paraísos fiscales, a través de los cuales se canalizaría de manera opaca y segura, la inversión realizada por las personas físicas residentes en territorio español". Por todo ello, el informe de la Fiscalía concluye que si bien la actividad del HSBC "quedaría fuera del ámbito jurisdicional de los tribunales españoles" al haberse realizado en Suiza, no pasaría lo mismo con los defraudadores españoles, cuya persecución judicial quedaría en manos de la Audiencia Nacional. La alargada sombra de la 'lista Falciani' sigue sobrevolarando sobre el mayor banco del mundo y sus clientes en España.


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