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El expolicía José Amedo pide declarar en Gürtel para explicar sus gestiones con dos imputados

El exsubcomisario condenado por formar parte de los GAL ha pedido a Ruz declarar después de que lo hicieran Alfonso García Pozuelo y Leopoldo Gómez Gutiérrez por si los hechos en los que le involucraron "pudiesen guardar relación con los que ahora se investigan".

El expolicía José Amedo, condenado por formar parte de los GAL, ha pedido al juez Pablo Ruz poder declarar en el caso Gürtel para aclarar sus gestiones con dos imputados: el expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo y el antiguo ingeniero del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Leopoldo Gómez Gutiérrez.

En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Efe, Amedo relata que en 2011, tras conocer a Gómez Gutiérrez a través de un amigo común, éste le pidió que mediara en su nombre para cobrar "importantes cantidades de dinero", por un total de 1,5 millones de euros, que le adeudaba García Pozuelo.

"Con el fin de tratar de gestionar de manera cordial el cobro de las cantidades adeudas", señala el escrito, Amedo acudió a finales de septiembre de 2012 al domicilio de García Pozuelo, al que dice que no conocía de nada, y habló con su esposa, a la que le dejó su número de teléfono y poco después el constructor le llamó.

Al comentarle el objeto de su visita, continúa el escrito, García Pozuelo "rechazó de plano que tuviese cualquier tipo de deuda" con el ex técnico municipal y tras citarse con Amedo en el hotel Miguel Ángel, el 3 de octubre de 2012, el empresario le pidió "pruebas sobre la cantidad que se le reclamaba".

El expolicía le contó entonces a Gómez su conversación con García Pozuelo, a lo que el ingeniero ya jubilado le comentó que le haría llegar a través de su socio David Encinar una serie de documentos que acreditarían la deuda. Amedo se citó entonces con Encinar en el Hotel Fénix de Madrid para que le entregara los referidos documentos.

"Al comprobar el cariz de aquella documentación", según relata en su escrito, el expolicía dudó de la legalidad de las cantidades reclamadas al ver que tenían relación con actividades profesionales de Gómez en el Ayuntamiento de Pozuelo y que podrían estar relacionadas con el cobro de comisiones "sospechosas", máxime cuando descubrió que García Pozuelo estaba imputado en Gürtel.

Tiempo después, supo además que la relación con ambos imputados en Gürtel había sido objeto de investigación por parte de la Policía, lo que, asegura, le alarmó "sobremanera".

Al sentirse víctima de una manipulación, el pasado 22 de abril decidió denunciar a Gómez y a Encinar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón por una presunta inducción a la comisión de un delito de forma premeditada y con una alevosa mala fe.

Ahora, y tras conocer la declaración que Gómez y García Pozuelo prestaron como imputados el pasado 13 de junio, ha pedido a Ruz declarar ante la posibilidad de que los hechos en los que le involucraron "pudiesen guardar relación con los que ahora se investigan".

En su comparecencia del 13 de junio, Gómez defendió ante el juez las adjudicaciones que se hicieron a la empresa Constructora Hispánica, cuyo expropietario, Alfonso García Pozuelo, se acogió a su derecho a no declarar.

El antiguo ingeniero municipal explicó que él se limitó a evaluar las empresas que se presentaron a los concursos en función de criterios técnicos, y ha insistido en que él no era el encargado de decidir sobre la adjudicación, sino que tan solo informaba sobre esos aspectos.

Algunas de las adjudicaciones investigadas se refieren a las relativas al parque de Arroyo de las Cárcavas; el proyecto de remodelación y acondicionamiento del Camino de las Huertas, adjudicada por 1.917.520 euros, y la Operación Asfalto, concedida por 1.854.656 euros.

La Fiscalía sospecha que el presunto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, cobró comisiones de Constructora Hispánica por intermediar en varias operaciones con el Ayuntamiento de Pozuelo, cuando estaba al frente el exalcalde Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato.


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