LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

Ruz busca a tres funcionarias de Jerez en su cerco a la alcaldesa 'popular' por la Gürtel

Pide al consistorio que identifique a "L. Montenegro", "Silvia" y "Elena", cuyos nombres figuran en documentos de la adjudicación de contratos a la trama de Correa. El caso salpica a un excolaborador de Javier Arenas y apunta a la regidora y senadora del PP María José García-Pelayo.

El juez Pablo Ruz, en una imagen de archivo.
El juez Pablo Ruz, en una imagen de archivo. EFE

Cinco días. Ese es el tiempo que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha dado al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cädiz) para que "proceda a identificar e indique el puesto de trabajo y las funciones" de tres funcionarias que participaron en la adjudicación a la trama Gürtel de los contratos para montar el stand de la localidad en la feria internacional de turismo Fitur de 2004. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía entregado recientemente al magistrado detalla que se llaman "LMontenegro", "Silvia" y "Elena", pero no ha sido capaz de concretar más datos sobre ellas hasta ahora. Los investigadores consideran clave su testimonio para conocer hasta donde alcanzan las responsabilidades de la supuesta corruptela destapada y que ya salpica a un estrecho colaborador de Javier Arenas, además de colocar al borde de la imputación a la actual regidora, la senadora del PP María José García-Pelayo.

La UDEF pidió al juez identificar a "LMontengro", "Silvia" y "Elena", tres trabajadoras del consistorio que participaron en la adjudicación a las empresas de Correa

La petición urgente de información viene recogida en una providencia dictada el pasado miércoles 11 de marzo por el juez Ruz después de que llegaran a su mesa dos informes sobre dicha adjudicación en la pieza separada del sumario de la Gürtel que el magistrado ha denominado "denuncia Ayuntamiento de Jerez". Uno de ellos es el de la UDEF que incluía entre sus propuestas de investigación, precisamente, identificar a dichas funcionarias para poder tomarlas declaración. El segundo, uno de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente de Hacienda) en el que se concluía también la existencia de graves irregularidades en la adjudicación a empresas de Francisco correa de tres contratos. El primero, para el montaje en Madrid de un pabellón en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de 2004. El segundo, para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de la capital para un espectáculo ecuestre en ese mismo año. Y el tercero, por la organización de una fiesta flamenca en el madrileño Parque del Retiro en las mismas fecha. Todo ello por un valor de 355.391,93 euros.

Una 'mordida' de 53.355 euros

En dicho documento policial, los agentes señalaban a Isidro Cuberos, actual consejero a propuesta del PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía y jefe de prensa de Javier Arenas cuando éste lideraba el partido en Andalucía, como el muñidor de que el consistorio gaditano realizara dichas adjudicaciones. El documento de la UDEF aseguraba que las sociedades que resultaron beneficiadas eran "meras pantallas figurando ante el exterior como adjudicatarias, ocultando la real participación de Isidro Cuberos, a quien se le reparten parte de los beneficios generados por la operación previo pacto como conseguidor de los contratos”. Supuestamente, Cuberos se embolsó por ello una comisión de  53.355 euros. Junto a él, la Policía destacaba el papel de una funcionaria municipal.

Este informe de la UDEF apuntaba a que ésta última presuntamente manipuló documentos de los expedientes referidos a aquellas adjudicaciones. La investigación había concluído que, de hecho, varios fueron creados varios días e, incluso, semanas después de la fecha que figuraba en ellos. La huella digital de los mismos, lo que técnicamente se denomina metadatos y que es el rastro que dejan los ordenadores en los documentos, había delatado la supuesta manipulación. "Primero se adjudica, y con posterioridad se generan los documentos necesarios para justificar las resoluciones adoptadas por el órgano de contratación con fecha anticipada desde el propio Ayuntamiento de Jerez", señalaba el escrito policial. El informe de la IGAE apunta en la misma dirección. 

Reactivada hace un año

Hasta comienzos de 2014, la trama Gürtel había pasado de puntillas por Andalucía. De hecho, en esta comunidad sólo había salpicado de manera residual al PP ya que afectaba únicamente a uno de los hermanos del exeurodiputado Gerardo Galeote que fue concejal en el consistorio de Estepona (Málaga) y que acaba de ser enviado al banquillo por Ruz. Sin embargo, en febrero del año pasado la UDEF entregaba un informe en la Audiencia Nacional que daba pie a la apertura de una pieza específica sobre las actividades de la trama en esta comunidad y, más en concreto, en la localidad gaditana. En dicho documento, de poco más de medio centenar de folios, los agentes detallaban supuestas irregularidades en tres contratos adjudicados por el equipo de gobierno 'popular' del Ayuntamiento de este municipio a dos empresas de la organización de Correa.

Ruz investiga desde febrero de 2014 tres contratos por 355.391 euros adjudicados en 2004 por el Ayuntamiento de Jerez a dos empresas de Correa

No obstante, aquel documento policial ya mencionaba a la regidora, la 'popular' María José García-Pelayo,. Las pesquisas, que parecieron quedar paralizadas en un primer momento tras aquel informe de febrero, se reactivaron el pasado mes de mayodespués de que el juez Ruz recibiera de la Fiscalía gaditana un escrito de denuncia elaborado por funcionarios anónimos del consistorio que incorporaba documentación desconocida hasta ahora sobre este supuesto fraude, entre ellos un informe de la interventora municipal que desaconsejaba la adjudicación.

En diciembre pasado, entraba en la Audiencia Nacional un sobre cerrado dirigido Pablo Ruz. No tenía remitente. En su interior había "un dossier en soporte papel y en soporte digital" con documentación sobre la causa. Inmediatamente, el juez ordenaba a la UDEF y a Hacienda la elaboración de sendos informes sobre su contenido. El de la Policía es el que entregó el pasado martes y que señala al colaborador de Arenas. El segundo es el de la IGAE que ya reposa en la mesa del magistrado y en el que se analiza "la regularidad de la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas en relación con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)".


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