La trama Gürtel blanqueó dinero con inversiones en investigaciones contra el cáncer

Sale a la luz uno de los últimos 'tesoros' ocultos de la trama Gürtel. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha enviado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, un informe en el que destalla cómo la red liderada por Francisco Correa blanqueó 200.040 euros con la compra de un paquete de acciones de Europath Biosciencies SL, una empresa española puntera en la investigación de la lucha contra el cáncer. Según detalla el documento policial al que ha tenido acceso Vozpópuli, la apuesta financiera se formalizó en enero de 2008 y se mantuvo hasta noviembre de 2012, cuando Inversiones Kintamani SL, la mercantil a través de la cual la trama adquirió la participación y que se encuentra actualmente intervenida judicialmente, revendió ésta a los actuales directivos de la compañía de biotecnología.

Tras la adquisición de las acciones, dos abogados cercanos al cabecilla de la trama se incorporaron a los órganos de dirección de la empresa. Uno de ellos se ha mantenido como secretario hasta enero de 2013

Según el informe, fechado el pasado 19 de marzo, la presunta operación de blanqueo se inició a finales de 2007, meses después de que los accionistas de Europath Biosciencies SL decidieran aprobar una ampliación de capital de la compañía. Uno de los presuntos integrantes de la trama, el abogado Manuel Delgado Solis, imputado por ayudar supuestamente a Correa a crear una trama internacional para ocultar su patrimonio fuera de España, pidió a una de las integrantes del consejo de la compañía, María Isabel L.F., que hiciera llegar vía fax una carta al cabecilla de la trama con los datos de la ampliación y los requisitos para participar en ella. El 2 de enero de 2008, Inversiones Kintamani, una de las empresas de la red cuyo objeto social era "la compraventa de bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos", adquirió por 200.040 euros 120 participaciones, un 2% del capital de la compañía.

Delgado Solís, que defendió al propio Correa tras ser detenido en febrero de 2009 y que consiguió que abrieran la causa contra Baltasar Garzón que acabó con éste fuera de la judicatura, se incorporó como consejero a la compañía poco antes, el 27 de diciembre. No fue el único. Días después era nombrado administrador único de la misma uno de los miembros de su despacho, José Antonio López Rubal, Josecho, también imputado actualmente en la Gürtel. El primero conservó su cargo hasta el 23 de septiembre de 2010. Su compañero permaneció más tiempo. No fue cesado como secretario de la misma hasta el pasado 10 de enero.

Un 'email' delator

Además de Correa, Delgado Solís y López Rubal, al menos otros dos presuntos miembros de la trama tuvieron conocimiento de la inversión en la compañía de biotecnología. Uno de ellos fue Pablo Crespo Sabaris, exdirigente del PP gallego y considerado por la Policía la mano derecha de Correa. Un correo electrónico fechado en julio de 2008 localizado por los agentes en el ordenador de un integrante de la red reveló que Crespo recibió de Josecho, entonces administrador único de Europath Biosciencies, la convocatoria para participar en la junta general de la compañía como representante de Kintamina. El número 2 de la trama reenvió el mismo a otro imputado, Ramón Blanco Balín.

La Policía cree que la red corrupta eligió la compañía de biotecnología para que ésta con su "reputación disipara las sospechas sobre el origen de los fondos"

Para entonces, los principales protagonistas de la trama ya estaban siendo investigados por la Policía, por lo que el 17 de diciembre de ese año los agentes pudieron escuchar una conversación telefónica entre el propio Crespo y Blanco Balín en la que ambos hablaban de la necesidad de abonar 100.000 euros al propio Delgado Solis en concepto de "provisión". Entre las opciones que ambos barajaron para conseguir esa cantidad de dinero estuvo la de rescatar, precisamente, la inversión de Kintamani en Europath, algo que finalmente no se realizaron. Dos meses después, la Policía realizaba las primeras detenciones del 'caso Gürtel'.

Los escasos datos sobre la participación de la trama de Correa en el accionariado de la empresa habían permanecido disgregados y sin relacionar en el mar de más de 700.000 folios que ya forman el sumario hasta que a finales de este año los investigadores ataron los cabos y sacaron a la luz una participación societaria que se había convertido en uno de los últimos 'tesoros' ocultos de Correa. Finalmente, los administradores judiciales de Kintamina formalizaron el pasado 28 de noviembre la venta de las participaciones a los actuales responsables de la compañía biomédica por el mismo importe de adquisición: 200.040 euros. Cero pérdidas, pero también cero beneficios, porque la empresa no había repartido en todos estos años dividendos a sus accionista.

"Disipar sospechas"

Según destaca el informe de la UDEF la compra del 2% de la compañía de investigación en la lucha contra el cáncer tenía como objetivo el "blanqueo de capitales vinculado [tanto] al empleo de profesionales no financieros [los abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal] como la utilización de profesionales con buen nombre y reputación para disipar las posibles sospechas que pudieran generarse sobre la naturaleza de sus actividades y el origen de sus fondos".

Actuales responsables de la compañía médica, que ha cambiado su nombre por el de Althia Helath SL, confirmaron ayer la participación de la empresa de Correa en su accionariado durante cerca de cinco años, aunque destacaron que "en aquel momento no se sabía nada del 'caso Gürtel". De hecho, destacaron a este diario que conocieron la presunta implicación de dos de sus directivos, Delgado y López Rubal, "por los medios de comunicación". Ninguno de los dos forma ya parte de equipo directivo. La portavoz de la compañía declinó hacer ningún comentario más.

EL SABER 'LAVA' MÁS BLANCO

Los casos de filantropia sospechosa no son nuevos en España, ni mucho menos. En los últimos años, al menos en dos ocasiones la Policía ha detectado a presuntos delincuentes invirtiendo parte de las ganacias de sus actividades ilícitas en negocios relacionados con la salud y el saber. Así, en mayo de 2011, la Policía y la Guardia Civil detuvieron a Ángel Suárez Flores, más conocido como ‘Casper’, un ladrón que en 2001 alcanzó cierta notoriedad mediática tras robar varios valiosos cuadros a la empresaria Esther Koplowitz. Como Correa, 'Casper' había encontrado en la lucha contra el cáncer un filón para ‘lavar’ el dinero que obtenía con sus delictivas actividades. Pretendía, de hecho, blanquear gran parte de su último botín, de 50 millones de euros, invirtiendo en empresas farmacéuticas de Argentina, Venezuela y República Dominica que tienen en marcha tratamientos experimentales contra esta enfermedad. El dinero lo había conseguido presuntamente después de vender un alijo de 2.000 kilos de cocaína que él y su banda habían robado unos meses antes a un grupo de narcotraficantes en Alicante.

El pasado 21 de junio, el Grupo de Investigación Patrimonial de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, remitió un voluminoso informe al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid para su inclusión en el sumario de la 'Operación Colapso-Edén', el mayor golpe policial contra el tráfico de cocaína dado en España. En dicho informe, los expertos de Hacienda analizaban al detalle la trama empresarial de uno de los principales imputados en la causa, el empresario de origen colombiano Laurentino Sánchez Serrano, alias Lauro. Siempre según dicho documento de la Agencia Tributaria, este presunto narcotraficante había planeado blanquear una parte importante de los beneficios que supuestamente obtenía con la cocaína en la construcción de una universidad privada en Pinto, una localidad de 45.000 habitantes al sur de Madrid. Para ello, Lauro había constituido una empresa, Promoción y Desarrollo de Centros Universitarios S.A.-Universidad Siglo XXI, en la que los principales accionistas eran dos de sus supuestos testaferros, su esposa, Fanny Fernández, y su abogado de confianza, Roberto Rodríguez Casas. Cuando todos ellos fueron detenidos, ya tenían preparado un protocolo de declaración de intenciones para ser firmado con el alcalde de esta localidad madrileña.