Nacional

La Fiscalía pide once años de cárcel para la exconsejera valenciana Milagrosa Martínez

Pide además otros once años de prisión para el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret y la inhabilitación de nueve años para el ejercicio de cargo público para ambos. Martínez habría cometido un delito continuado de prevaricación administrativa y de otro de cohecho.

La Fiscalía Anticorrupción pide once años de cárcel para la exconsellera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez por las contrataciones de la Generalitat para el pabellón de Fitur con la trama Gürtel, mientras que pide el archivo de la causa contra el exvicepresidente autonómicoVicente Rambla. En su escrito de conclusiones, presentado ayer ante el magistrado instructor en el Tribunal Superior de Justicia valenciano y dado a conocer este miércoles, la Fiscalía pide otros once años de prisión para el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret -condenado ya en el conocido como "caso de los trajes"-, y la inhabilitación de nueve años para el ejercicio de cargo público para ambos.

La Fiscalía considera que la trama Gürtel habría facturado más de 5 millones de euros a la Generalitat Valenciana por la instalación de expositores turísticos a pesar de que, en su opinión, no reunía las condiciones técnicas y económicas para haber accedido a esas adjudicaciones.

En su escrito, también plantea la inhabilitación durante nueve años para la también exconsellera de Turismo Angélica Such y pide catorce años de prisión para la coordinadora de las ferias de la Agencia Valenciana de Turismo Ana Grau y once para el exjefe del área de Mercados de la Agencia de Turismo Isaac Vidal.

Según la Fiscalía, Martínez sería autora de un delito continuado de prevaricación administrativa y de otro de cohecho, mientras que Betoret, además de prevaricación, habría cometido también un delito de falsedad de documento oficial y sería cooperador de un delito continuado de malversación de caudales públicos. A Such le atribuye un delito continuado de prevaricación administrativa, mientras que al resto los considera autores de un delito de falsedad en documento oficial y cooperadores o cómplices de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Asimismo, pide siete años de prisión para el jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo Jorge Guarro y su inhabilitación durante ocho años por considerarlo cómplice de prevaricación y de malversación.

Para los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, la Fiscalía solicita diez años y once años y medio de prisión, respectivamente, mientras que para el responsable de la empresa de la trama Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez "El Bigotes", pide diez años.

A todos los considera autores los delitos de cohecho y de tráfico de influencias para la comisión de un delito de prevaricación y cooperadores de un delito continuado de malversación, aunque a Crespo le atribuye también la cooperación en un delito de falsificación de documento oficial.

El fiscal también reclama entre cuatro y seis años prisión para otros responsables de empresas de la trama Gürtel, como Felisa Isabel Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero.

Según las conclusiones de la Fiscalía, entre 2005 y 2009, la empresa Orange Market, perteneciente a la trama Gürtel, logró la adjudicación de los contratos para la construcción, montaje y desmontaje de los expositores de la Comunitat Valenciana en varias ferias turísticas, a pesar de que sus ofertas eran las más caras. A juicio de la Fiscalía, esta empresa "no solo no habría podido lograr ser adjudicataria de contrato alguno, sino incluso ser admitida como empresa participante en el concurso, por carecer de la necesaria solvencia técnica".

En las conclusiones, el fiscal pide el decomiso del reloj de la marca Hublot que la trama Gürtel regaló a Milagrosa Martínez, cuyo valor asciende a 2.400 euros.

Según la Fiscalía, el importe total facturado a la Generalitat por la trama Gürtel en el desarrollo de "esta irregular actividad contractual" llevada a cabo entre 2005 y 2009 asciende a 5.027.604 euros, mientras que los responsables de la trama obtuvieron unos "ilícitos beneficios" por duplicidades de pago o sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.


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