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Bárcenas recurre su fianza por considerarla "desproporcionada"

La, hasta este lunes, defensa de Bárcenas alude que los 43,2 millones de euros impuestos "suponen a todos los efectos una pretensión de lucro indebida y desmedida" y señala que "es de todo punto improcedente" realizar el cálculo de intereses aplicando el recargo del 25 por ciento de la cantidad defraudada.

Bárcenas deja la Audiencia Nacional en Madrid
Bárcenas deja la Audiencia Nacional en Madrid G3digital

El extesorero del PP, Luis Bárcenas ha recurrido este lunes la imposición por parte del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de una fianza de 43,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil de cara a su posible condena en el "caso Gürtel". Considera que, además de "perjudicial y lesiva" para sus intereses, carece de motivación y sus dimensiones son "totalmente desproporcionadas", superando con mucho los presupuestos exigidos por el Tribunal Constitucional.

Los letrados afirman que no es posible atribuirle el delito de blanqueo, el de cohecho, estafa procesal en grado de tentativa ni falsedad en documento mercantil.

Según ha informado Europa Press, el último escrito de los abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero antes de renunciar a la defensa del extesorero, señala que "es de todo punto improcedente" realizar el cálculo de intereses aplicando el recargo del 25 por ciento de la cantidad defraudada. Los letrados afirman además que no es posible atribuirle el delito de blanqueo, ni tampoco cabe hablar de cohecho, estafa procesal en grado de tentativa ni falsedad en documento mercantil, tal y como sostiene el juez.

"Supone a todos los efectos una pretensión de lucro indebida y desmedida", añade el escrito, que incide en que dicho presupuesto no es de aplicación en el caso de la condena penal según la propia doctrina del Tribunal Supremo.

Subsidiariamente, la defensa del exsenador solicita al juez Ruz que reduzca el importe de la fianza por entender que la suma impuesta es "excesiva y desproporcionada".

Ruz impuso el pasado viernes al extesorero una fianza de 43.250.00 millones de euros en concepto de la responsabilidad civil que pudiera derivarse del procedimiento. El magistrado concedía al exsenador 'popular' un plazo de 10 días para hacer efectiva esta cantidad y le advertía de que, en caso de no abonarla en ese periodo, procederá al embargo de sus bienes.


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