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La Junta pagará la defensa de los altos cargos imputados en los ERE fraudulentos

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado este martes que, de acuerdo con el reglamento de los Servicios Jurídicos de la Junta, los cargos de la administración autonómica que han sido imputados en el caso de las irregularidades de los expedientes de regulación de empleo (ERE) "podrán pedir el servicio o el pago de la defensa".  

El secretario general de los socialistas andaluces, José Antonio Griñán.
El secretario general de los socialistas andaluces, José Antonio Griñán. Agencia EFE

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Miguel Ángel Vázquez ha manifestado que los cargos de la administración autonómica que han sido imputados por la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, aún no han recibido la notificación oficial por parte del juzgado. Algunos de ellos ya han anunciado que recurrirán dicha imputación.

Ha expuesto que ante el hecho de que un alto cargo o funcionario en activo de la administración pida acogerse a la norma vigente, esto es, el Reglamento de los Servicios Jurídicos, la Junta tiene la "obligación de cumplir la ley". Ha expuesto que, de acuerdo con esa normativa, se puede defender o no a esos cargos o se "puede abonar la asistencia letrada privada". Ha indicado que, por norma general, las personas imputadas ocupando cargos en la Junta han buscado una defensa privada.  

Vázquez ha manifestado que, sin duda, estamos en el "mundo al revés", porque desde la semana pasada se conoce que hay un auto donde se imputa a 20 cargos y excargos de la administración autonómica y éstos todavía no han recibido la notificación oficial por parte del juzgado.

"El sistema debería funcionar de otra manera, y la parte afectada debería ser la primera en recibir la información y no enterarse a través de los distintos medios de comunicación", ha indicado el portavoz del Ejecutivo.

Preguntado sobre si la defensa de esos imputados la va a asumir la Junta, Vázquez ha señalado que la administración autonómica va a aplicar "estrictamente" el Reglamento de sus servicios jurídicos, lo que quiere decir que aquellas personas que ocupen un cargo actualmente o funcionarios en activo "podrán pedir el servicio o el pago de la defensa en causas judiciales".  

Ha apuntado que no puede dar más información al respecto porque aún no se sabe cuántos van a recurrir al no haber recibido la notificación oficial del juzgado.

Para el portavoz, ese auto de la juez en el que imputa a 20 cargos y excargos de la Junta es "perfectamente recurrible" y en él se señala a personas que son "honestas, honorables y que han hecho un buen servicio a Andalucía". "Es un auto que parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal", según ha indicado el portavoz del Ejecutivo, quien ha apuntado que la Junta opina, al igual que importantes juristas, que hay cierta "inconsistencia" en el propio auto.    

El portavoz del Ejecutivo: "No hay motivos ni para la imputación de Griñán ni de ningún otro miembro del Consejo de Gobierno".

Preguntado sobre si la Junta como tal va a recurrir el citado auto, ha señalado que la administración autonómica quiere andar con "pies de plomo" y, al igual que va a colaborar estrechamente con la justicia hasta el final, va a hacer públicas sus discrepancias. "La Junta no va a adoptar inicialmente esa posición", ha indicado el portavoz sobre un posible recurso  de la propia administración.  

En cuanto a la petición de la Fiscalía Anticorrupción a la juez Alaya para que fije un "calendario razonable" para las declaraciones de los 20 cargos y ex cargos de la Junta que fueron imputados en su último auto, ha manifestado que ello abunda en la línea que también había planteado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, reclamando "celeridad en la instrucción" de las causas que están en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al frente del cual se encuentra Mercedes Alaya.

Ha indicado que la petición de la Fiscalía Anticorrupción también va en la línea de lo que pide la Junta, esto es, que se vaya deprisa, con rigor y que los culpables paguen cuanto antes y se pueda recuperar la mayor parte del dinero defraudado.

"Nosotros no vamos a avanzar acontecimientos, esperemos a que la justicia actúe y en función de los acontecimientos que ocurran, tomaremos las decisiones pertinentes", Vázquez, quien ha insistido en que el Ejecutivo no va a caer en hacer "juicios apriorísticos ni futuribles".


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