Publicado: 31/03/2014 12:06
La ‘Operación Emperador’ aún no ha terminado. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en el Juzgado Central de Instrucción número 4 un escrito con el que da un nuevo impulso a la investigación sobre la red de la mafia china desmantelada en octubre de 2012. En esta ocasión no se trata de nuevas pesquisas sobre los supuestos personajes VIP que utilizaban la red de Gao Ping para traer dinero desde paraísos fiscales sin declarar, ni tampoco sobre los integrantes de la trama liderada por el empresario de origen asiático. En esta ocasión, el centro de las pesquisas son siete agentes del Cuerpo Nacional de Policía, dos de la Policía local de Fuenlabrada y un guardia civil. Entre los primeros están cuatro altos mandos, tres de ellos comisarios. Uno de estos últimos es el máximo responsable de la seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas, el comisario Carlos Salamanca, y otro es el jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid, el también comisario Ángel Olmedo.. A todos se les acusa de cohecho, prevaricación y revelación de secretos por colaborar presuntamente con la organización delictiva a cambio de favores y dádivas. Hasta ahora, estaban imputados en la causa un inspector y un guardia civil.
El juez Andreu ha pedido apartarse de la causa ya que guarda una estrecha relación de amistad con el comisario Salamanca, uno de los policías señalados por la Fiscalía
La petición de imputación de los agentes, realizada el pasado viernes aunque no ha trascendido hasta este lunes, se produce cuando está a punto de cumplirse un año y medio desde que un macro despliegue policial permitiera la detención de cerca de un centenar de personas presuntamente relacionadas con la mafia china y más de medio año después que se tuviera noticia de las últimas actuaciones judiciales sobre la misma, consistentes en la comparecencia ante la Audiencia Nacional de una docena de empresarios que suspuestamente utilizaron la misma estructura de evasión de capitales que empleaba la red para lavar sus capitales en el extranjero. Desde entonces, la investigación, que dirige el juez Fernando Andreu, parecía estancada. Sin embargo, no era así. Lo que ha hecho ahora la Fiscalía Anticorrupción es dirigir el foco de las pesquisas hacia otra dirección. En este caso, los funcionarios de Policía que supuestamente se relacionaban con integrantes de la trama y les hacían favores a cambio de ciertas prestaciones. En su imputación ha sido pieza clave un informe elaborado por sus compañeros de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), el grupo que ha llevado el peso de buena parte de la 'Operación Emperador'.
Según fuentes de la investigación, se trata de un total de diez miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre los que se encuentran los comisarios Olmedo y Salmanca, así como el número 3 de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la capital, el también comisario Manuel Patricio Rodríguez San Román, y el inspector Federico Sánchez Frutos, exmiembro de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada de Madrid y actualmente en la empresa privada. Se da la circunstancia de que la presencia del responsable de seguridad del aeropuerto de Barajas en la lista de la Fiscalía Anticorrupción ha llevado al magistrado instructor de la causa a pedir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apartarse de la causa ya que tiene una relación de amistad con este. Si sus compañeros del tribunal consideran que es circunstancia puede influirle, el caso pasará al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno.
El inspector y el guardia civil
La influencia de Gao Ping sobre algunos policías era conocida desde hace tiempo, pero no ha sido hasta que la UDYCO ha analizado al detalle toda la documentación incautada en los registros, cuando ha podido concretar qué agentes en concreto supuestamente se beneficiaron de ese trato con la mafia china. Hasta ahora, sólo se conocía la implicación del jefe del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería en Madrid, Miguel Ángel G.G. y de un guardia civil de Tráfico, Pablo J.M.
Un inspector de la misma unidad que los altos mandos ahora investigados recibió "dos cajas de vino" por hacer gestiones para la mujer de Gao Ping
En el caso del primero, la Fiscalía le ha acusado de "facilitar, agilizar y realizar trámites de extranjería [para los miembros de la trama] a cambio de dádivas y recompensas". Las pesquisas han demostrado que el agente tenía una "relación personal y directa" con el máximo líder de la organización, Gao Ping, aunque también mantenía contactos habituales con la mujer de éste, Lizhen Yang, y con Yongping Wu Liu, 'Miguel el Calvo, "con el fin de obtener alguna ventaja o beneficio personal". "A cambio de estos favores --recalca el ministerio público en un escrito--, Miguel Ángel es utilizado por el resto de los investigados".
En una de las conversaciones ‘pinchadas’ y que obran en el sumario, la propia mujer de Gao Ping daba indicaciones a otro miembro de la trama para que entregase "dos cajas de vino" a Yongping y que éste se las regalase al inspector. Cuando su interlocutor le preguntó a Lizhen por qué, ésta le indicó que el agente les iba a ayudar a encontrar a clientes desaparecidos que debía dinero a la trama. El 26 de diciembre de 2011, era el propio Miguel Ángel el que llamaba a la mujer de Gao Ping para anunciarle que se iba a pasar a verla y llevarle los datos que le pidió. La trama apuntó aquel regalo con un gasto más en la contabilidad de una de sus empresas.
Quitar multas de tráfico
En el caso del guardia civil arrestado, Pablo José J.M., los pinchazos telefónicos revelaron que Yongping Wu Liu se puso en contacto con él en febrero de 2012 para conseguir que le quitase una multa que le habían puesto agentes de Tráfico por circular a 170 kilómetros por hora cuando iba camino de Elche. En la conversación, el guardia civil le pidió al presunto mafioso chino que le facilitase todos los datos que aparecían reflejados en la denuncia, entre ellos el número de identificación de sus compañeros y la unidad que le pertenecía, para ponerse en contacto con ellos. "Son 400 euros y 4 puntos", se lamentaba el ciudadano chino en dicha conversación.
El guardia civil de Tráfico imputado intentó quitar una multa por exceso de velocidad a un destacados integrante de la mafia china. El pago: un ordenador portátil
Dos horas después, el agente devolvía la llamada a Yongping Wu Liu para contarle que no le habían cogido el teléfono en el cuartel al que supuestamente pertenecían los compañeros que le multaron. No obstante, le aseguraba que el radar que le había cazado remitía las fotos a un centro de León del Instituto armado y que iba a llamar a un guardia de allí para que se la quitasen. Pablo José aprovechó esa llamada para dar al presunto cabecilla mafioso un consejo para la próxima vez que le pase: "Cuando te paren, di que eres amigo de M. [su apellido]. Mi padre es muy conocido en Madrid también". Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, el integrante del Instituto armado habría pedido a cambio de sus gestiones "un ordenador portátil".
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