Publicado: 15/07/2014 04:00
La 'Operación Edu', la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ha destapado el fraude masivo en los fondos para cursos de formación a parados, ya tiene ocho jueces que la dirijan... y ninguno de ellos es la célebre Mércedes Alaya. La negativa de la Fiscalía Anticorrupción a judicializar el caso en la Audiencia Nacional había obligado a la Policía a 'fraccionar' las pesquisas en cada una de las provincias para que los decanos de las Audiencias provinciales procedieran a su reparto. También en Sevilla, donde la magistrada que dirige el 'caso de los ERE' había dado hace meses pasos que mostraban su deseo de instruir la causa. Sin embargo, en la capital hispalense la misma ha recaído finalmente en un colega suyo, Juan Gutiérrez Casillas, titular del Juzgado de Instrucción número 16, el mismo que dirige otro caso de corrupción que salpica a la Junta de Andalucía: el 'caso Invercaria'. Recientemente ha imputado en este sumario a Juan María González Mejía, sobrino del expresidente Felipe González.
La UDEF temía que la parte sevillana de la 'Operación Edu' terminara en manos de la juez Alaya, que ya sustituyó a este grupo policial por la Guardia Civil en el 'caso de los ERE'
Así lo han confirmado a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que han detallado que la 'Operación Edu', además de en manos del magistrado del 'caso Invercaria', ha quedado asignado a los titulares del juzgados de Instrucción número 8 de Málaga -el primero que se hizo caso del mismo-, del número 8 de Córdoba, del número 4 de Almería, del número 3 de Cádiz, del número 1 de Granada, del número 5 de Huelva y de uno de Jaén que las fuentes consultadas no han podido concretar a este diario al cierre de estas líneas. La totalidad de estos magistrados han dictado como primera medida el secreto de las actuaciones mientras analizan la información aportada por la Policía. No obstante, en Málaga, donde el caso está más avanzado ya que el escándalo se destapó con una adjudicación de 1,5 millones de euros en subvenciones para estos cursos en esta provincia, la semana pasada se produjeron ya cerca de cuarenta detenciones e imputaciones policiales, como adelantó Vozpópuli.
El miedo de la UDEF era que el caso, al menos en su parte sevillana, fuera adjudicado a la juez Alaya, de la que el Cuerpo Nacional de Policía no guarda buenos recuerdos: la magistrada les apartó en su día de la investigación en el 'caso de los ERE' para poner ésta en manos de la Guardia Civil, que es la que aún la lleva actualmente. Una situación que temían que se volviera a producir ahora. De hecho, a mediados del pasado mes de mayo, la juez sevillana solicitó formalmente a la Fiscalía de Málaga los informes de la UDEF sobre la 'Operación Edu'. Su objetivo era estudiar si había conexiones entre estas diligencias con otras investigaciones abiertas por ella para, de este modo, reclamar la causa, que entonces aún no estaba judicializada.
Argumentos para reclamar el caso
Para entonces, la magistrada llevaba ya semanas maniobrando en este sentido, sobre todo desde que un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es con quien trabaja en el 'caso de los ERE', afirmase que su juzgado, el número 6 de Sevilla, era el que llevaba más tiempo investigando un caso de fraude en los cursos de formación para parados en Andalucía. En concreto, desde el año 2009, cuando abrió una pieza separada del célebre caso que instruye y que mantuvo secreta hasta hace sólo unos meses. Su existencia se conoce, de hecho, sólo desde el pasado octubre, cuando la juez ordenó al Instituto armado una operación en toda Andalucía en la que se registraron diversas sedes de la Unión General de Trabajadores (UGT), entre ellas la principal de Sevilla y el archivo que el sindicato tiene en la ciudad de Córdoba.
Los ocho jueces que investigan ahora la 'Operaciòn Edu' han ordenado el secreto de las actuaciones en sus respectivos sumarios. En la pieza de Málaga ya ha habido detenciones
Sin embargo, el informe de la Benemérita no se refiere a la 'Operación Edu', sino a un caso menor de fraude en cursos de formación. En concreto, el que instruye desde agosto de 2012 el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras tras la denuncia de una docente que destapó la existencia de supuestas irregularidades en un curso de auxiliar de geriatría que se impartía en esta localidad. El documento de la Guardia Civil ha tenido un efecto inmediato en este caso, ya que la titular de este juzgado gaditano, que acababa de asumir el puesto tras relevar a su antecesora la pasada Semana Santa, ha pedido ya inhibirse en la causa que instruye en favor de su colega sevillana. No obstante, los representantes de la empresa investigada en este sumario recurrieron dicha inhibición y será la Audiencia Provincial de Cádiz la que decida finalmente si el mismo acaba en manos de Alaya.
Por ello, la designación del juez Gutiérrez Casillas ha sido bien recibida en el seno de la UDEF, sobre todo porque este magistrado lleva tiempo trabajando con esta unidad policial en el caso Invercaria, que investiga las supuestas irregularidades en la polémica empresa de capital riesgo de la Junta que da nombre a la causa. Precisamente, ha sido un informe de la Brigada de Blanqueo de este grupo el que ha llevado al magistrado a imputar hace sólo unos días al sobrino del que fuera primer presidente socialista de la democracia. El documento policial concluía que Juan María González, que supuestamente ocupó el puesto de director de Promoción de Invercaria, era en realidad un "trabajador fantasma o intruso", algo que él niega. Por ello, el familiar de Felipe González deberá comparecer en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla el próximo 20 de octubre acusado de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad. Para entonces, la 'Operaciòn Edu' sevillana llevará cuatro meses en manos del colega de Mercedes Alaya... muy a pesar de ella.
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