FRAUDE EN LOS CURSOS PARA PARADOS DE LA JUNTA

Cifras récord en el 'caso Edu': UDEF interroga ahora a 450 profesores tras hacerlo a 3.000 alumnos

La Policía continúa con la segunda fase de la investigación sobre el fraude en los cursos para parados de la Junta, ahora con la toma de declaración de cientos de docentes. Investiga a 200 empresas de formación por un fraude de 25 millones de euros.

Una oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la ciudad de Córdoba.
Una oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la ciudad de Córdoba. cedida por CORDÓPOLIS

La segunda fase de la 'Operación Edu' sigue batiendo récords. Después de interrogar en las últimas semanas a cerca de 3.000 alumnos de las siete convocatorias de cursos para parados de la Junta de Andalucía bajo sospecha de haber sido utilizados para defraudar cerca de 25 millones de euros, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comienzan este lunes a tomar declaración a cerca de 450 docentesde los mismos, según han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación. Con sus testimonios, los responsables de la misma esperan afianzar los indicios de irregularidades recogidos hasta ahora y que apuntan a que en cerca del 90% de estas enseñanzas hubo fraude.

Las declaraciones de los docentes se realizan días después de que terminaran las de 3.000 alumnos que ya apuntan a la existencia de fraude en el 90% de los cursos

Los interrogatorios se desarrollarán en esta nueva fase en seis provincias andaluzas en relación con otras tantas convocatorias que implican a 200 empresas. Sólo en Sevilla y Huelva no se tomará declaración por ahora a profesores ya que allí las pesquisas van más retrasadas tras tener que superar algunos obstáculos y aún no se ha terminado de interrogar a los alumnos, según detallan las fuentes consultadas. Si todos estos testimonios y la documentación incautada confirman las sospechas, la UDEF pedirá a los juzgados que instruyen las causas en cada una de las provincias las órdenes de detención de los responsables y administradores de las empresas presuntamente implicadas. Un paso, sin embargo, que no se espera que se produzca hasta después de Navidades.

En la primera fase de la ‘Operación Edu’, desarrollada en abril sólo en la provincia de Málaga y sobre 17 empresas acusadas de malversar 1,5 millones de euros, los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF tomaron declaración a 215 alumnos. Semanas después, fueron citados en comisaría 34 profesores de esos cursos. Los testimonios de ambos grupos permitieron confirmar las sospechas que arrojaba la documentación ya intervenida, por lo que a mediados de julio la Policía detuvo a 42 empresariospor las supuestas irregularidades cometidas en estos cursos. Ahora, los responsables de la investigación pretenden repetir el mismo esquema de actuación.

Colaboración ciudadana

Las pesquisas han dado pasos de gigante en los últimos meses gracias, en parte, a la colaboración ciudadana. Fuentes cercanas a la investigación aseguran a este diario que numerosos alumnos y profesores de cursos han acudido a comisarías y juzgados a denunciar irregularidades de las que habían sido víctimas tras conocer por la prensa la existencia del fraude. Además, la Junta de Andalucía ha cambiado su actitud ante las investigaciones. Así, el Gobierno de Susana Díazha pasado de negar las irregularidades y denunciarlas como un montaje de Madrid tras destaparlas Vozpópuli el pasado mes de abril, a dar instrucciones a las delegaciones provinciales de las que dependían los cursos para que presten la máxima colaboración a la Policía. Incluso, ha iniciado sus propias pesquisas.

En la única adjudicación sobre estos cursos investigada hasta ahora en profundidad, la de Málaga, que dio pie a las 42 detenciones, los agentes encontraron incumplimientos de ley de manera "sistemática", según reflejaban los informes policiales. En concreto, la UDEF localizó hasta siete tipos de irregularidades graves. Así, algunas empresas habían cometido falsedad en la documentación que habían presentado junto a las solicitudes para acceder a las ayudas con el fin de simular la experiencia en formación que se exigía en la convocatoria.

Las siete trampas

En otras ocasiones aparecieronfacturas falsas con las que algunas empresas investigadas justificaron gastos no realizados, que iban desde nóminas de algunos docentes hasta la "contratación o subcontratación de ciertos servicios". De hecho, "un altísimo porcentaje" de los propietarios de las empresas se declararon a su vez monitores o tutores de los mismos, cuando no lo eran "familiares directos". También hubo falsedad en la adjudicación de contratos de las subcontrataciones declaradas ya que, pese a superaban los 12.000 euros, no se hicieron con la obligatoria concurrencia deal menos tres presupuestos. En otros casos, las otras dos ofertas eran realizadas por personas o empresas del entorno familiar del empresario.

La segunda fase de la 'Operación Edu' investiga a 200 empresas a las que la Junta adjudicó cursos en siete provincias andaluzas por un importe total de 25 millones de euros

También se detectaron falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos e, incluso, se dieron casos de suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza "con el fin de inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia". La UDEF también descubrió que "en casi la totalidad de los expedientes se incumplía sistemáticamente el compromiso de contratación exigido en estos cursos" por ley. Para ello, se cometían una serie de irregularidades que iban desde la contratación por periodos inferiores a los 6 meses contemplados hasta presentar contratos en sectores que no tenían nada que ver con la materia impartida en el curso o simular otros en empresas vinculadas a los administradores. En otros casos el fraude fue más allá y a los parados se les dió "de alta en contratos simulados a cambio de pasar posteriormente a la percepción de alguna prestación por desempleo".

Por último, los agentes detectaron falsedad en el cumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones posteriores a la realización del curso, ya que la mayoría de las empresas adjudicatarias no presentaron la documentación requerida "para la liquidación y justificación". Además, cuando sí se hizo, estos papeles se entregaban "después de varios requerimientos por parte de la Junta y en el último día de la ampliación del plazo concedido". De hecho, la Policía duda de la veracidad de parte de estos documentos. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que las irregularidades detectadas en lo que se lleva de segunda fase de la 'Operación Edu' son idénticas a todas éstas.


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