SEGUNDA FASE DE LA OPERACIÓN POLICIAL

El 'caso Edu' también salpica al PP: cae un edil que se embolsó 60.750 € con un curso de pinche para parados

Por segundo día consecutivo, la UDEF continúa con la macrorredada por el fraude masivo en fondos para la formación. Este miércoles han sido arrestados un concejal 'popular' de Rincón de la Victoria (Málaga), otro del PSOE de Vícar (Almería) y un sacerdote.

Juan Manuel Moreno junto a Mariano Rajoy, el pasado 1 de marzo en Sevilla.
Juan Manuel Moreno junto a Mariano Rajoy, el pasado 1 de marzo en Sevilla. EFE

Suma y sigue. La segunda fase de la 'Operación Edu', bautizada en esta ocasión como 'Edu Costa', continúa con nuevos detenidos que sumar a los 16 arrestos realizados ayer. Entre los que han sido citados este miércoles para que acudan acompañados de abogados a comisaría a declarar se encuentran, de nuevo, varios cargos públicos. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en la primera jornada de la macrorredada, en la que el PSOE fue el único partido salpicado, en esta ocasión el escándalo por el fraude en los cursos de formación también alcanza al PP. Lo hace en la persona de Manuel Sánchez Roldán, concejal, precisamente, de Fomento del Empleo en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía le acusa de embolsarse 60.750 euros por impartir un curso de ayudante de cocina para parados repletos de irregularidades. Junto a él, también han caído un edil socialista de Vícar (Almería) y el sacerdote que dirigía un colegio religioso en Jerez de la Frontera (Cádiz). La operación por ahora se limita a estas tres provincias a la espera de extenderla al resto de Andalucía en las próximas semanas.

La UDEF ha detectado numerosas irregularidades en el curso de ayudante de cocina impartido por la empresa del edil del PP, entre ellas el sueldo de 5.000 euros que se puso el político

En el caso del concejal del PP, las sospechas se centran en la adjudicación que recibió en noviembre de 2010 por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía para "acciones de formación profesional para el empleo con compromiso de contratación" consistente en un curso de ayundante de cocina. Fueron 60.750 euros que cobró a través de la empresa Turísticas del Rincón SL, una mercantil en la que fue administrador único hasta septiembre de 2012, cuando dicho cargo lo pasó a ocupar su hijo, también arrestado este miércoles. En el registro mercantil figura como objeto social de la misma la "explotación de restaurantes, bares, salas de fiesta, hoteles, moteles y demás establecimientos hosteleros".

Según las investigaciones, las irregularidades en el curso impartido por la empresa del concejal 'popular' fueron muy numerosas. Así, subcontrató gran parte del mismo con otra mercantil, el Grupo Alce, también de Málaga y que se vio implicada en la primera fase de la 'Operación Edu' culminada el pasado verano. Además las pesquisas han detectado que Turísticas del Rincón SL infló supuestamente las facturas de los alquileres y que no adquirió el material necesario para impartir las enseñanzas de 'pinche' aunque sí lo cargó a la Junta. Además, los agentes han podido comprobar que las instalaciones donde supuestamente tuvo lugar el curso no reunían las condiciones mínimas y que el concejal se puso como retribución nada menos que 5.000 euros pese a no constar que hiciera ninguna labor durante el mismo.

Según el currículo de Manuel Sánchez que figura en la web del consistorio, el ahora detenido es afiliado al PP desde el año 1991 y ocupa un puesto en el comité ejecutivo del partido desde 2007. Su acceso al cargo público no se produjo hasta marzo de 2013, cuando un edil del equipo de gobierno 'popular' tuvo que dimitir tras comparar en la red social Facebook al PSOE con ETA. Rincón de la Victoria es, de hecho, uno de los feudos del partido conservador en la provincia de Málaga y, por extensión, de su líder regional, Juan Manuel Moreno Bonilla. De hecho, el alcalde de la localidad, José Francisco Salado, forma parte del núcleo duro de su ejecutiva.

El concejal socialista de Vícar

La segunda jornada de la macrorredada también ha afectado al PSOE, que ya el martes vio cómo eran arrestados dos de sus miembros: la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y el concejal de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega Paniagua. En esta ocasión ha caído uno de sus edíles de la localidad almeriense de Vícar. Se trata, en concreto, de José Luis Leseduarte Carretero, al que las pesquisas relacionan con el Centro de Formación Índalo SL. Ésta empresa resultó beneficiada en enero de 2011 de una subvención de 129.611,50 euros por dar cursos a personas empleadas en pequeñas y medianas empresas y a autónomos. Leseduarte Carretero es en la actualidad el responsable de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad del municipio, que gobierna el PSOE con mayoría absoluta. En la página web del consistorio se destaca que su profesión es la de profesor de educación vial y que dirige un centro de formación en extinción de incendios y de transporte de mercancías peligrosas. La mercantil bajo sospecha tiene por objeto social, precisamente, "actividades de las escuelas de conducción y pilotaje".

El colegio religioso de Jerez es investigado por una subvención de 23.100 euros, aunque la Policía ha detectado otras adjudicaciones sospechosa al mismo

Entre la veintena de personas arrestadas este miércoles (en total, la Policía calcula que en las tres provincias donde se desarrolla la 'Operación Edu Costa' caerán cerca de un centenar de empresarios), también se encuentra un sacerdote. Se trata de D.A.M., director del Colegio Sagrado Corazón de Jerez de la Frontera. Junto a él, ha sido arrestado el coordinador del curso, D.M.. La UDEF investiga, en concreto, la adjudicación a este centro educativo de una subvención de 23.100 euros en diciembre de 2010, aunque el mismo aparece también como beneficiario de otras ayudas mucho más elevadas en otras resoluciones del Ejecutivo andaluz aún no investigadas. De hecho, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó ese mismo año otra adjudicación para el mismo centro de más de 650.000 euros.

Fuentes judiciales destacan la "meticulosa, ardua y sistemática" labor policial que ha desembocado en las detenciones de los últimos días. Para llegar a ellas, los responsables de las pesquisas han seguido como método de trabajo "de abajo hacia arriba", que ha incluido la toma de declaración como testigos durante los meses previos de cerca de 4.000 personas, entre alumnos de los cursos y los docentes que los impartieron. Para ello, destacan las fuentes consultadas, han sido claves los equipos conjuntos de trabajo integrados por agentes de la UDEF desplazados desde Madrid y de los Grupos de Delincuencia Económica de las ocho provincias andaluzas, implicados desde el principio en una operación que dura ya cerca de dos años.   

MANUEL SÁNCHEZ ANUNCIA SU DIMISIÓN

El concejal popular, tras prestar su declaración en el marco de la investigación de la 'Operación Edu', ha anunciado que dimitirá este jueves. En un comunicado, Manuel Sánchez ha explicado que entregará su acta de concejal el jueves con el objetivo de evitar "el deterioro y el desgaste de su imagen pública, la de su familia, la de su empresa y la de la institución y partido al que representa, así como facilitar su defensa".

Asimismo, Sánchez ha señalado que solicitará la suspensión de militancia del partido, convencido de su inocencia, hasta que los juzgados aclaren todos los hechos. El concejal, encargado del empleo y la formación en el municipio- y de Protección Civil, ha indicado que los hechos que se investigan son del año 2010, fecha en la que no ostentaba ningún cargo público, y en su caso recibió una subvención para impartir un curso de ayudante de cocina.

Según el edil, en su declaración de este miércoles ha quedado acreditado que el curso se impartió "con normalidad" y que el expediente del mismo fue aprobado por la Junta de Andalucía.

Sánchez tiene en su haber una resolución de la administración autonómica aprobando la liquidación definitiva a su favor de la acción formativa que llevó a cabo, y que asciende a 5.734,93 euros. Este documento ha sido entregado durante su declaración a la Policía, ya que no constaba en las diligencias de investigación por tener fecha muy reciente, relativa el 26 de enero del 2015, y el edil está convencido de que si las autoridades lo hubiesen tenido no había sido citado a declarar ni estaría inmerso en esta causa.


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