EL FRAUDE MASIVO EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN

La UDEF culmina la Operación Edu Costa con 87 detenidos... y hará más arrestos en las próximas semanas

La Policía ha dado por terminada este viernes la toma de declaración de los implicados por el cobro irregular de 4,9 millones en subvenciones de la Junta para impartir cursos para parados en Cádiz, Almería y Málaga. El operativo se extenderá en breve a las otras cinco provincias andaluzas.

Agentes de UDEF, tras registro de la Operación Oscar, 'hija' surgida de la Operación Edu.
Agentes de UDEF, tras registro de la Operación Oscar, 'hija' surgida de la Operación Edu. EFE

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha dado este viernes por concluida la 'Operación Edu Costa' tras la detención y toma de declaración de todos los presuntos implicados en el fraude de 4,9 millones de euros destinados a la formación para desempleados en las provincias de Cádiz, Almería y Málaga. En total, 87 personas, todas ellas relacionadas con las 46 empresas que impartieron en estas tres provincias los cursos para parados financiados por la Junta de Andalucía bajo sospecha, han pasado en los últimos once días por comisaría, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por VozpópuliLos últimos, este mismo viernes por la mañana. Todos han quedado en libertad con cargos. Estos arrestos se suman a los 42 que ya hizo la UDEF en la primera fase de la operación, desarrollada el pasado mes de julio en Málaga. No obstante, las fuentes consultadas recalcan que las detenciones se extenderán en las próximas semanas a las otras cinco provincias andaluzas.

Entre los 86 detenidos, hay varios cargos públicos del PSOE y uno del PP. Además, la UDEF salió de Andalucía para realizar tres arrestos en Madrid

Esta segunda fase del dispositivo se inició el martes de la semana pasada. Ese día, agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF desplazados desde Madrid con la colaboración de los integrantes de los Grupos de Delincuencia Económica provinciales detuvieron a 16 personas por su presunta relación con los cursos bajo sospecha. Entre aquellos primeros detenidos se encontraban destacados miembros del PSOE en Andalucía, como la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez, y un concejal de la localidad almeriense de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega Paniagua. La investigación sobre la primera se debió a la adjudicación en diciembre de 2010 de una subvención de 142.695 euros a Mercajerez SA para impartir un curso de formación profesional ocupacional. En aquel momento, Pilar Sánchez era la regidora del consistorio y, por tanto, figuraba entre los directivos de esta empresa municipal. En el caso del concejal del municipio almeriense, las pesquisas se centraron en su relación con tres mercantiles, Ormar Informatic SL, Inmecamar SL y Academia Infosol SL, gracias a las cuales se embolsó supuestamente de modo irregular 581.620,50 euros.

En los siguientes días siguieron cayendo políticos. Así, el 11 de febrero fueron arrestados un concejal del PP y otro del PSOE. El primero era  Manuel Sánchez Roldán, edil ‘popular’ de Fomento del Empleo en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria. La UDEF le acusa de embolsarse 60.750 euros por impartir un curso de ayudante de cocina para parados repleto de irregularidades con una empresa de su propiedad, Turísticas del Rincón SL. El edil socialista era José Luis Leseduarte Carretero, responsable de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en el municipio de Vícar (Almería) y al que la investigación vincula con el Centro de Formación Índalo SL, que resultó beneficiada en enero de 2011 de una subvención de 129.611,50 euros. Al día siguiente cayó Julio Delgado Macías, concejal del PSOE en el Ayuntamiento gaditano de Arcos de la Frontera y que figuraba relacionado con la empresa Delta Asesores Multiservicios SL, que recibió de la Junta una subvención de 157.830 euros en una adjudicación de diciembre 2010.

Detenciones en otras provincias y fuera de Andalucía

No obstante, aunque las adjudicaciones investigadas se referían únicamente a Málaga, Cádiz y Almería, la UDEF también ha realizado detenciones fuera de éstas provincias. Así, el 12 de febrero, los agentes arrestaban en Granada a diez empresarios. Se trataba de personas relacionadas con cinco empresas que consiguieron miles de euros de la Junta de Andalucía en adjudicaciones de Almería. Entre ellos destacaban dos hermanos cuyos apellidos responden a las iniciales P.C. y María Teresa S.S. propietaria esta última de varias mercantiles consideradas por los investigadores como auténticas sociedades 'cazasubvenciones'. Los tres ya habían sido arrestados en la primera fase del dispositivo. También el 12 de febrero era detenido en Córdoba el responsable de una empresa investigada en Málaga: Grupo Art Tecnology SL. Ésta mercantil percibió una subvención de 79.950 euros. Cinco días después, el dispositivo policial incluso abandonaba la comunidad autónoma para desplazarse a Madrid y arrestar a tres empresarios relacionados con la mercantil Sicma Andalucía SL, una sociedad investigada, en concreto, por una adjudicación de enero de 2012 por el que recibió 61.875 euros en la provincia de Almería.

En breve, la operación se extenderá a las otras cinco provincias andaluza, donde se investiga ya a 131 empresas por un fraude de 12,6 millones

Por provincias, Cádiz es la que ha acumulado mayor actividad policial estos días. Era también la que concentraba mayor número de empresas y mayor cantidad de dinero presuntamente defraudado. En total, 20 mercantiles, sospechosas de estar implicadas en la recepción irregular de 2.384.184,75 euros repartidos en una adjudicación del 14 de enero de 2011. En Almería, las empresas investigadas han sido 16 empresas, que recibieron 1.816.848,25 euros en ayudas. En esta provincia, la UDEF no ha investigado una única adjudicación, como en Cádiz, sino varias. En concreto, dos resoluciones del 26 de enero de 2011, otra del 21 de enero de 2010, así como a dos compañías que figuran como agraciadas en otras dos adjudicaciones de 2012. Finalmente, en Málaga, la provincia donde se desarrolló la primera fase de la 'Operación Edu’, es la que en esta ocasión aporta menor número de sociedades a la causa. En concreto, diez, que recibieron un total de 703.650 euros en una resolución del 4 de noviembre de 2010. Otras 20 compañías que resultaron beneficiadas en la misma quedaron fuera de las pesquisas.

Sin embargo, la ‘Operación Edu’ no acaba aquí. Está previsto que en las próximas semanas se realicen operativos similares en el resto de las provincias andaluzas. En estás, las mercantiles bajo sospechas son 131, que recibieron 12.596.400,20 euros en subvenciones ahora bajo sospecha. De todas ellas, 31 corresponde a Córdoba. Le siguen, por número, Sevilla y Huelva, con 26 cada una, mientras que en Jaén y Granada, serán 24 en cada una. Una de la de esta última provincia ya ha sido investigada en Almería estos días. Por cantidad de fondos públicos supuestamente defraudados, el ranking de estas cinco provincias lo encabeza Huelva, con 2.849.159,75 euros. Le sigue, a muy corta distancia, Sevilla, con 2.831.862,75 euros, y Jaén, con 2.726.913. También por encima de los dos millones de euros se sitúa Córdoba (2.319.911 euros). Por debajo, Granada, con 1.868.555,25 euros.


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