SEGUNDA FASE DE LA 'OPERACIÓN EDU' EN ANDALUCÍA

Detenidos una exalcaldesa y un edil del PSOE en otra macrorredada de UDEF contra el fraude en Andalucía

La Policía arresta a la anterior regidora de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, y a un concejal del partido en la localidad almeriense de Roquetas de Mar en un dispositivo que se desarrolla en Almería, Cádiz y Málaga. Está previsto que a lo largo del día caiga un veintena de empresarios implicados en irregularidades en los cursos de formación de la Junta, aunque la cifra aumentará en los próximos días a cerca de un centenar. 

La exalcaldesa de Jeréz, durante la vista del juicio en el que fue recientemente condenada.
La exalcaldesa de Jeréz, durante la vista del juicio en el que fue recientemente condenada. EFE

La decisión de Susana Díaz de adelantar las elecciones ha hecho que la segunda fase de la Operación Edu (denominada Edu Costa) le estalle en plena precampaña electoral. Desde primera hora de la mañana de este martes, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están procediendo a detener a una veintena de empresarios a los que han citado previamente en comisaria por su presunta implicación en el fraude masivo de los cursos para parados financiados con dinero público destapado por Vozpópuli en abril del año pasado. El número de arrestados se acercará al centenar en los próximos días.

Entre los detenidos este martes se encuentran destacados miembros del PSOE en esta comunidad, como la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez, y un concejal del mismo partido en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, según fuentes cercanas a la investigación. El dispositivo policial se desarrolla por ahora únicamente en las provincias de Almería, Cádiz y Málaga, y tardará varios días en completarse. La actuación en Córdoba, Huelva, Jaén, Granada y Sevilla se demorará aún varias semanas dado lo complejo y amplio de esta fase de la investigación, que incluye 177 mercantiles y un fraude de 17,5 millones de euros. En la primera etapa de la operación, desarrollada sólo en Málaga en julio del año pasado, ya fueron detenidas 42 personas.

La exalcaldesa de Jérez acumula problemas con la Justicia. Acaba de ser condenada a dos años de cárcel y le piden otros siete años en una nueva causa de corrupción

La investigación sobre la exalcaldesa de Jerez, que también ocupó un alto cargo en la Consejería de Educación de la Junta tras abandonar el consistorio, se centra en la adjudicación en diciembre de 2010 de una subvención de 142.695 euros a Mercajerez SA para impartir un curso de formación profesional ocupacional. En aquel momento, Pilar Sánchez era la primera edil y, por tanto, figuraba entre los directivos de esta empresa municipal. No es la primera vez que este dirigente socialista tiene problemas con la Justicia. De hecho, durante el pasado año ya ha tenido que enfrentarse a dos juicios. En el primero, fue absuelta de la supuesta contratación irregular de cinco personas en el Ayuntamiento. Del segundo no salió tan bien parada y fue condenada en primera instancia a dos años de prisión por pagar nóminas en el Consistorio jerezano con fondos del Plan E. Desde el mismo día que se conoció esta sentencia, la exalcaldesa se dio de baja en el PSOE y dimitió de su puesto en la Junta. Actualmente se sienta en el banquillo por tercera vez, en esta ocasión acusada de tramitar una subvención supuestamente irregular para que una empresa sevillana se instalara en un parque tecnológico de la ciudad gaditana. La Fiscalía pide para ella siete años de prisión.

La alcaldesa había sido llamada a declarar con abogado a la comisaría de la localidad gaditana. Una vez allí, los agentes de la UDEF han procedido a detenerla para tomarle declaración inmediatamente después. Al término de su testimonio ha quedado en libertad con cargos a la espera de que la llame el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que dirige las pesquisas. La antigua regidora ha explicado a la agencia Efe que ha declarado durante "ocho minutos" y, ante las acusaciones, ha aprovechado para argumentar que "Mercajerez es una sociedad mixta, cincuenta por ciento privada y cincuenta por ciento municipal. La presidencia la ejerce el alcalde o alcaldesa de la ciudad pero las competencias las desarrolla y ejerce la gerencia y la vicepresidencia".Sánchez no es la única que ha tenido que acudir este martes a dependencias policiales de esta provincia. De hecho, en Cádiz los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF investigan a 21 empresas, incluida Mercajerez SA, por un supuesto fraude de 2,38 millones de euros. Entre estas figuran varias empresas de formación, dos peluquerías, otros tantos particulares y un centro educativo.

Los concejales de Almería

En la provincia de Almería, la segunda de las provincias andaluzas donde la UDEF está actuando este martes, la investigación abarca a tres adjudicaciones que afectan a 16 mercantiles y a un total de 1,86 millones de euros en subvenciones. Entre los responsables de estas empresas bajo sospecha figura, al menos, otro miembro del partido socialista. Se trata del concejal de Roquetas de Mar y líder del partido en este municipio, Juan Fernando Ortega Paniagua, vinculado con tres de las mercantiles investigadas. Está acusado de embolsarse en dichas convocatorias de un modo supuestamente irregular un total de 581.620,50 euros por dar cursos para la “mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo” y “para personas ocupadas en pequeñas y medianas empresas, empresas de economía social y autónomos”. 

El concejal y líder del PSOE en Roquetas de Mar figura como propietario de tres empresas bajo sospecha de haberse embolsado de modo irregular más de 580.000 euros por dar cursos de formación

Una de sus empresas bajo sospecha es Ormar Informatic SL, cuyo objeto social es la explotación de contratos de franquicias de centros de enseñanza, la compraventa de máquinas de oficina y la fabricación de materiales de construcción, entre otras actividades. Hasta diciembre de 2010, figuraban como administradores el propio Juan Fernando Ortega y su hija. A partir de esa fecha, el primero cedió el cargo a ésta. Ormar Informatic SL recibió dos subvenciones en las adjudicaciones investigadas. La primera, en enero de 2010, de 68.154 euros. La segunda, un año después, de 145.350 euros. Y todo ello pese a que, según los datos recopilados por la UDEF, esta sociedad nunca ha tenido trabajadores. La segunda empresa es Inmecamar SL, que comparte con la anterior tanto dirección como objeto social. En ésta figuran como administradores el propio Juan Fernando Ortega y su mujer. En las dos adjudicaciones por las que se investiga a esta mercantil, recibió 64.239 euros y 147.375 euros. La tercera sociedad del líder local del PSOE es la Academia Infosol SL, también a nombre de él y su esposa. En 2011 recibió una subvención de 156.502,50 euros. Fuentes cercanas a la investigación apuntan que tanto su mujer como su hija figuran también entre los detenidos.

Málaga y miles de interrogatorios

La última provincia donde se han producido arrestos este martes ha sido Málaga, aunque en un número mucho menor que en Cádiz y Almería. De hecho, en esta provincia, que fue donde se inició la 'Operación Edu' y donde ya se destapó el año pasado un fraude de 1,5 millones de euros con 17 empresas implicadas, las pesquisas se han centrado en esta ocasión en sólo nueve empresas de las 30 que recibieron subvenciones en la adjudicación de noviembre de 2010 investigada. En total, se investigan supuestas irregularidades que costaron a las arcas públicas 703.650 euros.

En los últimos meses, la Policía ha interrogado a 3.500 alumnos y 450 docentes por los cursos impartidos por 177 empresas que recibieron 17,5 millones en subvenciones

Hasta llegar a las detenciones de este martes, los agentes de la UDEF han interrogado en las últimas semanas a cerca de 3.500 alumnos de las convocatorias de cursos para parados de la Junta de Andalucía bajo sospecha así como a cerca de 450 docentes, según ha publicado en exclusiva Vozpópuli en los últimos meses. Gracias a sus testimonios, los responsables de la misma han recogido abundantes indicios sobre irregularidades en cerca del 90% de los cursos para parados investigados.

Las pesquisas han dado pasos de gigante en los últimos meses gracias, en parte, a la colaboración ciudadana. Fuentes cercanas a la investigación aseguran a este diario que numerosos alumnos y profesores de cursos han acudido a comisarías y juzgados a denunciar irregularidades de las que habían sido víctimas tras conocer por la prensa la existencia del fraude. Por su parte, la Junta de Andalucía ha cambiado su actitud ante las investigaciones. Así, el Gobierno de Susana Díaz ha pasado de negar las irregularidades y denunciarlas como un montaje de Madrid tras destaparlas en exclusiva Vozpópuli el pasado mes de abril, a dar instrucciones a las delegaciones provinciales de las que dependían los cursos para que presten la máxima colaboración a la Policía. Incluso, ha iniciado sus propias pesquisas. Sin embargo, hace sólo unas semanas, la UDEF tuvo que rescatar ocho informes, uno por provincia, que habían realizado la Intervención General de Andalucía, un órgano fiscalizador dependiente del gobierno autonómico, sobre dichos cursos para incorporarlos a los sumarios. Dichos documentos confirmaban el fraude masivo en formación.

EL ANTECEDENTE DE VELEZ-MÁLAGA

La exalcaldesa de Jerez y el concejal de Roquetas no son los primeros miembros del PSOE detenidos dentro de la 'Operación Edu'. El pasado mes de julio, durante la primera fase de la investigación, ya fue arrestado un dirigente del partido en la localidad de Velez-Málaga, Pablo Viedma Hurtado, propietario de una empresa de formación que presumía de conseguir adjudicaciones para impartir cursos para parados gracias a su "amistad" con miembros del Gobierno andaluz. Viedma apareció en las pesquisas como propietario de la Asociación Axarquía de Formación y Empleo, dedicada a impartir cursos de hostelería. Durante la investigación, la Policía recogió declaraciones de testigos que aseguran que el militante socialista (así se presenta él mismo en el vídeo de una entrevista en una televisión local colgado en Internet) manifestaba abiertamente tener "una gran amistad" con miembros del Gobierno autonómico. Uno de los docentes incluso concretó a los agentes que la persona con la que supuestamente tenía "relación" el empresario era, en realidad, un consejero de Empleo y que gracias a ello "le habían concedido una gran cantidad de cursos".

La Policía dio plena credibilidad a esta manifestación. En primer lugar, porque fue respaldada también por las palabras de uno de los alumnos. Y en segundo, porque al investigar las subvenciones recibidas por la Asociación Axarquía y otras empresas del entorno familiar del empresario, descubrió que éstas "han cobrado prácticamente todos los años subvenciones públicas, más de 500.000 euros" en el periodo 2010-2012. De hecho, en su informe, los agentes detallaban que en ese periodo en el que el dinero público llegó en grandes cantidades al bolsillo del militantes socialista hubo dos políticos del PSOE en dicha consejería: Antonio Fernández, entre 2009 y 2010 y su sucesor, Manuel Recio, que se mantuvo hasta 2012. El primero está imputado en el 'caso de los ERE' que dirige la juez de Sevilla, Mercedes Alaya, e, incluso, ingresó en prisión por ello, de la que salió tras pagar una elevada fianza. Recio fue 'preimputado' en la misma causa el pasado mes de abril.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba