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'Operación Edu': la Junta puntuó con 'notable' a empresas del fraude de los cursos para parados

Imagen de archivo de una de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Con un 'notable'. Así puntuó la Junta de Andalucía a AF Salamar SL, una de las empresas investigadas por el supuesto fraude en la formación a parados y cuyo responsable se encuentra entre los detenidos este martes por la Policía en la 'Operación Edu', según fuentes cercanas a la investigación. Un documento oficial firmado por uno de los técnicos del Gobierno andaluz refleja que esta empresa fue evaluada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tras impartir en 2011 el curso para desempleados bajo sospecha y recibió "un 4 sobre 5" en su gestión, según destaca el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al que ha tenido acceso este diario. El mismo documento policial detalla, sin embargo, que durante dichas enseñanzas se registraron en realidad numerosas irregularidades pese a lo cual la empresa recibió una subvención de 102.090 euros.

La Policía destaca que el funcionario de la Junta que evaluó la empresa "pudiera mantener relaciones de amistad o confianza" con algunos de los empresarios investigados 

El dato se conoce horas después de que la Policía detuviera o llamara a declarar a comisaría a una docena de empresarios relacionados con el supuesto fraude millonario en subvenciones en la formación a desempleados, a los que se sumarán en los próximos días una treintena de personas más que serán citados como imputados, como adelantó ayer en exclusiva Vozpópuli. Todos ellos están relacionados con las 17 empresas bajo sospecha de cobrar presuntamente de modo irregular 1,52 millones de euros por impartir enseñanzas para desempleados en diciembre de 2010 en la provincia de Málaga, un fraude que investiga la UDEF desde hace año y medio, y que ya se ha extendido a las otras siete provincias andaluzas.

El detalle de la alta puntuación al curso confirma las sospechas policiales sobre la supuesta dejadez de funciones de la Junta de Andalucía en el control de las mismas. De hecho, la Policía ya había constatado que el Servicio Andaluz de Empleo, de quien dependieron dichos cursos hasta que en abril de 2013 pasaron a la Consejería de Educación, no realizó las inspecciones pertinentes para evitar el fraude. Además, la propia Cámara de Cuentas autonómica reveló en un reciente informe sobre el dinero destinado a estas enseñanzas que los mecanismos de control sólo se realizaron en un 10% de los cursos impartidos en la provincia de Sevilla y en un 30% de los de Málaga.

Los agentes de la UDEF detallan en sus informes hasta siete supuestas irregularidades cometidas por diferentes órganos de la Junta de Andalucía por ello y menciona con nombres y apellidos a cinco cargos de la misma, entre ellos el técnico que puntuó dicho curso, Javier T.M.. De éste útlimo, la Policía destaca que "pudiera mantener relaciones de amistad o confianza con alguno de los administradores de las empresas beneficiarias y que esto pudiera haber influido en la tramitación de los expedientes". El documento señala que fue el responsable de inspeccionar al menos tres adjudicaciones, entre las que destaca la de la empresa AF Salamar, la única de las sociedades con la resolución terminada "pese a las irregularidades detectadas".

Quince alumnos, ningún contrato

Según detalla el informe policial que propició las detenciones de ayer, AF Salamar presentó el 2 de noviembre de 2010, poco más de un mes antes de que se le adjudicara la subvención bajo sospecha, una solicitud en la que se proponía para realizar tres cursos de formación para parados. En concreto, uno de cocina, uno de servicio de restaurante y un tercero de atención en bar. Finalmente, la Junta sólo le concedió el primero que supuestamente impartió a quince alumnos, de los que sólo 11 lo terminaron. El curso, como todos los de la subvención de diciembre de 2010 de Málaga investigados, tenía un compromiso de contratación de, al menos, un 60% de los asistentes, por lo que nueve de ellos deberían haber firmado un contrato de trabajo. Sin embargo, nada de ello se cumplió.

La UDEF recoge en su último informe su sospecha de que algunos certificados utilizados por la empresa como justificantes para poder cobrar la subvención "pudieran haber sido falsificados" 

Así, la UDEF destaca, según la documentación que en su día entregó la empresa, que uno de estos desempleados ingresó en una escuela de hostelería ajena al curso; otros dos aparentemente no superaron "el periodo de prueba" donde supuestamente fueron colocados --uno trabajó 61 días y otro sólo 13--, y otros diez alumnos supuestamente rechazaron las ofertas de trabajo que les ofrecieron desde AF Salamar. De estos últimos, cinco fueron citados ante notario por los responsables de AF Salamar para hacer constar que no querían el puesto. Este último punto es destacado por los agentes en su informe como especialmente sospechoso, ya que todos ellos fueron supuestamente citados ante el mismo fedatario a la misma hora para cumplir el trámite y que, de este modo, la empresa pudiera justificar el incumplimiento del compromiso de contratación. Ninguno compareció.

La Policía también ha constatado supuestas irregularidades en las fichas en las que supuestamente se debían recoger las prácticas externas que el curso fijaba, ya que aunque figuraban en las mismas ocho bares, restaurantes e, incluso, un convento como lugar de dichas actividades, "según declaran los propios alumnos, casi ninguno de ellos dice haber realizado prácticas en establecimiento ajeno a donde se realizó el curso". Por ello, los agentes concluyen que "cuanto menos alguno de dichos certificados pudieran haber sido falsificados". La UDEF logró localizar a 9 de los 15 alumnos, a los que tomó declaración el pasado mes de abril y la mayoría de ellos denunciaron ésta y otras irregularidades.

Ni prácticas ni trabajo

Así, uno de ellos aseguró que "no tuvo prácticas ni le ofrecieron trabajar. Desde el principio sabían que no le iban a contratar". Un segundo afirmó a los agentes que se fue antes de terminar el curso "debido a la poca seriedad del mismo". Otro, incluso, declaró que le ofrecieron firmar la realización de "prácticas falsas para poder finalizar el curso"."Muchos dejaron el curso por la poca organización en el mismo y principalmente porque no les iban a conseguir trabajo", destaca el informe policial, que añade que "al parecer a varios alumnos les ofrecieron un contrato en la propia empresa pero con condiciones no asumibles por los alumnos que finalmente renuncian a la oferta". La UDEF incluso apunta que una de las docentes supuestamente intentó "engañar a uno de los alumnos para que le firme la renuncia a cambio de un futuro contrato".

Un docente declaró a la Policía que el administrador de la empresa bajo sospecha presumió ante él de recibir las subvenciones por su relación de amistad con el Consejero de Empleo de la Junta

Los agentes también interrogaron a los cinco tutores que impartieron las enseñanzas, alguno de los cuales destacaron que los alumnos llegaron a requerir la presencia del inspector de la Junta de Andalucía, Javier T., y que éste, sin embargo, nunca apareció porque "había muchos cursos" que controlar. Además, denunciaron que algunos de los locales donde se vieron forzados a impartir las clases "no cumplían los requisitos establecidos" y que no se gastaba el dinero destinado al curso. Incluso destacó que un administrador de la empresa (que aparece como propietario de otra de las mercantiles investigadas) presumió ante él y otros monitores de tener "relación con el consejero de Empleo de la Junta y a raíz de esta amistad le habían concedido una gran cantidad de cursos".

En este sentido, el informe destaca que AF Salamar no sólo consiguió el curso bajo investigación, sino que en 2008 y 2009 también recibió subvenciones por impartir otros cuatro, por los que percibió algo más de 202.000 euros. También señala que, pese a las irregularidades supuestamente cometidas en el compromiso de contratación de alumnos así como en la entrega de la documentación --pidió un plazo extra para remitirla a la Junta--, percibió íntegros los 102.090 euros y, además, fue puntuada con "un 4 sobre 5". Todo un 'notable'.

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