OPERACIÓN EDU

UDEF concluye que hay fraude en el 90% de los cursos de la Junta tras interrogar a 3.000 alumnos

Durante las últimas semanas, la Policía ha tomado declaración a desempleados que recibieron formación subvencionada por el gobierno autónomo en siete provincias andaluzas. Investiga un 'agujero' de 25 millones dentro de la segunda fase de la 'Operación Edu'. 

Fachada de una oficina del Servicio Andaluz de Empleo, organismo en el centro del escándalo.
Fachada de una oficina del Servicio Andaluz de Empleo, organismo en el centro del escándalo. EFE

Fraude masivo. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha terminado de interrogar en siete provincias andaluzas a cerca de 3.000 alumnos que asistieron a los cursos para parados de la Junta con un resultado demoledor: más de 90% de estas enseñanzas subvencionadas presentan graves irregularidades, según fuentes cercanas a la investigación. De hecho, las declaraciones tomadas en las últimas semanas a los desempleados asistentes a estos ciclos formativos han permitido a los agentes constatar que los engaños utilizados presuntamente por las empresas ahora bajo sospecha para apropiarse de las millonarias ayudas que daba el gobierno autonómico son idénticos a los ya detectados la pasada primavera en Málaga, provincia en el que se inició la ‘Operación Edu’.

Durante un mes, la Policía ha tomado declaración a alumnos en siete provincias andaluzas. En breve, comenzará con los docentes de los cursos bajo sospecha

Los interrogatorios a los alumnos en este segunda fase del dispositivo se iniciaron el pasado 6 de octubre en todas las provincias andaluzas, salvo en Sevilla, donde la Fiscalía Anticorrupción no ha dado aún el visto bueno a la puesta marcha de las pesquisas. Durante cuatro semanas, cerca del 80% de los asistentes a estos cursos que fueron citados acudieron finalmente a declarar en comisaría. Lo hicieron como testigos. Tras ellos, los responsables de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF tienen previsto comenzar a llamar en los próximos días a los profesores que figuran como docentes en estos ciclos formativos. Posteriormente, les tocará el turno, en este caso como imputados, a los propietarios de las empresas que impartieron la formación.

Es el mismo esquema que siguieron el pasado mes de abril en Málaga, durante la investigación sobre 17 empresas acusadas de malversar 1,5 millones de euros. Entonces se tomó declaración a 215 alumnos  y a 34 docentes. Los testimonios de ambos colectivos permitieron confirmar las sospechas que arrojaban la documentación ya intervenida, por lo que a mediados de julio la Policía detuvo a 42 empresarios por las supuestas irregularidades cometidas en estos cursos y que alcanzaban al 85% de las subvenciones. Ahora, las pesquisas abarcan dos centenares de compañías y el volumen del fraude se eleva a los 25 millones de euros repartidos entre las provincias de Málaga, Granada, Jaén, Córdoba, Huelva, Cádiz y Almería.

Irregularidades calcadas

Lo que no ha cambiado, según las fuentes consultadas, es el tipo de irregularidades que se han detectado y que, de hecho, son idénticas a las que destaparon en Málaga. Así, ahora también se han recogido indicios de la existencia de falsedades en los partes de asistencia de los alumnos, a los que se permitía ausencias prolongadas no justificadas sin que se reflejase en dichos documentos de control para no perder las subvenciones. Con idéntico fin, algunas personas que no terminaron el curso han sido computadas como si lo hubieran hecho. También ha habido casos en los que los responsables de los cursos han amenazado a los desempleados que amagaban con abandonar las clases por el bajo nivel de las mismas. De este modo, conseguían que continuaran para, así, justificar que habían impartido las clases a los alumnos inscritos.

La segunda fase de la 'Operación Edu' investiga irregularidades de 200 empresas que cobraron más de 25 millones de euros en subvenciones para la formación

Otra forma de presión a los alumnos es la que supuestamente ejercieron algunos empresarios para que adquiriesen a los propios organizadores el material necesario para realizar el curso, aunque estaban obligados a aportarlo de modo gratuito con cargo a las subvenciones. En la primera fase de la operación ya se descubrió que una de las sociedades investigadas, y que había conseguido de la Junta una subvención de 105.750 euros para impartir un curso de "peluquero”, ‘invitaba’ a los asistentes a comprar "secador, plancha de pelo, maquinillas de corte y peines”. En otros casos, los alumnos han denunciado que las prácticas no se han realizado o que son los propios alumnos quienes se han hecho cargo de ellas. Incluso, algunos desempleados han asegurado que realizaron trabajos 'gratis' para las empresas que impartían los cursos que nada tenían que ver con el propio curso.

Otros fraudes reflejados en el informe de la UDEF de la pasada primavera y que ahora se han vuelto a detectar es el incumplimiento sistemático del compromiso de contratación exigido. En este sentido, las irregularidades van desde la contratación por periodos inferiores a los 6 meses contemplados por ley hasta presentar contratos en sectores que no tienen nada que ver con la materia impartida en el curso o simular otros en empresas vinculadas a los administradores. Además, muchas de las ofertas laborales sólo se terminaban realizando tras las protestas de los propios alumnos. En otras ocasiones el fraude ha ido más allá y a los parados se les ha dado de alta con contratos simulados a cambio de pasar posteriormente a la percepción de la prestación por desempleo.

En el elenco de irregularidades, la Policía ha vuelto a encontrarse también con el ofrecimiento a los parados por parte de los empresarios de lo que la UDEF calificaba en sus anteriores informes como "contratos imposibles", en los que se ofrecía a los alumnos una oferta a la que se veían obligados a renunciar porque no les compensaba por la distancia oa sus características. Otros empresarios han hecho a los alumnos firmar en blanco, supuestamente "mediante engaño", una renuncia a la oferta laboral tras decirles que el compromiso de contratación era "un error de la Junta de Andalucía". También se ha obligado a algunos desempleados que conseguían un trabajo por su cuenta y fuera del curso a entregar una copia del contrato para que la empresa lo utilizase para justificar la subvención.


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