SEGUNDA FASE DE LA 'OPERACIÓN EDU'

La UDEF recoge 500 nuevos testimonios que confirman el fraude masivo en los cursos de la Junta

La Policía inició hace una semana el interrogatorio de más de 3.000 alumnos en siete provincias andaluzas. Por comisaría ya han pasado medio millar cuyos testimonios apuntalan las pruebas sobre irregularidades en la adjudicación de más de 25 millones de euros para la formación de parados.

Imagen de archivo de una de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Imagen de archivo de una de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). EFE

Las sospechas se confirman. Los aproximadamente 500 primeros alumnos que ya han declarado dentro la segunda fase de la 'Operación Edu' que investiga el fraude masivo en los cursos de formación para parados de la Junta de Andalucía han confirmado la existencia de numerosas irregularidades en la mayor parte de los mismos. La UDEF, que antes de que acabe octubre espera haber tomado testimonio a 3.000 asistentes a estas enseñanzas en siete provincias de la comunidad, investiga ahora un fraude de más de 25 millones de euros que afecta a cerca de 200 empresas. Sólo en Sevilla, donde el caso se encuentra paralizado en la Fiscalía Anticorrupción, no se han realizado aún diligencias, según ha podido confirmar Vozpópuli en fuentes cercanas a la investigación.

Las irregularidades detectadas en las siete adjudicaciones investigadas ahora son 'calcadas' a las descubiertas en la investigación de abril en Málaga

Siempre según estas fuentes, el relato que están haciendo los alumnos de las irregularidades son prácticamente calcadas a las que la Policía ya detectó el pasado mes de abril dentro de la primera fase de la ‘Operación Edu’, desarrollada sólo en la provincia de Málaga y sobre 17 empresas acusadas de malversar 1,5 millones de euros de una única convocatoria. Entonces, los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF tomaron declaración a 215 alumnos y 34 profesores de esos cursos. Aquellas pesquisas, que concluyeron con la detención de 42 empresarios, revelaron que, por ejemplo, se falseaban supuestamente los partes diarios de asistencia de los alumnos "consintiéndose incluso ausencias prolongadas no justificadas o que personas que no terminaron el curso fuesen computadas a efectos de justificación" para poder cobrar las subvenciones. Ahora, ha vuelto a encontrarse casos similares.

Entonces, los agentes destacaban que el perfil de los que recibían la formación eran "personas en desempleo, en muchas ocasiones de larga duración" y que, por tanto, "el compromiso de contratación les genera una expectativa de futuro que cubriría necesidades básicas de su vida" lo que les convertía en fácil presa para los responsables de los cursos y sus presiones. ¿Cómo? "En algunos casos se les amenazaba con la presencia de un inspector de la Junta por lo que debían asistir o permanecer en el curso [...] tratando así de evitar que los alumnos abandonasen por las irregularidades o falta de profesionalidad de los mismos". "Estas inspecciones nunca ocurrían", añadía el documento policial elaborado en aquella fase de la Operación Edu. En las siete convocatorias analizadas ahora, una por provincia andaluza menos Sevilla, se ha vuelto a detectar situaciones similares.

Material pagado por el alumno

Otra forma de presión a los alumnos sobre la que también se han recabado testimonios en esta nueva tanda de interrogatorios es la que supuestamente ejercieron algunos empresarios para que los asistentes a sus cursos adquiriesen a los propios organizadores el material necesario para realizar el curso, aunque eran las empresas quienes estaban obligadas a aportarlo con cargo a las subvenciones. En la primera fase de la operación ya se descubrió que una de las sociedades investigadas, y que había conseguido de la Junta una subvención de 105.750 euros para impartir un curso de "peluquero" de 1.175 horas lectivas a 15 alumnos, invitaba a los asistentes al mismo a comprar el material necesario para el mismo, como "secador, plancha de pelo, maquinillas de corte y peines" pese a que el mismo debía ser facilitado gratuitamente por la academia. En otros casos, los alumnos están denunciando que las prácticas no se realizaban o que son los propios alumnos quienes se hacían cargo de ellas. E, incluso, algunos desempleados han terminado realizando trabajos 'gratis' para las empresas que impartían los cursos o, incluso, obras privadas a sus dueños que nada tenían que ver con el propio curso.

Partes de asistencia falsificados, incumplimiento de compromiso de contratación y presiones a los alumnos, entre el elenco de irregularidades destapadas

Otros fraudes reflejados en el informe de la UDEF de la pasada primavera y que ahora se han vuelto a detectar en numerosos cursos investigados es el incumplimiento sistemático del compromiso de contratación exigido. En este sentido, las irregularidades van desde la contratación por periodos inferiores a los 6 meses contemplados por ley hasta presentar contratos en sectores que no tienen nada que ver con la materia impartida en el curso o simular otros en empresas vinculadas a los administradores. Además, muchas de las ofertas laborales sólo se terminaban realizando ante las protestas de los propios alumnos, aunque en otras ocasiones el fraude ha ido más allá y a los parados se les ha dado de alta con contratos simulados a cambio de pasar posteriormente a la percepción de la prestación por desempleo.

En este apartado del elenco de irregularidades, la Policía ha vuelto a encontrarse también con el ofrecimiento por parte de los empresarios de lo que los agentes de la UDEF han calificado en sus anteriores informes como "contratos imposibles", en los que se ofrece a los alumnos una oferta a la que se ven obligados a renunciar porque no les compensa. Es lo que denunciaron en abril a los agentes algunos parados que asistieron a un curso de peluquería y estética. A dos de ellas se les ofreció desplazarse desde Málaga a Huelva a diario para trabajar sólo dos horas. Con lo que iban a cobrar no cubrían ni el gasto de gasolina. Otros empresarios hicieron supuestamente "mediante engaño" firmar a los alumnos en blanco una renuncia a la oferta laboral tras decirles que el compromiso de contratación era "un error de la Junta de Andalucía". También se obligó a algunos desempleados que conseguían un trabajo por su cuenta y fuera del curso a entregar una copia del contrato para que la empresa lo utilizase para justificar la subvención.

La ‘Operación Edu’ va camino de convertirse en un macrosumario… troceado en un sinfín de microcausas. Los fiscales jefes de las ocho provincias andaluzas mantuvieron a finales de la semana pasada una reunión en la localidad granadina de Lanjarón para “unificar” criterios de actuación en este caso e impedir que los sumarios se enreden y terminen perpetuándose en los juzgados. De momento, los representantes del Ministerio Público, presididos por el fiscal General de Andalucía, Jesús García Calderón, han acordado mantener las investigaciones independientes unas de otras pese a que ya son 18 las causas abiertas en toda la comunidad autónoma. El principal argumento es que cada una de ellas está en una fase distinta de investigación y acumularlas en una sola perjudicaría al conjunto.

Sin embargo, esta posición choca con la de la juez sevillana Mercedes Alaya, quien ha empezado a solicitar a sus colegas de otras provincias que llevan sumarios por fraude en los cursos de formación que se inhiban en su favor, ya que ella también investiga una de estas causas. Su objetivo es, precisamente, iniciar una nueva macrocausa como la de los ERE. Una postura en la que hasta ahora ha encontrado el apoyo del fiscal de esta provincia, Fernando Soto Patiño, quien ha paralizado precisamente en Sevilla el inicio de las pesquisas pese a que ya había un magistrado encargado, el titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas. Queda por ver si la reunión de sus superiores en Lanjarón obliga a cambiar de posición al fiscal sevillano.

MEJOR 18 CAUSAS QUE UN MACROSUMARIO

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