Publicado: 08/05/2014 04:00
La 'Operación Edu' avanza a toda máquina. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha entregado este miércoles al fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, su informe final sobre las irregularidades detectadas en los cursos para parados impartidos en esta provincia en 2010 con conclusiones demoledoras para la Junta de Andalucía: altos cargos del Gobierno autonómico están presuntamente implicados en el fraude al haber realizado adjudicaciones a dedo de subvenciones bajo sospecha. Así lo han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación que añaden que el máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, ha decidido implicarse en la investigación y ha convocado en su despacho de Madrid a sus subordinados en Málaga, Sevilla y Granada para coordinar entre todos la línea de actuación a seguir ante la magnitud del fraude al que apuntan las investigaciones policiales, desveladas por Vozpópuli el pasado 11 de abril.
La magnitud del fraude destapado por la UDEF ha llevado a Anticorrupción a convocar una reunión de urgencia en Madrid para decidir su línea de actuación
El informe elaborado por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF es el cuarto que redacta este grupo desde que iniciara las pesquisas hace ahora algo más de un año. Como los anteriores, se centra principalmente en una única adjudicación: la que repartió 1,72 millones de euros en diciembre de 2010 entre veinte empresas de Málaga por impartir diversas enseñanzas a desempleados de esta provincia. El amplio y exhaustivo documento policial incluye abundante documentación sobre dicha concesiones, pero también las declaraciones de más de 250 alumnos que supuestamente habían recibido estos cursos así como de los monitores y tutores que sobre el papel habían trabajado en ellos. Los testimonios de estos últimos han sido, de hecho, los últimos recopilados por la Policía, hace sólo unos días, y han servido para confirmar las sospechas de que un 85% de los cursos de aquella convocataroria presentaban graves irregularidades. Éstas iban desde el incumplimiento del compromiso de contratación de los alumnos a utilizar las identidades de los tutores para aumentar las facturaciones.
Sin embargo, la gran novedad del nuevo informe es que en el mismo se concreta ya la supuesta implicación de altos cargos de la Junta en el presunto fraude. En un primer momento, las pesquisas apuntaban simplemente a la falta de control e, incluso, a la desidia de los responsables del órgano responsable de controlar dichos cursos, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Consejería de Economía. Ahora, los agentes de la UDEF han ido más allá con sus pesquisas y creen haber encontrado indicios de que algunas de las adjudicaciones fueron realizadas a dedo por altos cargos a empresas que claramente no cumplían las condiciones exigidas por la Ley. Todo indica también que, incluso, el propio gobierno autonómico podría haber detectado alguna práctica no ajustada a la legalidad hace tiempo, ya que varios de los responsables provinciales de la Consejería de Economía han sido cesados en los últimos tiempos.
No es la única actuación llamativa realizada por el gobierno andaluz en este sentido. Además de estos ceses y de la trasferencia de los cursos de la Consejería de Economía la de Eduación al poco de tener noticia de las pesquisas, la Cámara de Cuentas autonómica también hizo público por sorpresa el pasado 6 de marzo un duro informe sobre la gestión que había hecho el Servicio Andaluz de Empleo de los fondos de formación. Fuentes cercanas a la investigación muestran su convencimientos de que con este documento la Junta "se puso la tirita antes de que se conociera que había herida". De hecho, en dicho informe, referido a los ejercicios 2009 y 2010, este organismo destacaba que, tras analizar únicamente un tercio de los expedientes tramitadas en ese periodo, ya había encontrado deficiencias en cursos que costaron al erario 49 millones de euros. De mantenerse esa proporción, el fraude en los cuatro años bajo sospecha podría acercarse a los 300 millones de euros, muy lejos de las cifras manejadas por diversos medios, pero también mucho más elevado, por ejemplo, que las de la trama de los ERE.
Una convocatoria para empezar
La convocatoria que se ha investigado en profundidad ha sido, por ahora, únicamente la de diciembre de 2010 en Málaga. En ella, la Junta repartió 1,72 millones de euros a una veintena de empresas. De todas ellas, la UDEF ha encontrado graves irregularidades en 17, que se embolsaron 1,52 millones de euros. Se trata, en concreto, de A.F. Salamar Hostelería SL, Academia Nena-Sol, Actuaciones Formativas, la Asociación de Empresarios y Profesionales de la Comarca del Valle Guadalhorce, la Asociación Axarquía de Formación y Empleo, Carpintería Vázquez Claver L, Centro de Formación Gasset SL, Centro de Formación Profesional Feijo SL, Formación e Inserción Málaga, Formación Hostelera del Sur, Grupo Alce Formación SL, Jobesa SC, Master Ronda SC, Proyecto Puerta Blanca SL y Yomaluig SL, además de dos autónomos, María Luz V.S. y Miguel Ángel R.R. Sólo tres sociedades que recibieron dinero público de aquella convocatoria han quedado libres de sospechas.
La UDEF ha encontrado estrechas vinculaciones entre los dueños de algunas de las empresas bajo sospecha y cargos de diversos organismos de la Junta de Andalucía
En varias de ellas, la UDEF ha encontrado estrechos vinculos con responsables de la Junta o con ayuntamientos andaluces regidos por socialistas con 'influencia' dentro del Gobierno autónomo. Así, la administradora única de AF Salamar Hostelería está casada con un cargo que ha trabajado para dos consejerías y una diputación. La Asociación de Empresarios Profesionales de la Comarca Valle Guadalhorce está dirigida por dos hermanos vinculados al consistorio de Coín (Málaga). Y el presidente de la Asociación Axarquía de Formación y Empleo ha tenido vinculaciones con la Consejería de Educación. La Policía destaca estas relaciones como uno de los elementos claves para entender que dichas empresas lograron subvenciones cuando supuestamente no cumplían las condiciones fijadas por la ley.
Más allá de Málaga
Además, los agentes han comenzado ya a rastrear si estas 17 empresas optaron a ayudas similares durante otros años del periodo al que se pretende ampliar la investigación, el que va de 2009 a 2012 (en este último ya no hubo convocatoria, pero sí que se pagaron los del año anterior). Los ejercicios anteriores no se han analizado al considerar los investigadores que los posibles delitos cometidos estarían ya prescritos. El resultado eleva la cifra de lo supuestamente defraudado por estas sociedades a los 8 millones de euros, según fuentes cercanas a la investigación. De hecho, algunas de los empresarios investigados tienen sociedades similares (incluso en el nombre) en otras zonas de la comunidad. Es el caso de Formación e Inserción Málaga SL. Su administradora única, María Teresa S.S., ostenta idéntico cargo en otras mercantiles de Sevilla, Córdoba y Jaén dedicadas también a impartir estos cursos para parados. Todas ellas tienen, además, varios elementos en común: sus denominaciones son muy parecidas y fueron creadas el mismo día en una notaría de Granada. La Policía las califica ya de mercantiles 'cazasubvenciones' ya que ha detectado que fueron creadas días antes de la percepción de subvenciones y dejaron de existir tras el cobro del dinero, entre otras irregularidades.
La extensión del caso a otras provincias es recogida expresamente por la UDEF en su informe final, que detalla casos concretos en Almería, Granada, Sevilla y Cádiz. De hecho, la Fiscalía andaluza ya ha elaborado un informe para unificar la actuación de sus representantes en todas estas provincias antes los indicios que ya recogían los tres documentos anteriores que le había presentado la Policía. La decisión del fiscal jefe de Anticorrupción de celebrar en Madrid una reunión con sus subordinados en estas provincias es el último paso para intentar coordinar la labor del Ministerio Público. Una puesta en común que puede incluir solicitar concentrar todos los casos que se vayan destapando en un único juzgado, tal vez de la Audiencia Nacional.
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