'OPERACIÓN EDU'

Alaya y otros cuatro jueces se adelantan a la UDEF: ya investigan fraudes por cursos a parados

Tres magistrados de Sevilla, uno de Algeciras y otro de Granada tienen abiertas causas por las actividades supuestamente irregulares de empresas que impartían enseñanzas para desempleados.

La juez Mercedes Alaya, este pasado viernes en Sevilla
La juez Mercedes Alaya, este pasado viernes en Sevilla efe

La 'Operación Edu', la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el supuesto fraude de los cursos de formación para parados en Andalucía, llueve sobre mojado. Antes de que estas pesquisas de los expertos policiales en delincuencia económica haya sido judicializada, al menos cinco juzgados andaluces tenían ya abiertas causas por denuncias sobre supuestas irregularidades en estas enseñanzas para desempleados subvencionadas por la Junta de Andalucía. Se trata de tres magistrados de Sevilla, una de Algeciras y uno más de Granada. Entre ellos está la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital hispalense, célebre por la investigación del 'caso de los ERE'. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está recabando desde hace días datos sobre estos sumarios y otros que pudiera haber para unificar los criterios de actuación de los representantes del Ministerio Público en los mismos, así como en la iniciada por la UDEF y en otras futuras.

En agosto de 2012 un juzgado de Algeciras ya abrió una investigación por fraude sobre un curso para parados. El caso salpica a un exconsejero de la Junta

El juzgado de Instrucción que más tiempo lleva con uno de estos casos es el número 4 de Algeciras. El 28 de agosto de 2012, una docente de la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente Natura, una empresa designada por la Junta para impartir uno curso en esta localidad gaditana, denunció ante la Justicia irregularidades. Enfermera de profesión, esta mujer detalló que había sido 'fichada' para impartir cursos de auxiliar de geriatría con un contrato de obra y servicio, pero que pocos días antes de comenzar a dar las clases descubrió que no estaban cotizando por ella en la Seguridad Social. Al quejarse, los responsables de la empresa supuesta le ofrecieron que se diera de alta como autónoma y que justificara el dinero que iban a cobrar a través de facturas falsas por importe cercanos a los 4.000 euros. Otros compañeros de la denunciante y una de las encargadas de hacer las contrataciones corroboraron posteriormente sus afirmaciones ante la juez.

Lo más llamativo del caso es que detrás de la empresa supuestamente implicada se encuentra un entramado de empresas cuya cabeza más visible es la de un exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda Avilés, cuyo nombre ha aparecido también ahora en la investigación iniciada por la UDEF. La investigación del Juzgado de Algeciras ha permitido comprobar que en sólo dos años, 2010 y 2011, esta empresa recibió cerca de 2,5 millones de euros en subvenciones por impartir cursos para parados, ahora bajo sospecha. No obstante, las pesquisas se encuentran en estos momentos estancadas por el cambio de titular del juzgado. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía justifican este parón en que la nueva magistrada al frente del mismo aún no ha tenido tiempo para familiarizarsa con los casos que llevaba su antecesora, entre ellos el de este curso.

Firmas falsas

Mucho más en sus inicios se encuentran las pesquisas iniciadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada. Éste investiga la denuncia presentada por cuatro alumnos de un curso de administrativo contable para parados a los que supuestamente falsificaron sus firmas para que la empresa que lo impartió pudiera cobrar la subvención que habían recibido. Según estos cuatro alumnos (al parecer hay otros tantos que presentaron denuncias similares en otros juzgados de la ciudad andaluza) , todos ellos realizaron uno de estos cursos de formación para desempleados que incluían la obligación para la empresa que los impartía de contratar al 60% del alumnado. Sin embargo, tras las finalizar las clases y ver que nadie se ponía en contacto con ellos para ofrecerles dichos contratos, acudieron a la academia a exigir explicaciones.

Cuatro alumnos de un curso celebrado en Granada acusan a la empresa que los impartió de falsificar sus firmas para cobrar la subvención sin cumplir los requisitos legales

Al no obtener respuestas, acudieron a la Delegación Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a denunciar el hecho. Allí, los funcionarios le mostraron los documentos con los que supuestamente habían renunciado a los contratos que teóricamente les había ofrecido la empresa de los cursos. Todos ellos afirmaron entonces que las firmas que aparecían al pie de los mismos eran falsas y que, de hecho, ellos en ningún momento habían rechazado dichas ofertas laborales. Tras ello, presentaron la denuncia. La investigación de este caso está en estos momentos en sus comienzos, pero todo apunta a que el sistema de fraude utilizado es parecido al utilizado por al menos dos de las 17 empresas que la UDEF investiga en la provincia de Málaga y que han destapado el escándalo.

Finalmente, la existencia de sendas investigaciones sobre cursos para parados en los tres juzgados sevillanos han sido localizados por la Fiscalía Superior de Andalucía, que en las últimas semanas ha iniciado un rastreo por los diferentes órganos judiciales de la comunidad autónoma para localizar casos similares a la 'Operación Edu'. Se trata de sumarios abiertos en los juzgados de Instrucción número 6, 9 y 16 de la capital andaluza. El primero es el de la juez Alaya, que lo abrió el pasado mes de octubre para investigar los cursos de formación impartidos por la UGT. En diciembre ordenó un registro de la sede del sindicato en Sevila. La causa se mantiene secreta. Según adelantaba ayer el diario Malaga Hoy, el informe que prepara la Fiscalía pretende "coordinar" la futura actuación del Ministerio Público en todos y cada uno de estos casos, así como en la 'Operación Edu' cuando se judicialice y en otras que puedan surgir en el futuro. En un primer momento, la Fiscalía no aspira aún a unificar todas las causas en una sola.


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