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El fiscal solicita que declaren como imputados altos cargos de la Junta por los cursos de formación

Según el Ministerio Público, los hechos investigados pueden constituir presuntos delitos de fraude en subvenciones, estafa, falsedad, prevaricación y tráfico de influencias. Las irregularidades afectan a 17 de las 20 empresas que figuran en la resolución. 

La presidenta andaluza junto al consejero de Economía (d) y el presidente de la Confederación de Entidades para la Economía Social
La presidenta andaluza junto al consejero de Economía (d) y el presidente de la Confederación de Entidades para la Economía Social Efe

La Fiscalía de Málaga ha solicitado al juzgado que se cite como imputados a empresarios del 'caso Edu' como a funcionarios y responsables de la Junta de Andalucía implicados en el fraude en los cursos de formación, según publica este viernes el Diario Sur.

El Ministerio Público considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de fraude en subvenciones, estafa, falsedad, prevaricación y tráfico de influencias. Además, cita el informe de la Policía que apunta a que los beneficiarios de las ayudas habrían incurrido en "graves incumplimientos" de los requisitos que establece la legislación.

Entre las irregularidades, que afectan a 17 de las 20 empresas que figuran en la resolución investigada, destacan el incumplimiento generalizado del compromiso de contratación, las empresas 'cazasubvenciones' y la falta de solvencia y experiencia de formación.

Irregularidades en las subvenciones

La Fiscalía Anticorrupción pidió al Juzgado Decano de Málaga que investigara este presunto fraude tras llevar desde mayo de 2013 estudiando el caso y recibir los informes de los investigadores, y el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga incoó las diligencias previas y volvió a remitir la causa al decano para su reparto.

En el informe de la Policía se aludía a la resolución de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo de 15 de diciembre de 2010 en la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a veinte personas físicas y jurídicas por un importe total de 1.722.558 euros. Entre otras irregularidades se aludía, junto a los supuestos de incumplimiento generalizado del compromiso de contratación, a la "práctica de caza de subvenciones" por parte de algunas empresas beneficiarias de las mismas y la falta de solvencia y experiencia en la formación en algunas de estas personas físicas y jurídicas que reciben la ayuda.

Posteriormente, en un informe de ampliación se insistió en las irregularidades detectadas, si bien se precisó que éstas se encuentran en diecisiete de las veinte entidades y personas físicas de la subvención analizada. Dado que se han producido irregularidades similares a las halladas en Málaga en otras provincias de la comunidad autónoma, la Fiscalía malagueña decidió limitar el alcance de sus diligencias a los hechos ocurridos en esta provincia y derivar las otras al ministerio público de referencia.

Investigan subvenciones desde 2011

En el mencionado informe se alude a resoluciones de la Dirección general de Empleo por las que se conceden subvenciones en el año 2011 para acciones formativas con compromiso de contratación, y para trabajadores desempleados, ambas dentro del programa presupuestario 32D. Destaca el caso de un mismo beneficiario de las resoluciones que habría obtenido subvenciones a través de varias sociedades y entidades a él vinculadas por importe conjunto de 14.671.381,50 euros.

De las referidas subvenciones de la Dirección General de Empleo se ha deducido testimonio a la Fiscalía de Sevilla, "por radicar en dicha ciudad el órgano administrativo que concedió dichas ayudas", explica el fiscal.

Tras analizar los distintos expedientes de subvención nacidos de la resolución de diciembre de 2010, la Policía estableció las diferentes responsabilidades penales que resultan de los hechos analizados, en las que distingue entre los ilícitos cometidos por los beneficiarios de subvenciones e irregularidades en el otorgamiento y control de las ayudas.

En las primeras figura la falsedad en la presentación de documentos, así como en la acreditación de la asistencia a los cursos de ciertos alumnos, suplantación de la personalidad de determinados tutores o de gastos supuestamente producidos. En el segundo caso se incluye la falta de capacitación de ciertas entidades para la formación profesional, el incumplimiento del compromiso de contratación o la "absoluta falta de control" de la ejecución de los cursos.


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