EL SUMARIO DEL ÚLTIMO ESCÁNDALO FINANCIERO

El juez Andreu incorpora al 'caso Bankia' las denuncias contra los excesos en Caja Segovia

El magistrado ya ha solicitado a la entidad castellanoleonesa información sobre salarios, prejubilaciones y planes de pensiones de los miembros de su Consejo de Administración.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. URJC

Ni un cabo suelto. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye la denuncia contra los 33 ex miembros de los Consejos de Administración de Bankia y BFA, ha decidido incorporar al sumario las denuncias que desde hace meses se tramitan en un juzgado de Segovia contra los miembros del anterior comité de dirección de Caja Segovia por los supuestos excesos en sus salarios, prejubilaciones y planes de pensiones. En concreto, el magistrado ha unido a la causa la denuncia presentada el 15 de noviembre de 2011 ante la Fiscalía Superior de Burgos por el diputado de IU en las cortes regionales José María González Suárez, un escrito de la secretaria técnica de la Fiscalía General del Estado sobre denuncias contra cajas en dicha comunidad autónoma, y un auto de la Audiencia Provincial de Segovia del 16 de mayo en la que se ordena al juzgado segoviano continuar con la investigación de las "desproporcionadas prejubilaciones otorgadas al director general de la Caja y al resto de los integrantes del Comité de dirección".

El sumario recoge una denuncia de IU, un informe de la Fiscalía y un auto de la Audiencia de Segovia sobre el escándalo de la entidad castellanoleonesa

Tras incorporar estos documentos, el juez Andreu también ha dado los primeros pasos en esta dirección y remitió hace un mes a la propia entidad financiera un escrito en el que le solicita le enviase "a la mayor brevedad posible" abundante información financiera sobre la misma desde, entre ella "[el] importe desglosado de las aportaciones a planes depensiones, mutualidades, seguros de jubilación y pagos de indemnización por cese abonados a miembros del Consejo de Administración, el Comité de Dirección o personal de alta dirección desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010", fecha en el que Caja Segovia se integró en Bankia.

También ha solicitado el "plan de prejubilaciones o cualquier otro sistema de previsión" destinado a los directivos, así como el "desglose de las retribuciones de cualquier naturaleza" abonados a los mismos, incluido sueldo, seguros y dietas. Hasta ahora, sólo uno antiguo integrante de la dirección de Caja Segovia se había visto imputado en el caso. Se trata de Atilano Soto Rábanos, presidente de Caja Segovia durante quince años, aunque su actual situación judicial no es por ello sino por su condición de consejero de Bankia desde que se produjo la fusión de las siete cajas.

Primera denuncia anónima

La primera denuncia por las supuestas irregularidades en la pequeña caja llegó en forma de anónimo a la Fiscalía de Segovia el pasado 14 de noviembre. Un día después, el único representante de IU en las cortes castellanoleonesas presentó una demanda por los mismos hechos en Burgos, aunque en ella también incluyó datos sobre supuestas irregularidades en otra entidad regional, Caja España. Dos días más tarde, tres candidatos de UPyD hacían lo propio con un denuncia contra el Comité de dirección de la Caja Segovia. Esta última, según se recoge en un informe de la Fiscalía General del Estado incorporado al sumario de Bankia, fue la que finalmente fue judicializada y dio lugar a que el Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia incoara las diligencias previas 872/2011 por los presuntos excesos en la entidad financiera. Sin embargo, el juez decidió el archivo de la misma dos meses después, el 2 de enero de 2012, lo que llevó a la propia Fiscalía y a UPyD a interponer sendos recusos que, en un primer momento, también fueron rechazados por el mismo magistrado.

Un juzgado segoviano archivó la denuncia contra la dirección de la Caja en enero, pero un tribunal le ordenó reabrirla el pasado 16 de mayo

Sin embargo, el Ministerio Público y los representantes legales del partido político volvieron a recurrir, en este caso ante la Audiencia Provincial de Segovia, cuya Sección número 1 dictaminó el pasado 16 de mayo que sí había indicios de un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida en la gestión de los miembros del comité de dirección de la Caja, por lo que ordena reabrir el caso. En concreto, el tribunal cuantifica las presuntas irregularidades en los 42 millones de euros que se entregaron en prejubilaciones a los directivos, de los cuales 12 millones fueron a parar supuestamente al director general de la entidad, Manuel Escribano.

"En el actual contexto de grave crisis económica -recogen textualmente en el auto los tres magistrados que lo firman- no bastará la mera comparativa de las retribuciones otorgadas por otros bancos o cajas, sino que también se deben ponderar a la hora de dilucidar esta cuestión, condiciones particulares de la entidad con la cuenta de resultados, la variación de su cotización en bolsa como resultado de la gestión del beneficiado de la retribución, o la inyección de dinero público para su saneamiento". De hecho, la Audiencia Provincial incluyó en dicho auto la obligación del juez instructor de solicitar numerosa documentación sobre el estado contable de Caja Segovia, si había recibido ayudas públicas y el nivel medio "de los sueldos y jubilaciones de altos directivos de las entidades bancarias de esa naturaleza y tamaño".

También le exigió que pidiese a la propia entidad financiera la documentación que utilizo para fijar "las prejubilaciones de las personas citadas en el escrito de denuncia". Ahora, sin embargo, el juez Andreu ha solicitado esta y mucha más documentación, incluido las operaciones de crédito a favor de los miembros del Consejo o sus familiares en primer grado y las posibles cláusulas de blindaje "del personal clave de la dirección y de los miembros del Consejo de Administración" de la caja castellanoleonesa.


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