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El juzgado del ‘caso Aneri’ no admite al PSOE como acusación popular porque no presentaron una querella como manda la Ley

Rechaza la demanda contra altos cargos de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional ya ha reclamado a las empresas que recibieron subvenciones para formación 3,9 millones de euros y ha comenzado los embargos.

Alfoso Tezanos, presidente de FEDECAM
Alfoso Tezanos, presidente de FEDECAM VP

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha rechazado la personación como acusación popular en el ‘caso Aneri’ de cuatro diputados del PSOE de la Asamblea de Madrid a título personal “porque no cumplen con los requisitos legales”, según un auto conocido esta semana. La juez admite, por el contrario, la personación de Manos Limpias a la que pide una fianza de 10.000 euros.

José Luis Anerifue detenido en febrero tras comprobarse que recibía dinero de asociaciones empresariales para dar cursos de formación con dinero público y no impartía estos cursos. Se quedaba el dinero y comenzó a llevar un alto nivel de vida que desató sospechas. Se calcula que el engaño total al Estado y la Comunidad de Madrid puede ser de más 12 millones de euros.

El propio fiscal del caso señala en un escrito que mientras que Manos Limpias sí entregó la querella que le da derecho a la acusación popular, “no consta la presentación de la misma por parte de los diputados” del Grupo Parlamentario Socialista. Recuerda la juez que la acción popular está sujeta a determinadas particularidades, entre las que destaca la presentación de querella, algo que no hicieron los diputados del PSOE y sí el sindicato de funcionarios.

El auto acepta la ampliación de denuncia  inicial de las asociaciones Aprosa y Cecoma, si bien señala que faltan datos concretos. Añade que “la vaguedad de las imputaciones hace requerir a los denunciantes al objeto de que concreten los documentos que consideran falsificados y la identidad de la firma de las personas cuya firma dicen suplantada”.

Tampoco admite la incorporación de las denuncias de las asociaciones Asempla, Anei, Acen, Acu, Aprosa, Grupo Asemcon, Aehcam, Aseata y la Asociación Empresarial de Peletería contra los altos cargos de la Comunidad de Madrid,  Joaquín Velázquez, Valentín Bote, Francisca Martín, Patricia Herrero y Juan Van Halen. Considera el auto que el asunto del que hablan "no guardar ninguna relación con los hechos objeto de  investigación”.

Señala la juez que en el escrito de denuncia que presentaron no se aporta ningún dato o indicio sobre la comisión de hecho delictivo que guarde relación con la investigación. Estas asociaciones fueron las que encargaron a José Luis Aneri la realización de cursos. La Comunidad pidió a estas asociaciones que devolvieran el importe de las subvenciones.

Fuentes de la Comunidad de Madrid indicaron que ha reclamado a las asociaciones empresariales vinculadas al empresario Aneri la devolución de 3,9 millones. Este dinero corresponde a ayudas que fueron revocadas por la Consejería de Empleo, que detectó falta de justificación e irregularidades en la mayor parte de los cursos.

Embargos



De esos 3,9 millones de euros, 13 asociaciones han devuelto 214.325 euros y otras 10 asociaciones han entrado en vía de apremio para que paguen 698.297 euros. Esto último significa que esas 10 asociaciones no han pagado en el periodo voluntario y han entrado en la vía de embargo. El resto de la deuda que han contraído con la Administración hasta 3,9 millones está en tramitación (las fases habituales: periodo de pago voluntario, fase de recurso administrativo, etc.).



La Comunidad de Madrid señala que ha reclamado a las asociaciones la devolución del dinero no invertido en cursos en aplicación de la Ley de Subvenciones, "ya que fueron ellas las adjudicatarias de las subvenciones y, por lo tanto, las responsables de la organización de los cursos".

Por este caso de fraude de los cursos de formación fue detenido también Alfonso Tezanos, presidente de la Federación de Empresarios de Madrid (FEDECAM). Fue puesto en libertad, al igual que algunos familiares y colaboradores, con la obligación de presentarse en el juzgado a firmar, y le fue retirado el pasaporte.


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