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Carlos Fabra ingresa en la prisión de Aranjuez por fraude fiscal

El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial ingresa en la prisión de Aranjuez en cumplimiento de la sentencia que le condenó a una pena de cuatro años de cárcel.

El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha ingresado esta tarde en la cárcel madrileña de Aranjuez por una condena a cuatro años de prisión por delitos fiscales.

Según han informado fuentes penitenciarias, el expresidente del PP de Castellón ha entrado en la prisión de Aranjuez poco después de las cuatro de la tarde. Fabra decidió la semana pasada no recurrir la decisión de ingreso en prisión y recogió el mandamiento que le daba un plazo de cinco días para entrar en la cárcel -hoy concluía- después de que el Gobierno denegara su petición de indulto el 21 de noviembre, según informa Efe.

Fabra expresó su intención de ingresar en una cárcel de Madrid, ya que su familia y muchas de sus amistades residen en la capital

Fabra ya había expresado su intención de ingresar en una cárcel de la Comunidad de Madrid, ya que su familia y muchas de sus amistades residen en la capital. Además, su decisión habría estado condicionado por el hecho de que el equipo médico que le trasplantó el hígado y que le ha tratado posteriormente también reside en la capital.

El expresidente del PP de Castellón acudió el miércoles pasado a la Audiencia Provincial de Castellón a recoger el mandamiento de ejecución de la sentencia de la Sección Primera que le condena a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales tras haber defraudado a la Hacienda Pública 693.000 euros.

Ahora, la única vía judicial abierta que le queda a Fabra es la resolución de un recurso de amparo presentado en septiembre ante el Tribunal Constitucional tras conocer que el Tribunal Supremo había rechazado su recurso.

11 años después

El ingreso en la prisión de Fabra por delitos fiscales cierra el caso contra el exmandatario popular casi once años después de que fuera denunciado. Entonces, el empresario castellonense y gerente de la empresa de productos fitosanitarios Naranjax, Vicente Villa, presentó dos querellas por supuestos delitos contra la salud y la propiedad industrial, en las que afirmaba que el popular había mediado ante diferentes instituciones públicas para conseguir autorizaciones de los ministerios. La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Castellón llegó el 25 de noviembre de 2013, casi una década después de las querellas que dieron inicio al proceso y por el que Fabra terminó abandonando todos sus cargos públicos.

Villa presentó dos querellas en donde afirmaba que el popular había mediado ante diferentes instituciones para logar autorizaciones, lo que dio inicio del proceso

A mediados de 2005, la Agencia Tributaria presentó una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal, que dio lugar a una investigación de las cuentas bancarias y el patrimonio de toda la familia que con el tiempo permitió descubrir que Fabra y su esposa ocultaron cerca de un millón y medio de euros sin declarar entre 1999 y 2004. Además, el Juzgado número 2 de Nules abrió diligencias de investigación tras otra denuncia de Vilar por una supuesta falsificación de sellos y cuños en los documentos de unos productos fitosanitarios.

Con un cerco cada vez más estrecho sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y un goteo de decisiones judiciales en torno a recursos y aplazamientos de la causa entre la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, este último reabrió la causa contra Fabra por cinco delitos fiscales.

En diciembre de 2012, el juzgado número 1 de Nules dio por concluida la instrucción y un mes después ordenó abrir juicio oral por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal contra Fabra, su exmujer, Amparo Fernández, el empresario Vilar y su exmujer, Montserrat Vives. Finalmente, el 2 de octubre de 2013 comenzó en la Sección Primera de la Audiencia de Castellón el juicio; la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una pena de prisión para Fabra de 13 años, que quedó visto para sentencia el 30 de octubre tras la declaración de medio centenar de testigos.


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