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España

Interior paraliza las obras de una nueva cárcel y dejará otra sin estrenar por falta de fondos

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Instituciones Penitenciarias calla. Los funcionarios de prisiones, no. El sindicato mayoritario en este cuerpo, ACAIP, denunció ayer a este diario que el Ministerio del Interior tiene paralizadas desde hace meses las obras de construcción de una de las nuevas cárceles previstas, la de Valencia II, que se está levantando en el término municipal de Siete Aguas. Además, otro centro penitenciario cercano a la inauguración, el de Antequera (Málaga), no podrá ser inaugurado cuando se termine próximamente por falta de funcionarios para ponerlo en marcha. Detrás de todo ello, los recortes presupuestarios sufridos por el departamento de Jorge Fernández Díaz, cuyo número 2, Ignacio Ulloa, ya anunció la semana pasada en una comparecencia en el Congreso de los diputados que la actual política del Gobierno es abrir “nada más que las infraestructuras [penitenciarias] que sean absolutamente necesarias”.

Un tercer centro, el de San Sebastián, con terrenos ya adjudicados, no tiene aún fecha para iniciar su construcción

El parón de las obras de la cárcel de Siete Aguas es la muestra más evidente de estos recortes. Fuentes del sector de la construcción confirmaron a Vozpópuli que las mismas "están paralizadas" por falta de presupuesto para continuar con ellas y que para este ejercicio era de 9 millones de euros. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), el organismo estatal encargado de gestionar las obras, así se lo ha transmitido de manera no oficial a las dos empresas adjudicatarias, Sacyr e Indra, a pesar de que hace menos de tres meses el director del propio ente, Andreu Roca, aseguraba en comisión parlamentaria que el ejecutivo de Rajoy iba a respetar los proyectos en marcha. Eso sí, ya hablo de “ralentización” y de eliminar parte de las instalaciones previstas. Ayer tanto los portavoces de Instituciones Penitenciarias como los de ambas compañías declinaron informar a este diario si estaba previsto continuar con estas obras y cuándo.

De los otros tres centros en construcción –los de Ceuta, Soria y Antequera— el futuro sólo es medianamente halagüeño en el caso de dos de ellos. Los planes, según fuentes sindicales, es inaugurar los dos primeros, porque ambos permitirán cerrar sendas prisiones antiguas y, por tanto, trasladar desde éstas los funcionarios necesarios para ponerlos en marcha, aunque en el caso de la ciudad norteafricano no al 100% al ser más grande la nueva. El de la localidad malagueña, sin embargo, cuyas obras están bastante avanzadas, puede seguir el ejemplo que hace unos años sufrió la cárcel de Zuera (Zaragoza), que estuvo varios años cerrada una vez construida. Ésta fue por motivos políticos, mientras que la de Antequera la causa será económica: la falta de dinero para incorporar nuevos funcionarios. Al ser un centro que no sustituirá a otro, se necesitan unos 480 para ponerla en marcha y, en estos momentos, no hay previsto convocar nuevas plazas por falta de presupuesto para ello. Otro centro programado y con terrenos ya adjudicados, pero cuyas obras aún no se han iniciado, la que debe sustituir en San Sebastián a la cárcel de Martutene, está también en el aire, según estas fuentes sindicales.

Los datos erróneos del ‘número 2’ de Interior

El frenazo en las obras de nuevas cárceles fue justificado la semana pasada por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, en el Congreso por un supuesto superávit en el número de plazas. Ulloa aseguró que el número de presos rondaba en la actualidad los 67.000 reclusos, mientras que la capacidad de las cárceles era cercana a las 80.000 plazas. Ayer, el presidente de ACAIP, José Ramón López, negó ambas cifras. Según el sindicato, el número de reclusos el día que el número 2 de Interior facilitó dichos datos era de 60.361. El de plazas, 41.192, poco más de la mitad de las que presumió Ulloa y, por tanto, insuficientes para una población reclusa que aunque estancada (desde comienzos de año sólo ha aumentado su número de 290 internos) aún es muy superior a la capacidad de las instalaciones existentes, según denuncia ACAIP.

Prisiones ha arrumbado en un almacen 650 televisiones de LCD ya pagadas que iba a instalar en las celdas de la nueva cárcel de Pamplona 

En otras cárceles, como la recién estrenada de Pamplona, los recortes han venido por la partida del equipamiento. En esta prisión, una de las que está previsto que acoja reclusos de la banda armada si se produce el acercamiento de un número importante al País Vasco, Instituciones Penitenciarias decidió poco antes de su puesta en marcha no instalar las 650 televisiones de 19 pulgadas LCD que había adquirido para las celdas y en las que ya había gastado 132.000 euros, como ya adelantó Vozpópuli. Los aparatos, según ACAIP, seguían ayer almacenados a la espera de encontrarles un destino. En la nueva prisión navarra también se ha dejado 'vacía' la piscina cubierta construida para los presos y que cuenta con una cubierta retráctil para que pudiera ser usada durante todo el año para evitar los gastos de mantenimiento y de socorrista, según Prisiones.

Privatización “encubierta”

El enfado de los funcionarios de prisiones no se acaba aquí. De hecho, el presidente de ACAIP denunció ayer la privatización encubierta de la seguridad de las prisiones que pretende iniciar el Ministerio del Interior con la excusa de los recortes presupuestarios. Fue el propio Ulloa quien en su comparecencia en el Congreso de la semana pasada anunció por sorpresa que los vigilantes privados no sólo optarían a sustituir a policías y guardias civiles en la custodia exterior de las cárceles, como se anunció en marzo, sino que también relevarían a los propios funcionarios en determinadas funciones dentro de las prisiones. Ulloa puso como ejemplo "mirar un monitor de seguridad dentro de la cárcel".

El 'número 2' de Interior aseguró en el Congreso que no "queda más remedio" que emplear seguridad privada en las cárceles

El número 2 de Interior justificó la propuesta, cuya puesta en marcha aplazó hasta el año que viene, en la imposibilidad de crear las 1.800 nuevas plazas de funcionarios necesarias para hacer frente a la futura apertura de varios centros. "Hay que poner mucho ingenio entre todos para poder paliar estas deficiencias", dijo después de incidir que "no queda más remedio que buscar alternativas, la alternativa de la seguridad privada". Esta apuesta por las empresas de seguridad privada en las cárceles ha sido presentado como una oferta de trabajo para todos aquellos escoltas privados que se iban a quedar en el paro después del importante recorte en los dispositivos de protección de personalidades que se ha producido en toda España y, sobre todo, en el País Vasco y Navarra tras el fin de la actividad de ETA.  

Sin embargo, ACAIP denunció ayer que en realidad se pretende beneficiar a las empresas privadas de seguridad y que estarán “atentos” a la composición accionarial de las que finalmente consigan los contratos, ya que éstos se adjudicarán, por motivos de seguridad, en concurso restringido. El presidente del sindicato destacó, además, que el ahorro para el Estado de esta parcial privatización de los centros penitenciarios será mínimo y, sin embargo, afectará muy negativamente a la seguridad de los mismos porque los agentes privados “no tienen las capacitaciones” de los funcionarios a los que van a sustituir. ACAIP propone la contratación de, al menos, 1.000 interinos. Con ellos, aseguran, se podría poner en marcha los nuevos centros penitenciarios ahora en peligro de quedar arrumbados y con los muros a medias.

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