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Ocho patronales acusan a Rosell de engañarles con la formación para favorecer a las grandes empresas

Las patronales de los hoteles, el comercio, la hostelería, las tecnológicas, las clínicas, las panaderías, la madera y la dependencia se rebelan en la asamblea de CEOE. Denuncian graves irregularidades en la manera en que Rosell negocia a sus espaldas el futuro de los 1.800 millones de euros que supone la formación en el empleo.

Las patronales de los hoteles, el comercio, la hostelería, las tecnológicas, las clínicas, las panaderías, la madera y la dependencia se rebelaron este martes en la asamblea de CEOE, y acusaron a Joan Rosell de negociar a sus espaldas el modelo de formación con el objeto de favorecer a las grandes empresas y al Gobierno.

Al cierre de la asamblea, en el turno de ruegos y preguntas, estas ocho organizaciones denunciaron de forma concertada "las graves irregularidades" cometidas en la negociación del futuro de los 1.800 millones de euros que supone la formación en el trabajo. "Nunca se había visto nada igual en una asamblea de CEOE", comentaba un viejo del lugar. 

El delicadísimo asunto de la formación profesional, esencial para la financiación de las patronales porque legalmente pueden llevarse hasta un 10 por ciento por su gestión, ha estallado en las manos del presidente de la patronal. Incendiadas, una sectorial tras otra intervino censurando abiertamente la manera en que Rosell está abordando las conversaciones con sindicatos y Gobierno para diseñar un nuevo modelo.

Y éstas reprocharon a Rosell que en materia de formación no escucha sus propuestas, no consensúa una postura, oculta el contenido de las reuniones con el Ministerio, defiende intereses distintos de los discutidos en los grupos de trabajo, no acepta las sugerencias de las bases y, por lo tanto, está engañándolas.

Ametic, CEC, Cehat, Ceopan, Confemadera, Fed, Fehr, y FNCP se han levantado en armas. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, hasta en dos ocasiones los miembros de este grupo han solicitado que se tengan en cuenta sus puntos de vista a la hora de esbozar el nuevo esquema. Sin embargo, Joan Rosell y el presidente de la Comisión de Formación, Javier Ferrer Dufols, se han saltado a la torera cualquier proceso de diálogo con estas patronales. "Nos hemos enterado por la prensa de sus comunicaciones y acuerdos con Gobierno y sindicatos", denuncian.

Antecedentes de la trifulca

De acuerdo con las versiones de estas patronales sublevadas, el primer motivo de descontento ocurrió porque Rosell estuvo unos seis meses entablando conversaciones con Gobierno y sindicatos sin tener en cuenta a sus asociados, un malestar que finalmente se recondujo bajo el compromiso de que se trabajaría para elaborar un documento conjunto.

Sin embargo, justo cuando parecía que se empezaba a construir un clima de consenso, estas organizaciones averiguan por los medios y por los sindicatos que se ha suscrito hace escasos días un acuerdo con CCOO y UGT para hacer frente común y que éste poco tiene que ver con lo convenido.

En ese momento, el equipo de Rosell presenta a las patronales un documento que según sostienen procede del Ministerio de Empleo y que prácticamente propone la desaparición de los agentes sociales de la formación en el trabajo. Se trata de que instaure un modelo basado en el pago directo a las empresas, la llamada formación bonificada, precisamente donde más bolsas de fraude se han detectado. Es el típico caso del regalo de una pata de jamón por un curso de cortador. O una tableta por un curso de informática. "La propuesta beneficia por un lado a las grandes empresas porque son las que pueden reclamar que les pertenecen X millones. Y por otro beneficia al Gobierno, porque la mayor parte de estos recursos no se terminan usando, se los queda el Estado y pueden destinarse a las políticas de parados. ¿Y quién sale perdiendo? Pues las pequeñas empresas", sostiene una fuente al tanto de las negociaciones.

"Figúrate cuál fue nuestra sorpresa cuando hablamos con la secretaria de Estado y desmintió que ese documento presentado por Rosell como del Gobierno haya sido confeccionado por el Ministerio. La propia Engracia Hidalgo reconoció que el pacto entre CEOE y sindicatos la cogió con el pie cambiado, y pidió que haya propuestas concretas y positivas", comenta un miembro de las patronales descontentas. De hecho, el próximo día 29 celebrarán una reunión con la secretaria de Estado con el fin de exponer su visión. 

La opinión oficialista

La respuesta del otro lado no se ha hecho esperar. "El mensaje de Rosell es claro. Estas patronales han de modernizarse, ponerse las pilas y dejar de depender tanto de los fondos de formación para financiarse. Ahora tienen la oportunidad de invertir en formación, homologar sus cursos, presentar una oferta formativa que se adapte a la demanda de las empresas y competir incluso ganando dinero con ello. Sin embargo, tienen miedo a perder ese 10 por ciento que se llevan por la gestión". 

En cambio, otras fuentes interpretan el conflicto de otra forma: "Estas patronales no se han enterado. El documento presentado junto a los sindicatos consistía en una propuesta de máximos de cara a las discusiones con el Ministerio. Los mismos UGT y CCOO lo quieren siempre que se haga con unos criterios ordenados, lo que significa que se fijarán unos requisitos que darán preponderancia a los agentes sociales en la formación y no a una academia cualquiera".

De forma oficial, Joaquín Gay de Montella, el presidente de Fomento del Trabajo, contestó en la asamblea que algunas de las organizaciones que se quejan no pagan su cuota a CEOE y que la Comisión de Formación no tiene poderes para negociar. Por su parte, Rosell ha explicado que si hace falta se votará y que el objetivo es hacer lo que quiera la mayoría. Algún asistente al grupo de trabajo defiende que sí que se explicaron con un powepoint las bases del documento consensuado con CCOO y UGT. 

En la actualidad, 0,7 puntos de las cotizaciones se recaudan para financiar cursos de trabajadores, de los que 0,6 puntos son aportados por las empresas y 0,1 por el empleado. Y hasta siete sentencias exigen que estos fondos se empleen exclusivamente en la formación de ocupados, en lugar de para sufragar formación y prestaciones de parados, tal y como ahora hacen Gobierno y Comunidades. "Es un dinero de las empresas, y ni el Gobierno ni la mismísima CEOE son quienes para decidir qué se hace con él", argumenta un representante de una patronal sectorial.


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