El Gobierno propone una reducción brutal de comités de empresa en la Administración

El martes pasado, un grupo de dirigentes sindicales pertenecientes a las organizaciones CCOO, UGT, USO, CSIF, CIG (gallega) y ELA (vasca) fueron citados en alguna dependencia gubernamental donde recibieron un borrador de 46 páginas que proponía una reforma de la representación sindical para el cuerpo de funcionarios. La propuesta dejó atónitos a los delegados, quienes la rechazarán en los próximos días, según afirman algunos de los que acudieron a la llamada del Gobierno: en esencia, el borrador plantea reducir drásticamente el número de comités de empresa que hay en la Administración General del Estado (AGE), lo que lógicamente haría menguar el número de representantes sindicales.

El borrador está plagado de terminología farragosa, solo apto para quienes hayan bregado en la negociación sindical. El título da cuenta de ello: Acuerdo de asignación de recursos y Racionalización de las estructuras de negociación y participación. Detrás de este rótulo infumable, hay medidas de enorme trascendencia. Plantea un ambicioso tijeretazo a los recursos sindicales en los centros de trabajo de la Administración Central, empezando por el número de miembros de comités de empresa y de juntas de personal (que representan al personal laboral y a los funcionarios, respectivamente).

Aunque nadie en las centrales se aventura a cuantificar la magnitud del recorte, queda claro que éste será notorio. “El objetivo es sacar al sindicato de los centros de trabajo”, zanja un delegado. La materialización del borrador se haría de la siguiente manera: los departamentos ministeriales repartidos en las provincias españolas pierden su comité de empresa quedando solo un comité de la Administración por provincia, algo que puede interpretarse como una ventanilla única sindical. Madrid, por su condición capitalina y por ser la sede central de todos los ministerios y demás órganos estatales, quedaría exenta de la medida.

El Gobierno ofrece a cambio aumentar el número de liberados que redujo con el Real Decreto de julio.

También se salvan los comités de empresa de los departamentos de Justicia provinciales y autonómicos, así como todas las secciones provinciales de la Agencia Tributaria. Fuentes sindicales explican que si el Gobierno ha decidido excluir a la Agencia Tributaria del recorte sindical es por la presión de los propios delegados.

Como contrapartida, el Ejecutivo propone aumentar el número de liberados representados en la AGE, así como los permisos con carácter parcial (las llamadas “horas sindicales”). Una oferta difícil de concebir: con el polémico Real Decreto 20/2012 de julio, el Ministerio de Hacienda aprobó una medida para reducir el número de liberados (Cristóbal Montoro habló de 6.000 delegados) en todas las Administraciones Públicas con el propósito de ahorrar 250 millones de euros. He ahí el embrollo: para que los sindicatos acepten, el PP dice que aumentará lo que ya redujo. A la guerra declarada entre CCOO y UGT y el Gobierno de Rajoy (hoy se oficializa la convocatoria de huelga general para el mes que viene), se ha abierto otro frente en los centros de trabajo.