LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'

Ruz choca con el nuevo jefe de la UDEF por los retrasos en un informe sobre pagos en negro del PP

El juez apremia a la Policía a que le entregue “a la mayor brevedad” el estudio que ordenó hace un mes sobre coincidencias entre la documentación intervenida a la empresa que realizó la reforma en Génova 13 y la contabilidad oficial del partido. También reclama el análisis de “las evidencias informáticas” halladas durante el registros en las oficinas de dicho estudio de arquitectura.

El juez Pablo Ruz, en una imagen de archivo.
El juez Pablo Ruz, en una imagen de archivo. EFE

Ya saltan chispas entre el recién nombrado máximo responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el nuevo comisario general de Policía Judicial Santiago Sánchez Aparicio, y el juez que instruye los 'casos Gürtel' y 'papeles de Bárcenas', Pablo Ruz. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 dictó el pasado viernes una providencia en el que reclama con urgencia al responsable del grupo policial que le remita para incorporarlos a la investigación que tiene abierta sobre la supuesta contabilidad B del PP los dos informes que encargó hace un mes sobre los supuestos pagos en negro de la reforma de la sede de Génova 13, y que aún no han llegado a su mesa.

El juez quiere tener cuanto antes en su mesa un "informe avance" sobre la documentación incautada en la empresa del imputado Gonzalo Urquijo y la contabilidad oficial del PP

En concreto, el magistrado exige que le sea remitido “a la mayor brevedad” un informe preliminar en el que se analice la documentación intervenida en el registro que se hizo a finales de septiembre en las oficinas de Unifica Servicios Integrales SL, la empresa de Gonzalo Urquijo, el arquitecto que se encargó de hacer la reforma del edificio 'popular', y los apuntes contables que el partido entregó el pasado mes de agosto referidos a dichas obras. También exige la rápida remisión del análisis con las “evidencias informáticas” obtenidas en los equipos informáticos intervenidos en la estudio de Urquijo, imputado en la causa por cobrar supuestamente en negro un 30% de dichos trabajos.

El juez recuerda en su escrito que todas estas diligencias están pendientes desde el 27 de septiembre, cuando dictó el auto en el que se acordaba la entrada y registro de la empresa de arquitecto, que duró cerca de 48 horas. Ruz destaca que una vez finalizado dicha actuación, él acordó que se elaborada con urgencia un “informe de avance” sobre lo encontrado en la sede de Unifica en el cual se debía hacer un “análisis de la documentación y efectos incautados […] con el correspondiente estudio comparativo con los restantes elementos documentales que obran en las actuaciones y aparezcan relacionados con aquella diligencia”.

Remodelación bajo sospecha

El instructor incide en su escrito que dicha comparación debe ser hecha “en especial” con los documentos que remitió el PP el 12 de agosto pasado “relativa a la obra de remodelación de la sede del mismo en la calle Génova, 13 de Madrid”. El juez pedía entonces, y ahora vuelve a reclamar a los responsables de la UDEF, que dicho informe incluya “las correspondientes conclusiones y propuestas de actuaciones”. De hecho, el magistrado aún no ha puesto fecha a la declaración como imputado del arquitecto a la espera de conocer dicho documento policial.

El magistrado también reclama el análisis de "las evidencias informáticas" halladas durante el registro de las oficinas de la sociedad que realizó la reforma de Génova 13

No es éste, sin embargo, el único estudio que Ruz está reclamando con urgencia a la Policía. También solicita que le sea entregado “a la mayor brevedad” el análisis "de las evidencias informáticas obtenidas en la diligencia de entrada y registro” de la empresa de arquitectura y recuerda que el clonado de todos los equipos se realizó hace ya tres semanas, en concreto el pasado 4 de octubre. El juez destaca que ya entonces se cursaron “las correspondientes instrucciones a la Brigada de Investigación Tecnológica”, también dependiente del nuevo comisario general de Policía Judicial, para que dicho material fuera puesto a disposición de la UDEF y que se emitieran “los preceptivos informes” sobre ello.

Entre ese último material, el juez espera encontrar el cruce de correos electrónicos que supuestamente mantuvieron dirigentes del PP con los responsables de la empresa Unifica para que el supuesto pago 'en negro' de 880.000 euros al arquitecto imputado por las obras de reforma que llevó a cabo entre 2005 y 2011. Dichas entregas aparecen recogidas en los celebres ‘papeles de Bárcenas’. El objetivo, según fuentes jurídicas, es identificar a los responsables del partido que se concertaron "activamente" con el empresario para abonar parte de sus trabajos en dinero negro y que para el magistrado son "colaboradores necesarios" del delito fiscal del que acusa a Urquijo.

Polémico relevo

La protesta del juez Ruz, plasmada en su providencia, se produce menos de dos semanas después de que el Ministerio del Interior hiciera pública su decisión de cesar de su puesto al hasta entonces comisario general de Policía Judicial, José García Losada, de quien dependía la UDEF, y pusiera en su lugar al Sánchez Aparicio. García Losada llevaba en su puesto poco más de un año, tiempo en el que esta unidad policial había elaborado varios informes para el instructor que pusieron contra las cuerdas a una integrante del Gobierno, la ministra de Sanidad, Ana Mato, y que sirvieron para ratificar la veracidad de los 'papeles de Bárcenas' que han hecho tambalearse los cimientos de Génova 13.

Hace sólo dos semanas, Interior cesó al anterior comisario que mandaba la UDEF, responsable de los informes sobre la ministra Ana Mato y los 'papeles de Bárcenas'

García Losada, que ha pasado ahora a dirigir la burocrática Jefatura de la División Económica y Técnica, había sustituido en julio de 2012 al comisario José Enrique Rodríguez Ulla, quien entonces fue destituido también de modo fulminante tras permanecer sólo seis meses en el cargo. Interior alegó entonces “falta de confianza” para justificar este cese, aunque detrás del vago argumento se ocultaba el malestar que había creado en el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz que este mando policial hubiera iniciado sin previo aviso una investigación sobre el ático en Marbella (Málaga) que tenía alquilado el entonces vicepresidente y hoy máximo mandatario de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

El actual comisario general de Policía Judicial, al que ha recriminado Ruz la tardanza en la elaboración de los informes, es Santiago Sánchez Aparicio. un licenciado en Ciencias de la Información que ha sido jefe de la Unidad de Análisis y Tratamiento de la Información e impulsor del sistema de inteligencia criminal. Hasta su nombramiento era el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento. Fuentes policiales auguran que su llegada al puesto puede provocar a su vez otros cambios en los escalones inferiores, ya que es habitual que los mandos policiales incorporen a sus equipos personas de su máxima confianza. Estas fuentes no descartan que entre los afectados se encuentren algunos de los mandos integrados en la propia UDEF.


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