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Hacienda desacredita en cuatro folios los 'papeles de Bárcenas': "incongruentes"

El informe de la Intervención General del Estado esgrimido por la Fiscalía para rechazar la ampliación de la querella a Cascos, Acebes y 15 nuevos empresarios aprovecha sus escuetos quince párrafos para desacreditar la validez de los apuntes contables del extesorero.

Luis Bárcenas sale de un establecimiento situado en Madrid
Luis Bárcenas sale de un establecimiento situado en Madrid Gtres

Cuatro folios con quince párrafos han servido para que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) eche un jarro de agua fría sobre la investigación de los llamados 'papeles de Bárcenas'. El organismo dependiente de Hacienda asegura que los apuntes contables del extesorero del PP tienen "numerosas incongruencias" y que, pese a que cerca de medio centenar de sus anotaciones ya se han demostrado como ciertas, considera que "hay algunos que no responden a la realidad".

El documento, esgrimido ayer por la Fiscalía Anticorrupción para negarse a la ampliación de querella a los exdirigentes 'populares' Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, así como a quince nuevos empresarios, señala que el escrito presentado por la acusación que representa IU "no añade ningún hecho o documento" para modificar las conclusiones a las que llegaron en un informe anterior, de 9 de octubre pasado, y en el que ya recalcaban que "no es posible demostrar que se han adjudicado contratos públicos como contrapartida a los ingresos por donaciones que demuestran los papeles de Bárcenas".

Los expertos de la IGAE no solo intentan desacreditar en su escrito la ampliación de la querella, sino también los propios apuntes contables del extesorero del PP. De hecho, recalcan que Bárcenas no ha entregado aún "ningún documento que demuestre la autenticidad de los apuntes que los papeles atribuyen" a tres dirigentes del partido: Cascos, Acebes y el gerente del PP gallego Ángel Piñeiro. Además, insisten que aunque finalmente se demostrara la realidad de los mismos, al ser anteriores a 2007, los delitos están prescritos: "Si fueran reales, aspecto no demostrado con documentación, no tendrían transcendencia penal".

También resta valor a las acusaciones que la querella vertía sobre quince nuevos empresarios "que Luis Bárcenas identifica en sus declaraciones como autores de las donaciones que aparecen en sus Papeles". De nuevo vuelve a hablar de la prescripción de delitos en once de los casos, y sólo en cuatro de ellos, aquellos que realizaron supuestamente donaciones en 2007 ó 2008, serían en su opinión aún perseguibles penalmente. Además, Hacienda considera que los 46 pagos "acreditados" hasta ahora como "veraces por los propios interesados o por la documentación obrante en la causa" no son suficientes para dar credibilidad a los apuntes contables. "Opinamos que el que algunos de estos apuntes parezcan veraces no confirma la validez del resto", afirma antes de añadir que "debido a las numerosas incongruencias de esos papeles, sugieren que o no están todos los movimientos o hay algunos que no responden a la realidad".

El informe de IGAE es también especialmente duro con la ampliación de querella presentada por IU. Sobre ella asegura que las tablas con las que la representación legal de la formación política pretendía demostrar la supuesta participación de Álvarez Cascos en un delito de cohecho durante su estancia al frente del Ministerio de Fomento "a nuestro juicio no demuestran nada". Tampoco consideran los expertos de Hacienda como una prueba la coincidencia temporal entre las entregas de dinero por parte de algunos empresarios y la adjudicación de obra publica a sus empresas. De hecho, califican dicho criterio como "muy discutible". En este sentido, los técnicos insisten no haber encontrado "otras variables que permitan relacionar donativos con contratos, como podría ser una relación entre el donativo y el precio de adjudicación".

Incluso desacreditan la utilidad de una de las diligencias solicitada por IU en su ampliación de querella: solicitar al Registro Público de Contratos la certificación de los contratos firmados por 15 empresas y sus filiales con las administraciones públicas. Hacienda considera que dicha información "no serviría para buscar relaciones" entre las entregas de dinero irregulares y las adjudicaciones.


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