LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL JUEZ EN EL AUDIENCIA NACIONAL

Ruz saca del caso Bárcenas la 'mordida' de dos concejales del PP para poder concluir el sumario

El juez envía a los juzgados de Alcalá de Henares la denuncia de un funcionario que acusa a dos cargos 'populares' de cobrar comisiones por adjudicar obras. Todo apunta al cierre en breve de la causa sobre los apuntes contables del extesorero.

El juez Pablo Ruz, a su llegada a la Audiencia Nacional la pasada semana.
El juez Pablo Ruz, a su llegada a la Audiencia Nacional la pasada semana. EFE

Los días del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional llegan a su fin. Por ello, el aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acelera la conclusión de los numerosos sumarios que aún tiene abiertos. Entre ellos, la pieza separada del 'caso Gürtel' que abrió tras salir a la luz los célebres 'papeles de Luis Bárcenas' y en la que investiga la supuesta financiación ilegal del PP. En ella, Ruz ha decidido en las últimos jornadas la inhibición en otros órganos judiciales de la investigación de varios flecos cuya conexión con la causa no estaba del todo clara. La semana pasada lo hizo con dos. Uno, el referido a una denuncia anónima sobre las supuestas irregularidades en los pagos de la sede del PP en Granada, como adelantó Vozpópuli este miércoles. El otro, la denuncia de un funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) que acusa a dos concejales del PP en este consistorio de recibir 'mordidas'.

El magistrado ha decidido inhibirse al no encontrar "vinculación" entre los hechos denunciados por el funcionario municipal y los 'papeles de Bárcenas'

Así lo refleja un auto dictado por el magistrado el pasado 10 de marzo al que ha tenido acceso este diario. En el mismo detalla que el 5 de mayo de 2014 entró en la Audiencia Nacional un escrito del funcionario Juan Antonio Camargo en el que denunciaba "unas posibles adjudicaciones irregulares por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares hacia la empresa Licuas", una de las investigadas por las donaciones ilegales al PP. El escrito del juez recuerda que en aquella misiva, el trabajador municipal señalaba como presuntos implicados a un directivo de dicha empresa y a dos concejales del PP en dicha localidad, Francisco Javier Fernández Abad y Gustavo Severien Tigeras, ambos integrantes del equipo de gobierno 'popular' de la localidad. Con esta denuncia en la mano, Ruz ordenó varias diligencias, entre ellas un informe a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el alcance real de la denuncia. Este informe llegó al Juzgado el pasado 11 de febrero y en él los agentes concluían que "existen indicadores en relación a que la empresa Licuas podría haber efectuado entregas de efectivo a cambio de la adjudicación de contratos o trabajos".

Sin "vinculación"

Pese a ello, el juez ha decidido ahora, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, inhibirse en este caso en los juzgados de Alcalá de Henares al considerar que no existe "vinculación" con los 'papeles de Bárcenas'. "Y ello porque aunque el denunciante refiere unos hechos que pudieran ser constitutivos de delito, los mismos habían tenido lugar en el 2006 y afectaría entre otros a la empresa Licuas SA, a su director general, José Antonio Fernández Segado, a los concejales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares que se dicen en la denuncia y al propio denunciante, por lo que no existe conexión ni temporal ni personal" con la causa, señala el escrito judicial. Y ello a pesar de que el propietario de la mercantil bajo sospecha, Joaquín Molpeceres, ha declarado ante Ruz por la anotación de los apuntes contables del extesorero del PP que le hacen responsable de la supuesta entrega de 60.000 euros a la caja B de Génova". Ruz recalca que esta supuesta donación se remonta a junio de 2004, dos años antes de los hechos denunciados.

Otra denuncia del mismo trabajador municipal ya fue derivada por la Audiencia Nacional a los juzgados de Alcalá de Henares, donde finalmente fue archivada en 2013

Por todo ello, el magistrado concluye que la causa tiene que ser investigada por los juzgados de la localidad madrileña y ordena que se envíe al Decanato de los mismos para que sea éste el que proceda a asignarlo a uno de ellos. En este sentido, el auto del juez recuerda que ya pasó algo parecido con otra denuncia que este funcionario hizo en 2009, al poco de estallar el 'caso Gürtel'. Entonces, aquellos hechos fueron tramitados en un primer momento como una pieza separada en la Audiencia Nacional para finalmente, en enero de 2012, trasladar la misma a un órgano judicial de Alcalá de Henares. Allí estuvo abierta la causa sólo un año, hasta que el 14 de enero de 2013 el Juzgado de Instrucción número 4 ordenó el "sobreseimiento provisional y archivo". Una decisión que fue confirmada en octubre de ese mismo año por la Audiencia Provincial.

Anticorrupción y los constructores

Esta decisión del juez viene a sumarse a los últimos movimientos de la Fiscalía, que ha comenzado a pedir que se retire la imputación a un grupo importante de los empresarios, algunos de ellos presidentes de las mayores constructoras de España. Su argumento: la falta de pruebas de que las supuestas donaciones se tradujeron en adjudicaciones de contratos públicos. Una vía de investigación que el propio Ruz da ya por cerrado ante la imposibilidad de encontrar indicios de cohecho. Por ello, los esfuerzos del magistrado se centran ahora en la financiación ilegal del PP y en el destino de parte de estos fondos para pagar en negro la costosa remodelación de la sede de Génova 13. Junto al delito fiscal supuestamente derivado de ambas irregularidades, el juez Ruz también baraja abordar jurídicamente el conjunto de los 'papeles de Bárcenas' como un delito contable al creer ya probado que dichos apuntes eran en realidad una contabilidad real distinta a la oficial.

La causa de los 'papeles de Bárcenas' se acerca a su tramo final. La Fiscalía ya ha pedido que se retire la imputación a parte de los empresarios encausados

En este caso, como en el supuesto delito fiscal en el Impuesto de Sociedades, el magistrado no podrá hacer responsable al PP como persona jurídica, sino que tendrá que hacer recaer la culpa en una persona física, en este caso quien fuera el administrador del partido en aquellos años. Este no es otro que el propio Luis Bárcenas. El juez también ha investigado la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja b del PP así como la supuesta financiación ilegal de la compra de las sedes del PP en Bilbao y Logroño gracias, supuestamente, a donaciones ilegales de constructores. Sin embargo, buena parte de éstas están aún en una fase inicial, muy lejos de concluir. En estos casos, no descarta derivar parte de las mismas a juzgados ordinarios como ha hecho ya con las supuestas 'mordidas' de los dos concejales del PP de Alcalá de Henares.

UN PAVIMENTO BAJO SOSPECHA

La investigación sobre las supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Alcalcá de Henares, donde gobierna el PP con mayoría simple, se inició en mayo de 2014 cuando un funcionario municipal, Juan Antonio Camargoenvió al magistrado de la Audiencia Nacional "por fax" una denuncia en la que implicaba directamente a un alto cargo de la constructora Licuas SA, José Antonio F.S., y a los concejales Fernández Abad y Severien Tigeras en una presunta trama de "comisiones a cambio de contratos de obras". Los agentes interrogaron al denunciante el pasado 10 de diciembre durante tres horas en las que éste no sólo ratificó el contenido del documento que había remitido al juez Ruz, sino que dio más detalles y aportó documentación.

Durante su declaración, Camargo detalló que la adjudicación del contrato de 406.890,15 euros para remodelar el pavimento del centro histórico de la localidad madrileña, "se llevó a cabo de una manera irregular, pues la empresa a la que debía habérsele otorgado los trabajos era a Constructora Hispánica [mercantil salpicada en el 'caso Gürtel'] debido a que ésta había presentado una mejor oferta". Sin embargo, siempre según su testimonio, el concurso se lo terminó llevando Licuas "por las indicaciones que había recibido de sus superiores, concretamente por parte de Francisco Javier Fernández Abad, concejal de Obras y Servicios"

En su relato a la Policía, el funcionario municipal detalló que él se reunió en agosto de 2006 con José Antonio F.S., el directivo de Licuas, "con el objeto de formalizar la firma de las certificaciones que quedaban pendientes de los trabajos realizados" y que fue en dicho encuentro cuando éste "le comunica que por la adjudicación se entregarían unas comisiones, diferenciado por un lado a concejales y por otro a técnicos". Juan Antonio Camargo aseguró a los agentes de la UDEF que él rechazó dicha 'mordida' y que pidió al representante de la constructora "que su parte la ingresasen en Cruz Roja"

Con este testimonio en la manos, los agentes de la UDEF comprobaron, gracias a la documentación que la propia empresa tuvo que aportar al 'caso Bárcenas' cuando su presidente, Joaquín Molpéceres, fue imputado por el juez Ruz por aparecer su nombre en uno de los apuntes contables del extesorero por una supuesta 'donación' irregular de 60.000 euros realizada en junio de 2004que "la sociedad Licuas ha resultado adjudicataria de un gran número de contratos públicos por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares", gobernada por el PP desde 2003.  Con todo ello y con el apunte de los 'papeles de Bárcenas' en el que se señala al dueño de la constructora como 'donante' del PP, la UDEF concluía que "existen indicadores en relación a que la empresa Licuas podría haber efectuado entregas de efectivo a cambio de la adjudicación de contratos o trabajos". 


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