LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA CONTABILIDAD OPACA DEL PP

La acusación pide al juez Ruz que declaren Cascos, Arenas y Cospedal por los 'papeles de Bárcenas'

Sus abogados presentan hoy en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicitan cuarenta diligencias. Junto al testimonio de los dirigentes, reclaman nuevos datos de OHL, Sacyr y FCC, y el IRPF de Pío García-Escudero del año 2000.

El viacrucis judicial del PP está lejos de acabar. La acusación popular ejercida por Izquierda Unidad (IU), la Asociación Libre de Abogados (ALA) y Ecologistas en Acción entrega este jueves al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, un escrito en el que solicitan que, además de José María Aznar, sea citados a declarar como testigos dentro del sumario abierto por los ‘papeles de Bárcenas’ la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y dos de sus antecesores, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas. El objeto es que los tres expliquen “el procedimiento seguido para la recepción de las donaciones ‘anónimas’” percibidas por el partido en los años en que cada uno de ellos ocupó el cargo.

IU considera que de las delaraciones de testigos e imputados prestadas hasta ahora "se infiere la existencia de una asociación ilícita en el seno del Partido Popular"

Esta petición se produce después de que se conociera la semana pasada que una de las acusaciones particulares, la ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), había pedido que el expresidente del Gobierno acudiera a la Audiencia Nacional a raiz de la declaración de un testigo, el exdirigente navarro Jaime Ignacio del Burgo. Éste había asegurado al juez Ruz que fue el propio Aznar quien autorizó en 1991 que el recién nombrado consejero de Salud de Navarra, Calixto Ayesa, recibiera una compensación de 3.600 euros al mes, como aparecía reflejado en las anotaciones contables del extesorero. Ahora, IU y las otras asociaciones que ejercen conjuntamente la acusación popular también piden la misma prueba testifical y, además, cerca de cuarenta diligencias más. Entre ellas, la comparecencia ante el magistrado de Álvarez Cascos, Arenas y De Cospedal.

Los letrados de la acusación reflejan en su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que a la vista de las declaraciones de los nueve testigos, dos peritos caligráficos de la Policía y nueve imputados que tuvieron lugar entre el 20 y el 29 de mayo, "se infiere la existencia de un esquema delictivo que acreditaría, entre otros delitos, la existencia de una asociación ilícita en el seno del Partido Popular". Por ello, solicitan las declaraciones de la actual secretaria general y sus antecesores, además de la del propio Luis Bárcenas y el también extesorero Álvaro Lapuerta. Quieren que todos ellos identifiquen a los autores de las donaciones que el partido calificó de "anónimas" y que, en opinión de los querellantes, no son tales sino una burda maniobra para poder sobrepasar el límite legal que permitía la ley. Además de los cargos del partido y los extesoreros, el escrito también solicita que declaren aquellas personas que realizaron las labores de secretaría para los responsables de las finanzas en Génova 13.

Tras las declaraciones de Villar Mir y Del Rivero

El escrito hace además un repaso de las declaraciones prestadas por los testigos e imputados que han comparecido hasta ahora para, a partir de ellas, pedir más diligencias. Así, reclama que OHL especifique a qué organismos realizó donaciones, después de que su presidente, Juan Miguel Villar Mir, imputado en la causa tras aparecer su nombre en la contabilidad B del partido, asegurase que entregaba dinero a formaciones políticas y sindicatos. A Sacyr-Vallehermoso le reclama que detalle qué "directivos o empleados" participaron en las negociaciones de contratos con los ministerios de Medio Ambiente o Fomento entre 1996 y 2004, tras afirmar su expresidente, Luis del Rivero, la existencia de dichos encuentros.

El escrito solicita al juez que reclame a Hacienda la declaración de la renta del año 2000 de Pío García-Escudero para comprobar si incluyó el préstamo que aquel año le hizo el partido

También pide la comparecencia de los administradores de Promociones Teide SA y BBR PTE, dos filiales de Fomento de Construcciones y Contratas que, según reconoció uno de sus directivos, José María Mayor Oreja, fueron utilizadas para hacer entregas de donativos al PP en lugar de la constructora, que lo tenía prohibido por ley al contratar con la Administración. Otras empresas a las que la acusación popular pide que aclaran donaciones y concesiones de obras son AZVI y Rubau Construcciones, después de que sendos directivos de éstas, también imputados, reconocieran entregas de dinero "para la realización de fotos, eventos o patrocinios" uno y como entregas a título particular el segundo. Al Grupo Sando, cuyo presidente, José Luis Sánchez Domínguez, negó cualquier abono, le reclama nuevos datos sobre la adjudicación de las obras de la autovía Madrid-Toledo.

Además, el escrito solicita al juez Ruz nueva información sobre la contabilidad interna del PP y las declaraciones de varios empleados del partido. Pide que se requiera a Génova 13 para que entregen "las normas internas, protocolos o certificación-explicación sobre percepción de honorarios, salarios, retribuciones, suplidos, compensaciones económicas o cualquier otro pago ordenado o permitido por la Dirección Nacional del Partido Popular a personas físicas vinculadas al partido, especialmente a aquellos de sus miembros integrantes de órganos directivos nacionales y/o con responsabilidades en el partido y/o en las instituciones". Además, quiere que el PP aclare qué funciones tenía una enigmática Comisión de Infraestructuras del partido y quién la formaba, y cuya existencia reveló uno de los empresarios imputados.

También reclama las cuentas de la Fundación Humanismo y Democracia de los años 2003 y 2004 después de que uno de sus patronos, el diputado Eugenio Nasarre, reconociera como ciertas las anotaciones de los papeles de Bárcenas que reflejaban la recepción de dos entregas de dinero. Nasarre detalló que esas cantidades fueron recibidas en el despacho de Bárcenas y Lapuerta. Además, la acusacion popular solicita que se libre un oficio a la Agencia Tributaria (AEAT) para que incorpore a la causa las declaraciones del IRPF del año 2000 del actual presidente del Senado, Pío García-Escudero, quien reconoció haber recibido un préstamo del partido para reparar su casa dañada por un atentado y, sin embargo, no haberlo declarado al fisco.


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