LA INVESTIGACIÓN DE LA SUPUESTA CAJA 'B' DEL PP

Anticorrupción saca del cajón cinco informes del 'caso Bárcenas' con Ruz a punto de marcharse

La Fiscalía entrega ahora al juez los análisis que encargó a Hacienda entre el verano de 2013 y junio de 2014 y que aún no había incorporado a la causa, según fuentes jurídicas. En los mismos, se incide en la veracidad de buena parte de los apuntes contables del extesorero.

Luis Bárcenas, a su salida de la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid.
Luis Bárcenas, a su salida de la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. EFE

La próxima salida del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional no sólo ha llevado a éste a reclamar con urgencia los informes pendientes en el caso Gürtel y en la pieza separada de los 'papeles de Bárcenas'. También la Fiscalía Anticorrupción ha movido ficha en las últimas semanas, aunque en el caso concreto del representante del Ministerio Público en la investigación sobre los apuntes contables del extesorero del PP de una manera un tanto peculiar. Antonio Romeral ha entregado ahora en la Audiencia Nacional cinco informes que él mismo encargó a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un órgano que depende del Ministerio de Hacienda)entre junio de 2013 y el mismo mes de 2014 sobre diferentes aspectos de la investigación, incluido el supuesto pago en negro de las obras de remodelación de la sede 'popular' de la calle Génova o la veracidad de los documentos que Bárcenas entregó en varias carpetas para demostrar sus acusaciones contra sus excorreligionarios. La decisión de la Fiscalía de entregarlos ahora, un año y medio después de que alguno fuera elaborado, ha provocado malestar en las acusaciones, que critican que los haya mantenido en un cajón todo este tiempo.

El pasado 10 de diciembre, el fiscal presentó un escrito al juez Ruz al que adjuntó los cinco informes de Hacienda que él mismo había encargado en 2013 y 2014

La decisión de Anticorrupción de entregar los cinco informes se concretó el pasado 10 de diciembre con un escrito remitido al juez Ruz al que adjuntó dichos documentos. Un mes después, el magistrado dictaba una providencia en el que ordenaba que los mismos, que según insisten diversas fuentes jurídicas consultadas no todos obraban hasta ese momento en el sumario, se incorporaran al mismo y se diera acceso a las partes personadas. Algo que ocurrió el pasado lunes. Todos están elaborados por la IGAE y, más en concreto, por la funcionarios de este organismo de Hacienda adscritos de manera permanente a la Fiscalía. Además, en todos ellos sus autores especificaban que se habían elaborado "atendiendo a la solicitud" del propio Ministerio Público, que es el que indicaba cuál era el objeto de estudio y facilitaba la documentación sobre la que trabajar, ya fuera copia de los célebres 'papeles de Bárcenas' o declaraciones judiciales.

El informe más antiguo ahora incorporado a la causa tiene fecha del 17 de junio de 2013 y en él los expertos de Hacienda hacían un análisis de "las relaciones entre la contabilidad del Partido Popular y los ingresos y pagos publicados por El País". En aquel momento, el extesorero, aún en libertad, seguía negando su autenticidad y, de hecho, días después comparecía en la Audiencia Nacional a declarar, tras lo que fue enviado a prisión. Este informe consta de 71 páginas, nueve anexos y 28 documentos adjuntos, y en el mismo se destacaba que se habían encontrado quince trasvases de fondos desde la supuesta contabilidad 'B' a las cuentas oficiales del PP, además de "otras coincidencias". No obstante, también recalcaba la existencia de "incongruencias" y "errores" en los 'papeles de Bárcenas' pese a admitir que "la información contable" con la que habían trabajado era "incompleta". Por ello, reclamaban entonces a la Fiscalía que pidiera nueva documentación más detallada, sobre todo de las cuentas del PP en Galicia, Málaga, Sevilla, Cantabria y La Rioja.

Donaciones y adjudicaciones

El segundo informe es del 10 de octubre de 2013, y en él los funcionarios de la IGAE analizaban "la relación entre los donativos recibidos por el Partido Popular y la adjudicación de contratos por parte del sector público". En 23 páginas, dos anexos y tres documentos, los expertos de Hacienda desmenuzaban la querella que en febrero de ese mismo año había presentado Izquierda Unida (IU) y otras asociaciones contra varios dirigentes del PP y trece empresarios que aparecían como donantes en los 'papeles', así como la supuesta correlación entre estas entregas de dinero y las adjudicaciones a sus sociedades por parte de la Administración. En el mismo, los técnicos de la Intervención concluían que "no es posible demostrar que existe relación entre la contratación pública con los 13 grupos de empresas [...] y lo ingresos por donativos", una idea que han repetido posteriormente en otros informes encargados por el propio juez Ruz.

Dos de los informes se centran en negar la relación entre las donaciones de las empresas y las adjudicaciones que recibieron de las Administraciones gobernadas por el PP

Poco después, Anticorrupción encargaba un nuevo informe a Hacienda sobre la misma cuestión después de que IU ampliara en septiembre su querella e incluyera en la misma a 16 presuntos 'donantes' que habían sido identificados por la UDEF en el transcurso de sus pesquisas. Entregado por los expertos de la IGAE al fiscal en diciembre del mismo año, es mucho más breve: sólo 30 páginas sin anexos ni documentos, ya que. como detallaban sus autores, "viene a ser una ampliación" del que emitieron en el mes de octubre anterior. "Este informe pretende determinar, mediante la revisión de los hechos y documentos que incluye la ampliación de la querella de IU si existen nuevos datos que permitan probar, o al menos sospechar, que los contratos adjudicados a alguna de las personas/empresas que aparecen en los 'papeles de Bárcenas' como donantes estaban relacionados con los donativos", señalaba. Sus conclusiones, sin embargo, no difirieron del anterior: "Seguimos creyendo que no es posible demostrar que se han adjudicado contratos públicos como contrapartidas a los ingresos por donaciones". El informe hacía un especial análisis de las sospechas que IU vertía sobre Francisco Álvarez Cascos y su etapa al frente del Ministerio de Fomento para afirmar que éstas eran "completamente inverosímiles". Este informe lo utilizó la Fiscalía poco después para oponerse a dicha imputación.

Nueve carpetas y un 'pendrive'

Ya en 2014, la Fiscalía encargó otros dos informes. El primero lo recibió el 3 de febrero de 2014 y en él la IGAE analizaba "la documentación aportada por D. Luis Bárcenas y su relación con los ingresos y pagos de los 'papeles de Bárcenas". En concreto, estudiaba las nueve carpetas con documentación en papel y el 'pendrive' que el extesorero del PP entregó al juez Ruz tras entrar en prisión para confirmar sus acusaciones contra el PP. El informe, de 67 folios, siete anexos y 26 documentos adjuntos, insistía en sus conclusiones sobre "los errores, duplicidades e incoherencias" de los apuntes contables, pero también apuntaba a que algunas de las afirmaciones de Bárcenas tenían verosimilitud, sobre todo las referidas a la compra de acciones de Libertad Digital con fondos de la caja B del partido, la existencia de una contabilidad opaca también en el PP de Galicia y las sospechas sobre la procedencia del dinero con el que se pagó la sede en Bilbao de los 'populares'. No obstante, los técnicos de Hacienda hacian también hincapié en lo que calificaban de "situación inexplicable" de uno de los archivos informáticos contenidos en el 'pendrive': "Fue guardado por última vez en abril de 1993 y extrañamente contiene los movimientos de los papeles hasta diciembre de 1993".

Uno de los documentos de Hacienda en poder de Anticorrupción confirma las sospechas sobre los pagos en 'negro' de las obras en la sede del PP de la calle Génova

El último informe de la IGAE entregado ahora por la Fiscalía tiene fecha del 11 de julio de 2014 y versaba sobre "los pagos que aparecen en los papeles de Bárcenas como realizados a Gonzalo Urquijo (Unifica)", en referencia al arquitecto cuya empresa se encargó de la reforma de la sede central de la calle Génova bajo sospecha de haber sido sufragada en buena parte con dinero negro. En 57 páginas, un anexo y quince documentos, los expertos de Hacienda concluían que la afirmación de Bárcenas sobre una rebaja del 8% en los pagos hechos en 'B' tenía el respaldo de la coincidencia en las fechas y las cantidades de los abonos reflejados en la contabilidad paralela que llevaba el extesorero. En total, algo más de un millón de euros. No obstante, los técnicos de Hacienda insistían que no habían podido trabajar con toda la documentación intervenida tanto en el registro de la sede del PP como en el de las oficinas de la empresa de la reforma y que, de hecho, su principal material de trabajo habían sido los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.


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