Publicado: 18/11/2015 04:00
Los socialistas catalanes en el Ayuntamiento de Barcelona serán los responsables de que más de 126.000 propietarios de viviendas en la ciudad pagar más por concepto del IBI el año que viene. La subida en cuestión, que se aplicará a las viviendas cuyo valor catastral al cierre de este ejercicio iguale o supere los 100.000 euros, ha sido llevada adelante por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras recabar el apoyo del PSC para incluir esta reforma en su programa de ordenanzas fiscales para 2016, tal y como los socialistas reclamaban.
Barcelona en Comú había propuesto que este impuesto quedara “completamente congelado”, pero el PSC ha defendido la progresividad del mismo
La mayor parte de los propietarios de Barcelona –que son aquellos cuyas viviendas tienen un valor catastral que oscila entre los 100.000 y 300.000 euros- verán incrementado este impuesto. Así lo ha aprobado el pleno extraordinario del Consistorio aceptando la propuesta de ordenanzas fiscales gracias al voto de calidad de la alcaldesa. El grupo municipal del PSC y la CUP, tal como anunciaron la semana pasada, han votado favorablemente mientras que ERC se ha abstenido. CiU, Ciudadanos y PP han dicho votado en contra, con lo que el empate era de 18 concejales a favor y 18 en contra.
Crítica a la unión entre el PSC y la CUP
Desde Ciudadanos y el PP se ha criticado “que el PSC se una a los radicales antisistema de la CUP para aprobar la subida del IBI en Barcelona que lejos de afectar a los más ricos afectará a los propietarios de clases bajas y medias de la ciudad”. En un principio, Barcelona en Comú había propuesto que este impuesto quedara “completamente congelado”, pero el grupo socialista que lidera Jaume Collboni ha defendido la progresividad del mismo para que pagaran los vecinos con “mayor poder adquisitivo”.
Una de las voces más críticas ha sido la de la portavoz de CiU en asuntos económicos, Sònia Recasens, que ha calificado el gobierno de Colau como "errático, demagógico y populista". Además, ha advertido que influir sólo en el 0,6% de los ingresos municipales con la subida del IBI no es sinónimo de llevar a cabo una fiscalidad más justa. Por su parte, Carina Mejías –líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona- ha apuntado que al aumentar este impuesto en función del valor catastral del piso no se puede discriminar la renta de los vecinos, una reflexión apoyada por el PP.
Mejías: “¿Cómo justifican que estas personas tienen rentas altas? ¿Quién sabe si han adquirido su casa por transmisión patrimonial o por herencia?"
Mejías ha explicado a Vozpópuli que su formación ha votado en contra de las ordenanzas fiscales de Ada Colau –que gobierna con 11 concejales de 42 gracias a los apoyos puntuales del PSC, ERC y la CUP- puesto que el gobierno municipal “ha perdido una oportunidad para ayudar a las familias, a quien castigan, y a los sectores económicos que crean empleo, como los pequeños y medianos comerciantes”, disminuyendo la presión fiscal.
La concejal de Ciudadanos ha explicado que el aumento del IBI es “injusto” porque afectará a más de 126.000 viviendas, con un valor catastral de entre 100.000 y 300.000 euros: “¿Cómo justifican que estas personas tienen rentas altas? ¿Quién sabe si han adquirido su casa por transmisión patrimonial o por herencia? Han establecido los porcentajes sin discriminar las ingresos de las personas que viven allí”.
Mejías ha defendido además que “ante una ciudad que es solvente, la rebaja fiscal podría haber redundado de manera transversal en todas las economías domésticas en función de sus rentas, no del valor catastral”. Por eso ha lamentado que el Gobierno no haya aceptado la propuesta de Ciudadanos de “disminuir o incluso eliminar la plusvalía”. “Era un buen momento, porque el valor de los inmuebles ha caído a niveles de hace 10 años, por lo que no es comprensible grabar los pisos cuando han perdido su valor”, ha explicado.
Se amplían superficies comerciales por silencio administrativo
Por su parte, el líder de los populares barceloneses, Alberto Fernández Díaz, ha defendido que se trata de una "congelación trampa" y que Barcelona sigue siendo "Taxalona". Fernández ha denunciado que Ada Colau hace como su antecesor Xavier Trias y aprueba superficies comerciales por silencio administrativo.
La actual Ejecutiva municipal tuvo 15 días, tras formarse el nuevo Gobierno, para evitar la aprobación por silencio administrativo de la ampliación de Zara de Paseo de Gracia pero no hizo las gestiones necesarias para evitar esta situación. Asimismo, también se aprobará este mes por el mismo procedimiento la ampliación de superficie de uso comercial de Heron City.
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