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Caja Madrid dijo a los titulares de las ‘tarjetas black’ que contaban con el aval de Hacienda

La Agencia Tributaria niega cualquier tipo de pacto. Ha comenzado ya a citar a los titulares y apunta que deberían haberlas declarado como renta o como gasto. 

Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, a la salida de los juzgados en Madrid
Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, a la salida de los juzgados en Madrid EFE

Los responsables de Caja Madrid dijeron a los titulares de las tarjetas opacas que Hacienda conocía el sistema en b. Así lo han relatado a Vozpópuli dos de los titulares consultados que piden no ser identificados. Según afirman, el equipo de Blesa les aseguró que contaban con el visto bueno de un inspector de Hacienda asignado a la entidad y al que identifican como Cipriano, que falleció hace dos años. Hacienda niega la posibilidad de cualquier tipo de acuerdo, desmiente esa permisividad y asegura que un inspector no puede dar esas garantías.

Los dos titulares de las tarjetas opacas consultados aseguran que preguntaron explícitamente a Ildefonso Sánchez-Barcoj por la tributación de las tarjetas y recuerdan que se les explicó que era la propia caja la que tributaba por ellas por lo que no era necesario que ellos las declararan. El sistema, según les dijo la anterior dirección, contaba con el visto bueno de la Agencia Tributaria. A ese presunto visto bueno alude uno de los e-mails que el antiguo secretario del consejo de administración de la caja, Enrique de la Torre, remitió a su sucesor, Jesús Rodrigo, al asegurar cuando le informa del mecanismo de funcionamiento de las tarjetas opacas: "no está nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga ese criterio, sobre todo, teniendo en cuenta que Cipriano no conocía los nuevos importes". La deriva de responsabilidades hacia el inspector se produce dos años después de su fallecimiento sin darle, por tanto, capacidad de responder.

"La práctica no podía ser desconocida por la Inspección", alega el ex número dos de la entidad al juez Andreu

El número dos de la entidad, Ildefonso Sánchez-Barcoj, también ha puesto por escrito esa acusación a Hacienda. En un escrito dirigido al magistrado, asegura que “la práctica no podía ser desconocida por la Inspección que revisaba las cuentas de la entidad y permanecía de forma permanente en ella”. En su diligencia remitida al juez Fernando Andreu, ante el que declarará hoy jueves, añade: “En cuanto a la fiscalidad de la asignación (...) hemos de señalar que las retenciones que hubiese procedido hacer y no se han hecho, no era función asignada a mi representado y que la práctica no podía ser desconocida por la Inspección”.

Hacienda niega la posibilidad de acuerdo

Hacienda niega ese acuerdo para tolerar los pagos en b y lo califica de "absurdo". Fuentes del Ministerio de Hacienda rebaten esa acusación con dos argumentos: 

  • En primer lugar, la falta de capacidad del inspector, ya que los responsables de analizar las cuentas de la entidad no pueden fijar criterios que permitan considerar legales o ilegales una interpretación a la hora de tributar. "Sólo la Dirección General de Tributos tiene esa capacidad en una consulta vinculante", explican fuentes de Hacienda.
  • En segundo lugar, la falta de alcance de la inspección, puesto que los inspectores que revisan las cuentas de una entidad examinan básicamente el Impuesto de Sociedades y el IVA. “La falta de declaración de cada uno de los IRPFs no corresponde a ese inspector que, por tanto, no pudo dar cobertura a esas prácticas”, explican esas fuentes.

Hacienda responsabiliza directamente a los beneficiarios de las tarjetas y asegura que incluso si no declararon lo ingresado en su IRPF, debieran haberlo hecho constar como "gastos" en sus declaraciones, algo que tampoco hizo ninguno de los 86 beneficiarios y que indica, a ojos del fisco, una clara voluntad de defraudar.

La Agencia Tributaria recuerda que el inspector fallecido al que los acusados responsabilizan sancionó en su día las prácticas fiscales de Caja Madrid y niegan cualquier connivencia con la entidad, un consentimiento que hoy pretenden alegar ante la Audiencia Nacional algunos de los imputados en el caso de las tarjetas opacas. Sin embargo, la Justicia sólo interrogará por el momento a los reposnsables de la gestión de la trama y de la entidad --que se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel-- pero no a quienes disfrutaron de esas tarjetas opacas.


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