Andreu espera un informe del BdE para embargar también el blindaje de la cúpula de Bankia

Las millonarias indemnizaciones y los elevados blindajes que cobraron la cúpula de Caja Madrid y las del resto de las cajas que se fusionaron en Bankia penden de un hilo. O, mejor dicho, de un informe de los peritos del Banco de España. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, espera desde hace 21 meses el documento en el que, además de otras cuestiones, los expertos del supervisor deben pronunciarse sobre la posibilidad de que los directivos beneficiados con estos pagos "devuelvan o depositen" éstos. El magistrado también quiere conocer la opinión del regulador sobre las pólizas de responsabilidad civil que las entidades contrataron en su día para que sus directivos pudieran hacer frente a hipotéticas querellas por su labor al frente de las mismas. Precisamente, Miguel Blesa intentó el pasado viernes que uno de estos seguros corriera con la totalidad de la fianza civil de 16 millones de euros que el juez le ha impuesto en el caso de las tarjetas opacas.

Anticorrupción señala en un reciente escrito que el juez debe esperar "necesariamente" dicho informe del Banco de España para decidir sobre la devolución del dinero

La petición de Andreu al Banco de España para que se pronuncie sobre dichas indemnizaciones y blindajes no es, ni mucho menos, nueva. De hecho, se remonta al 4 de febrero de 2013, cuando dictó una providencia en la que encargaba a los inspectores del Banco de España adscritos a su juzgado que elaboraran un informe pericial sobre diferentes cuestiones, entre ellas el pago de estas cantidades millonarias. Sin embargo, pese al tiempo trascurrido, el mismo no se ha incorporado aún a la causa, según se reconoce en un reciente escrito de la Fiscalía Anticorrupción incorporado al sumario y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el mismo, en el que se aborda una cuestión de procedimiento -si se retira la fianza a Izquierda Unida para que pueda presentarse en la causa como acusación-, el Ministerio Público destaca que el magistrado deberá esperar "necesariamentea la conclusión del informe pericial" para pronunciarse sobre el embargo o no de estas cuantías que habían reclamado, precisamente, los representantes legales de la formación política. 

En el mismo documento, Anticorrupción reconoce que esta cuestión está sobre la mesa desde hace tiempo. De hecho, estos pagos son objeto de investigación para el juez Andreu prácticamente desde que decidiera abrir el sumario tras la querella de UPyD. Así, en julio de 2012 ya ordenó a las siete entidades financieras que participaron en la fusión que le remitieran los detalles de las cláusulas de blindaje de sus directivos para casos de despido, renuncia o jubilación desde enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010, momento en que entró en vigor la integración de las cajas. Además, les reclamó el importe desglosado de dichas indemnizaciones. 

También solicitó información sobre los planes de prejubilaciones o cualquier otro sistema de previsión, como pensiones complementarias o seguros de vida, y las aportaciones a los mismos, que hubieran podido recibir los consejeros de la entidades. También pidió los datos sobre los sueldos y retribuciones de cualquier naturaleza que hubieran recibido en atención a los cargos que ocupaban. Finalmente reclamó datos sobre las retribuciones de los consejeros y directivos de Bankia y el Banco Financiero y de Ahorro (BFA) surgidos de la fusión, aunque ahora se ha sabido que la información referida a las célebres 'tarjetas opacas' nunca llegó al juzgado. La que sí fue remitida por las diferentes entidades a la Audiencia Nacional a lo largo de los meses siguientes, fue entregada por el juez al Banco de España para su estudio y el correspondiente informe, que es el que espera. 

Sólo solvencia y liquidez

Sin embargo, fuentes del supervisor aseguran a este diario que este organismo no tiene intención de pronunciarse sobre si dichas cuantías deben ser reintegradas ni tampoco sobre si Mapfre, la aseguradora que debe correr con la responsabilidad civil de la cúpula de la entidad, como adelantó Vozpópuli el pasado miércoles, debe hacerse cargo de los pagos de fianzas, como las impuestas a Blesa y Rodrigo Rato el pasado jueves. Desde el regulador aclaran que sus informes sólo abordan la solvencia y liquidez de la entidad y que este otro tipo de dictamen corresponde en realidad a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía. 

Lo cierto es que no es la primera vez que se pide la opinión del Banco de España sobre estos pagos a directivos de las cajas intervenidas. Ya en agosto de 2013, los expertos de este organismo entregaron un informe pericial similar a un compañero de Andreu en la Audiencia Naciconal, el juez Ismael Moreno, que había reclamado la opinión de los servicios jurídicos del Banco de España para que valoraran la legalidad o no de los bindajes millonarios que cobraron cuatro directivos de Novagalicia. Entonces, éstos dictaminaron que dichas cantidades millonarias "no se podían dejar de abonar" ya que cuando se pagaron no existían limitaciones a las indemnizaciones por rescisión de contrato para entidades beneficiarias de apoyos públicos como más tarde se instauraron. Aquellas compensaciones costaron a la caja gallega cerca de 30 millones de euros.