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Las siete mentiras de la salida a bolsa de Bankia, según el juez

La salida a bolsa de Bankia no fue una gran mentira. Fueron, al menos, cuatro, según relata el juez en su auto en el que asegura que no sólo se falseó la salud financiera de la entidad sino que también se ocultaron todos los riesgos que rondaban al banco.

Francisco Verdú, José Luis Olivas y Rodrigo Rato en la salida a bolsa de Bankia
Francisco Verdú, José Luis Olivas y Rodrigo Rato en la salida a bolsa de Bankia EFE

La salida a bolsa de Bankia no fue una gran mentira. Fue una larga cadena de falsedades, según constata el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en un auto en el que identifica, al menos, siete engaños que provocaron una ruina milmillonaria para la entidad, un posible fraude de 3.092 millones para los inversores y, sobre todo, una monstruosa factura de 23.500 millones de euros de rescate que han pagado cada uno de los españoles a una media de 500 euros por cabeza, más que todo el presupuesto de infraestructuras español, como recordaba UPyD en su querella.

Esa cadena de mentiras pueden dar lugar a una decisión que provocaría un auténtico seísmo financiero: la anulación de la salida a bolsa y la devolución de fondos a los inversores ya que el magistrado abre la puerta a anular de raíz todos los contratos de compra-venta de acciones cuando asegura que “la correspondencia con la verdad ha de afectar a las funciones constitutivas y de prueba que se atribuyen a los documentos en la medida que el bien jurídico protegido es la seguridad del tráfico jurídico”.

Con esa enorme espada de Damocles sobre su cabeza, éstas son las siete mentiras que –según la Audiencia Nacional—penden sobre Bankia:

Falsedad contable: “Se desprenden indicios racionales y fundados de la comisión del delito (de estafa) ya que se produce una falsedad puesto que los estados financieros de Bankia y BFA desde su constitución hasta los reformulados en 25 y 28 de mayo de 2012 no expresaban la imagen fiel de dichas entidades, lo que jurídicamente ha de incardinarse en el concepto de falsedad”, concluye el juez que cuestiona algunos datos concretos.

Así, disputa los datos con los que Bankia se retrató a sí misma y la solvencia de sus recursos propios. Justo antes de su salida a bolsa y en cumplimiento del Real Decreto Ley 2/2012, la entidad reportaba un ratio de capital principal del 7,99%, a un escaso 0,1% del mínimo exigido por esa norma del 8%. El juez instructor considera que esa cifra no respondía a la realidad.

Igualmente, considera que hubo un falseamiento del riesgo ordinario. El magistrado no cuestiona la salida a bolsa como método escogido por la entidad bancaria para captar financiación sino que se plantee como riesgo “ordinario” de la cotización lo que no lo era.

Folleto que no refleja de forma fiel la situación de la entidad: La situación patrimonial de la entidad no sólo no se reflejó de manera fiel en los informes que se remitieron al regulador bancario sino que se falsearon también ante el bursátil. Así lo deja claro el magistrado que asegura que la fortaleza que se reportó “poco o nada tenía que ver con la real, puesta de manifiesto unas semanas después”, incorpora el juez a su auto. 

Complicidad o pasividad del regulador: Aunque el juez no se pronuncia personalmente sobre la actuación de la CNMV y del Banco de España, sí incorpora a su auto parte de la denuncia de UPyD en la que se afirma literalmente que “causa cierto estupor que una sociedad de reciente creación, que carece de cuentas consolidadas en ejercicios anteriores debidamente auditadas se le permitiera salir a bolsa”. El magistrado incorpora esa parte a la causa porque –según fuentes de la acusación—de esa salida a bolsa podrían derivarse responsabilidades de la CNMV ya que el R.D. 1310/2005 reclama al regulador que exija la presentación de las cuentas auditadas de tres ejercicios antes de autorizar esa salida a bolsa.

Fijación del precio de la salida a bolsa: El magistrado asume las conclusiones del perito del Banco de España que aseguró que la determinación del precio de las acciones “no fue un modelo de concurrencia, pues se realizó en base a ofertas de 29 grupos económicos, algunos incluso con relaciones de dependencia respecto a BFA”. El juez también incorpora a sus conclusiones las notas de un segundo perito que concluye que “el proceso de fijación del precio plantea dudas, pues un porcentaje significativo de las ofertas de compra se realizaron por entidades vinculadas o con estrechas relaciones de negocio con Bankia”. El precio fijado entonces fue de 3,75€ para una acción que llegó a valer 10 céntimos.

Irregularidades en la cotización: Esas dudas sobre el precio de origen se extienden –según los peritos—también a la cotización posterior de la acción. “Se han detectado compras inexplicables realizadas (…) y ventas inmediatas tras la salida a bolsa que ponen en duda el interés real de algunos inversores”

Rato se enfrenta a 13 años de cárcel y más fianza

“El perjuicio directo causado a los inversores se cifra en 3.092 millones de euros, el importe de los fondos captados en la salida a bolsa”, concluye el juez que cita teoría jurídica para sostener la existencia de una “estafa de inversores”, una figura que apelando al catedrático Muñoz Conde, el juez considera más grave que la tradicional estafa. En total, base para delitos que pueden sumar hasta 13 años de cárcel para Rodrigo Rato y al resto de directivos de Bankia. Cada una de esas “mentiras” pueden constituir hasta tres delitos que pueden suponer que Rato cumpla más de una década de penas de prisión.

  • Falseamiento de información económico-financiera contenida en los folletos de emisión: El magistrado estima que se pudo “falsear la información económico-financiera sobre recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes”. Esa actitud supone una pena de hasta 4 años de cárcel.
  • Colocación a depositantes y adquirentes: Precisamente, que la salida a bolsa fuera llevada a cabo con éxito supone un problema adicional para los administradores de la entidad. “En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del activo o la financiación con perjuicio para el inversor, depositante, adquirente de los activos financieros se impondrá la pena en la mitad superior”, lo que supone hasta 6 años de prisión.
  • “Perjuicio de notoria gravedad”: El magistrado entiende que los hechos analizados son de extrema gravedad lo que agrava la pena desde uno a seis años de prisión, según entiende el auto judicial.

En total, hasta 13 años de prisión que se suman a los 800 millones de responsabilidad civil que reclama el magistrado como fianza “proporcionada, adecuada y justificada” pero que podrían ser todavía más. El magistrado asegura que cuantificar el fraude total resulta extremadamente complejo y, citando el artículo 611 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concluye: “si sobrevinieren motivos bastantes para creer que las responsabilidades pecuniarias pueden exigirse excederán la cuantía prefijada, se mandatará por auto ampliar la fianza o embargo”.


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