De una simple crítica a la falta de controles se pasó a una compleja investigación

Economía agravó sus acusaciones contra Banco Madrid sólo después de conocer el informe de Estados Unidos

El Ministerio de Economía agravó sus cargos contra Banco Madrid tras el informe del Tesoro estadounidense. Mientras que el 9 de marzo, basándose en las pesquisas de Antiblanqueo, solo veía "deficiencias no significativas" subsanables, tres días más tarde ya advertía"infracciones administrativas" sancionables por parte de la entidad.

Protestas de afectados ante la sede del Banco de Madrid.
Protestas de afectados ante la sede del Banco de Madrid. EFE

El 9 de marzo de 2015, el Sepblac (Servicio Antiblanqueo) del Ministerio de Economía, tras inspeccionar durante un mes Banco Madrid un año antes (9 de abril de 2014 a 23 de mayo de 2014) emitió la siguiente conclusión: "No se han detectado deficiencias significativas en la identificación formal de clientes o intervinientes en operaciones". Planteaba que las corrigiese mediante una "evaluación rigurosa de las medidas de control interno aplicadas y se le recuerda la necesidad de solventar a la mayor diligencia las deficiencias señaladas elaborando un plan de acción que podrá ser requerido por el Seplac".

El 10 de marzo de 2015, el departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó su matriz, la Banca Privada de Andorra, de ser un centro del lavado masivo de dinero de criminales rusos y chinos, así como de dirigentes venezolanos corruptos. Ese mismo día 10 de marzo, sin conocer aún el informe final del Sepblac, aprobado tres días después con sus correspondientes sanciones, el Banco de España decidió intervenir Banco Madrid.

¿Por qué se intervino Banco de Madrid? El Banco de España lo explicó así: "En el día de hoy el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha anunciado su decisión de considerar a la entidad de crédito andorrana Banca Privada d’Andorra (BPA) como una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer ordenen materia de blanqueo de capitales (primary money laundering concern), de acuerdo con la Sección 311 de la USA Patriot Act, proponiendo la adopción de determinadas medidas que afectan a la entidad y a su grupo".

El Banco de España se basó en el informe de EEUU, no en el español

"Tras esta decisión", proseguía la nota del Banco de España, "el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), supervisor de BPA, ha decidido intervenir esta entidad para garantizar la continuidad de su operativa. Según la información recibida del INAF, su decisión no está basada en una eventual debilidad financiera de BPA ni de su grupo, sino en la necesidad de asegurar el cumplimiento por BPA de la normativa en materia de blanqueo de capitales. BPA ostenta el 100% del capital de la entidad española Banco Madrid, S.A. Por ello y para asegurar la continuidad de la actividad de esta entidad, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por el INAF, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión de hoy, ha acordado, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, la intervención de Banco de Madrid".

El 13 de marzo de 2015, el Comité Permanente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, que preside el secretario de Estado de Economía, donde el informe de base de Sepblac hablaba tres días antes de deficiencias no significativas y subsanables, con los mismos datos, las elevó a "infracciones administrativas en materia de prevención de blanqueo de capitales". El escrito aprobaba la incoación de un expediente contra Banco de Madrid y su consejo de administración por tolerar tales presuntas irregularidades.

 Lo que se inició como una crítica a la falta de controles se convirtió en una investigación en la que Anticorrupción deberá hacer lo que el Sepblac no hizo: probar que los casos son procesos de blanqueo

Este proceso podría derivar en sanciones económicas. Pero ninguna tan grave como la que ya ha sufrido el banco tras su intervención: ruina y concurso de acreedores. Y, de otra parte, lo que se inició como una crítica a la falta de controles, se ha convertido en una investigación compleja donde Anticorrupción debe hacer lo que el Sepblac no ha hecho: probar que los casos que le han sido remitidos son realmente procesos de blanqueo de capitales, y todo ello en medio de un proceso que manchará la imagen de cuantos clientes verifiquen, aún cuando resulten inocentes.

La suma de datos no equivale a una prueba: se puede ser mafioso o dirigente venezolano y no por ello haber lavado dinero en una cuenta o en un banco. Hay que demostrar el origen ilícito del dinero. Y eso no suele ser fácil. Eso lo saben los corruptos y los sicarios antes de arriesgarse a cruzar transferencias con España.

314 milones en depósitos y más de 1.000 millones gestionados

Antes de ver la entidad y peso de las operaciones juzgadas sospechosas de blanqueo merece recordar que este banco tenía depósitos de clientes por valor de 314 millones y gestionaba 1.000 millones de instituciones de inversión colectiva y 112 millones en carteras. ¿Cuáles eran las operaciones de riesgo toleradas indebidamente?

El informe final del Sepblac cita en primer lugar el préstamo en 2012 de un millón a una firma del presunto mafioso ruso Andrei Petrov para comprar un local comercial en Lloret de Mar. Banco Madrid dudó de si debía concederlo, no porque supiera que Petrov era un mafioso, ya que fue capturado un año más tarde, sino por no conocer la estructura de propiedad de su sociedad.

Y  ésta es la culpa que le endosa hoy tres años más tarde el Sepblac: no haber chequeado más la firma de Petrov entonces. Pero, sin embargo, el Estado sí conoció antes de 2015 ese vínculo, ya que "Banco Madrid no ha realizado examen especial ni comunicación por indicio al estar la operación judicializada y habérsele requerido información por las autoridades".

A renglón seguido, el informe reprochaba haber aceptado a otros 13 clientes con los que "en opinión del equipo inspector, la entidad no debería haber establecido relaciones de negocio". Y entre ellos citaba la firma de la familia de Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas, y diversos exdirigentes venezolanos, en su inmensa mayoría ya exclientes por haber cerrado las cuentas.

Pero este hecho, en lugar de ser un atenuante, resulta un agravante: "Banco Madrid ha cancelado en muchos casos las cuentas con los clientes, por motivos relacionados básicamente con la prevención del blanqueo de capitales. Sin perjuicio de que esta decisión sea correcta, sin embargo no afecta a la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones de información". Véase la muestra de clientes venezolanos que habían cancelado cuentas años antes de que llegara el Sepblac.

Por ejemplo, la firma Izote Energy Inc., cuyo apoderado es el venezolano Alcides Daniel Rondón Rivero, que fue ministro de Seguridad Ciudadana chavista, fue rechazada en 2012 como cliente por Banco Madrid. La firma se quejó de tal veto.

La cuenta de otro exdirigente chavista, Francisco Jiménez Villarroel, relacionado con Petróleos de Venezuela, estaba ya en vía muerta cuando se inspección el Banco: no se le permitían ingresos y tenía apenas un saldo de 61.000 euros.

La firma Aarons and Assoc, tuya titularidad correspondía a otro exdirigente venezolano, vinculado al Banco de Desarrollo, hizo su último movimiento en su cuenta de Banco Madrid en 2011. Cuando llegaron los inspectores registraba un saldo de 3.572 euros.

Por tanto, si hubo blanqueo de capitales de exdirigentes venezolanos, algo verosímil, ocurrió años antes de que pisaran Banco de Madrid los inspectores del Sepblac.

Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo eléctrico venezolano, el Sepblac le halló dos elementos incriminatorios: 4.678 euros en su cuenta y que "aparece vinculado en los medios de comunicación con Nervis Gerardo Villalobos", el único exdirigente venezolano que seguía moviendo actualmente en Banco Madrid. El único cuya presencia supo hace cuatro años el Seplac sin hacer nada hasta que hoy da crédito a las "numerosas páginas de internet, cuya credibilidad no puede asegurarse, Villalobos es acusado de corrupción".

Carlos Luis Aguilera Borjas, exdirector de los servicios de inteligencia venezolanos, tuvos sus últimos movimientos en 2013: un ingreso de 600.000 euros y un pago de 87.000 euros. Realizó las obras del metro de Caracas. "En diversas noticias de prensa se cuestiona el proceso de adjudicación, y se mencionan posibles denuncias por presuntos delitos de corrupción". Una vez más los indicios del Sepblac parten prácticamente de la wikipedia.

Omar Jesús Farias, empresario venezolano del sector sanitario, realizó sus últimas transferencias en 2012. Actualmente tenía la cuenta rechazada. En 2014 le fue rechazada una transferencia de 13,8 millones por Banco Madrid. "En numerosas páginas venezolanas en internet, cuya credibilidad no puede asegurarse, Farias es acusado de corrupción en Venezuela", resume el Sepblac como base de su investigación y sospecha. 

Greentrail International, aparentemente vinculada al anterior empresario, canceló cuentas en 2012 en Banco de Madrid. Su última transferencia sumó 2,2 millones.

Por tanto, si hubo blanqueo de capitales de exdirigentes venezolanos, algo verosímil, ocurrió años antes de que pisaran Banco Madrid los inspectores del Sepblac. Cuando llegaron, pese al aviso recibido en 2011 destapado por este diario, todos los supuestos blanqueadores chavistas, menos el que dio origen a la alerta, habían cancelado sus cuentas y sólo quedaban rescoldos.

Pero esas cenizas bastaron para que Banco de España y Economía condenaran a los infiernos a un banco rentable no tanto por lo que estaba haciendo en 2015 sino por lo que dejó de hacer antaño. 


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