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Garzón asesoró a un magnate chavista sospechoso de blanqueo contratado por BPA

La entidad andorrana, ahora intervenida, contrató al exjuez para desbloquear las cuentas de Diego Salazar, primo del ministro venezolano del Petróleo, acusado de blanqueo por la Fiscalía del Principado.

Baltasar Garzón en una imagen de archivo
Baltasar Garzón en una imagen de archivo Gtres

Baltasar Garzón fue contratado por la Banca Privada de Andorra (BPA) para desbloquear las cuentas de Diego Salazar, selecto cliente de la entidad y magnate venezolano que logró su fortuna gracias a sus negocios con Petróleos de Venezuela, una empresa estatal que dirigía su primo hermano, el ministro del Petróleo Rafael Ramírez, según una información que publica el diario ABC en su edición impresa

La Fiscalía del Principado ordenó el bloquedo de las cuentas de Salazar el 30 de noviembre de 2012 porque se suponía que podía estar blanqueando cantidades millonarias de dinero através de ellas. El magnate habría movido "cientos de millones de euros" y la juez andorrana sospechaba del parentesco de Diego con su primo, según las intervenciones telefónicas de la Guardia Civil autorizadas por la Audiencia Nacional a las que ha tenido acceso el diario. 

En dichas conversaciones, el nombre de Baltasar Garzón sale a relucir en cuatro ocasiones. Primero, en una referencia de Pablo Laplana, gestor de BPA, a Luis Mariano, encargado de las cuentas de Salazar en la entidad, a quien informa el 13 de diciembre de que "han contratado a Garzón para que ataque", una vez conocida la decisión del bloqueo de las cuentas del magnate. Al día siguiente, ambos se refieren al exmagistrado, "con el que quieren hablar sobre este asunto". Dos días después, el propio Laplana habría hablado con otro interlocutor de acento sudamericano a quien le confirma que el recurso de Diego lo "lleva el juez Garzón". 

Por último, el 20 de diciembre de 2012 vuelven a dialogar tanto Laplana como Luis Mariano para comentar que los recursos a la decisión de la juez de Andorra pretenden además de que se desbloqueen las cuentas, que el sumario sea sobreseído, algo que les permitiría reclamar por daños y perjuicios por un lado y emprender acciones penales por abuso de poder y prevaricación por otro. La referencia exacta habla de que "Villepin -exprimer ministro francés y abogado de Salazar- ha hecho un borrador que se lo ha mandado a Garzón" para que éste lo estudiara. 

Las acciones llevadas a cabo por el equipo de BPA y del propio Diego Salazar fructificaron cuando el Tribunal de Corts del Principado autorizó al magnate y al resto de jerarcas a disponer de los casi 200 millones de dólares que permanecían bloqueados. La decisión se tomó en contra del criterio de la Fiscalía, de la Unidad de Delitos Financieros de EEUU (Fincen) y del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). 

Actualmente BPA se encuentra intervenida por las autoridades del Principado por presuntamente ser una red estructurada de blanqueo de capitales. 


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