La UDEF investiga una madeja de 90 empresas ligadas a la adjudicataria de Aznalcóllar

Del hilo a la madeja. Las primeras pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el 'caso Aznalcóllar' no sólo se han centrado en destapar las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de la mina a la empresa Minorbis SL y al Grupo México. También han comenzado a desvelar las conexiones financieras de la primera, una filial de la cordobesa Magtel. En el atestado que los agentes remitieron el pasado 25 de abril a la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Patricia Fernández, y que llevó a la magistrada a redactar el pasado 7 de mayo el duro auto con el que ha puesto bajo sospecha la licitación de la Junta de Andalucía, se detallan en un anexo hasta 90 mercantiles en cuyos órganos de administración están los cinco hermanos López Magdaleno, apoderados de Minorbis, la empresa investigada.

La UDEF arranca el análisis de dicho entramado societario por esta última mercantil, cuyo objeto social es "la explotación, investigación y tratamiento industrial de yacimientos minerales y de demás recursos geológicos" y que comenzó sus operaciones el 19 de marzo de 2014, apenas un mes antes de que se cerrase la recepción de ofertas para quedarse con Aznalcóllar. Es en los órganos de administración de la misma donde los agentes descubren los primeros indicios de la madeja empresarial, ya que sus seis cargos eran ocupados por otras tantas compañías: Maloma Gestión de Activos SL, Tellus Patrimonial SL, Abadiato Gestión SL, Artelie Gestiona SL, Caloma Gestión SL y Martín Gestión de Activos. Una séptima, Abaden Gestión SL, figuraba como socio único. Junto a ellas se menciona la identidad de los seis apoderados solidarios: Isidro, José Carlos, Juan Luis, Mario y Purificación López Magadaleno. Todos, por tanto, de la misma familia. 

La denuncia que inició la investigación sostiene que un entramado societario como el del clan López Magdaleno se suele construir para poder actuar con opacidad

A partir de las seis mercantiles que figuran en los órganos de administración de Minorbis, los agentes comienzan a desgranar las evidentes conexiones y coincidencias de las mismas. Así, cada una de ellas tiene como administrador único a uno de los hermanos. Además, todas ellas fueron creadas con el capital mínimo exigido de 3.000 euros. Y cinco presentan el mismo objeto social, el de "actuar como sociedad holding mediante la participación en el capital de entidades residentes y no residentes en territorio español". Mientras que la sexta, Maloma Gestión de Activos SL, se describe como dedicada al "asesoramiento y control sobre la promoción, construcción, compraventa y explotación de plantas energéticas". En tres de ellas aparece como fecha de comienzo de operaciones el 18 de enero de 2014. Las otras tres se constituyen, curiosamente, el mismo día pero de un año antes.

Energías renovables

Con estos datos sobre la mesa, los agentes pasan en el informe remitido a la juez a enumerar las otras 84 empresas en las que "participan los hermanos López Magadaleno", siete de la cuales figuran en el Registro Mercantil ya como extinguidas. Muchas de ellas llevan el término Magtel en su denominación social y la mayoría hacen alusión al campo de las energías renovables en sus nombres. De hecho, muchas han sido bautizadas con un simple nombre de pila más la palabra "energía". Algunas de ellas ya eran mencionadas en la denuncia de la empresa Emerita Rosources España SLU, la cual dio inicio a la actual investigación que ha paralizado la adjudicación de Aznalcóllar. "Nos encontramos con un entramado societario organizado habitualmente para poder realizar con la opacidad que en que cada momento se precise las operaciones que los dueños del grupo decidan en cada situación", rezaba la misma.

En el foco de los agentes también están los movimientos financieros que han ejecutado en los últimos tiempos los hermanos López Magdaleno, una familia que mediante la empresa Magtel se ha beneficiado de numerosos préstamos y subsidios tanto del Estado central como de la Junta de Andalucía. Entre esas operaciones destaca, por ejemplo, el traspaso con fecha 6 de junio de 2014 del patrimonio de doce de estas empresas a otra sociedad del clan llamada Inversión y Gestión Corporativa SL. "Parece como si hubieran estado reagrupando todos sus bienes de forma que puedan blindarlos de cualquier eventualidad", sostienen fuentes cercanas a la investigación.