Publicado: 03/12/2015 17:46
La Audiencia de Barcelona ha confirmado la desestimación de la demanda que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, interpuso contra la exdelegada del Gobierno en Madrid Cristina Cifuentes por acusarla de apoyar a "grupos filoetarras" cuando lideraba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
En su sentencia, la Audiencia desestima el recurso de apelación que Colau presentó contra la sentencia del juzgado de primera instancia número 57 de Barcelona que desestimó la demanda y sostiene que las manifestaciones de la exdelegada quedan amparadas por el derecho a la libertad de expresión, informa Efe.
La entonces portavoz de la PAH presentó una demanda por vulneración del derecho al honor
Como ya hiciera el juzgado de primera instancia, la Audiencia obliga también a Ada Colau a hacerse cargo del pago de las costas originadas por el recurso de apelación que presentó.
La exportavoz de la PAH, cuando todavía no era alcaldesa, presentó una demanda por vulneración del derecho fundamental al honor por unas declaraciones públicas que Cifuentes hizo en marzo de 2013, en las que relacionó al movimiento antidesahucios con "apoyos a grupos filoetarras o proetarras".
Para la Audiencia de Barcelona, la declaración de Cifuentes, "en tanto se ciñe a las previsiones jurisprudenciales en sus vertientes de interés general y de no contener expresiones inequívocamente vejatorias, no tiene otra relevancia o trascendencia que las manifestaciones personales que realizó (...)".
"Esfera netamente subjetiva"
En opinión de la sección undécima de la Audiencia, las manifestaciones de la exdelegada se circunscriben en "una esfera netamente subjetiva, que como tal es personal y puede no solo responder a hechos ciertos sino que además puede suscitar diversas discrepancias".
Colau quería que Cifuentes pidiera disculpas públicamente
La Audiencia de Barcelona cree que Cifuentes se limitó a expresar una opinión, "al ser preguntada por las manifestaciones e incidentes que en aquel momento se estaban produciendo y que constituían noticia en el ámbito general junto a los denominados escraches", sin que el hecho de ser delegada del Gobierno en Madrid confiriera un carácter informativo a sus palabras.
En su demanda, Colau reclamaba que Cifuentes pidiera disculpas públicas por vincularla con ETA y pagara una indemnización de 75.000 euros que la exportavoz de la PAH pretendía destinar a pagar las multas que la Delegación del Gobierno había impuesto a activistas de la asociación por sus movilizaciones para evitar desahucios.
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