Un tribunal excarcela a un mafioso chino porque el fiscal 'abusó' de verbos en condicional en su escrito

La polémica judicial vuelve a planear sobre el sumario de la Operación Emperador. Si el pasado mes de noviembre tres jueces de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional excarcelaban a una docena de cabecillas de la mafia china por un supuesto error cometido por el magistrado instructor, Fernando Andreu, ahora este mismo órgano judicial vuelve a sacar de prisión a otro de los implicados en la trama, aunque en esta ocasión el argumento esgrimido es aún más llamativo: sus integrantes consideran que el fiscal del caso abusó de las "locuciones condicionales" en su escrito de acusación. Lo consideran "de todo punto inadmisible". Así lo recoge un auto de este tribunal, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que ordena la salida de prisión de Mengzhon Zhou, uno de los lugartenientes de Haibo Li, considerado por la Policía como el presunto jefe de los 'matones' de la red desarticulada. De los más de cien imputados en el mayor golpe propinado en España a la mafia china de blanqueo, ya sólo quedan en centros penitenciarios una veintena, según fuentes jurídicas.

La Sección de la Audiencia Nacional que ha tomado la polémica decisión es la misma que el pasado mes de diciembre dejó a los principales cabecillas de la red en libertad por un supuesto "error judicial"

El auto del tribunal es fruto del recurso de apelación que interpusieron los abogados de Zhou después de que el juez Fernando Andreu ordenara el pasado 17 de enero su ingreso en prisión incondicional al considerarle integrante del grupo que se dedicaba a propinar palizas a aquellos compatriotas que no apagaban sus deudas a los cabecillas de la trama. También le señalaba como uno de los personajes más activos en las maniobras para sacar de España ingentes cantidades de dinero a través de locutorios situados en España y Portugal. La base de la decisión del magistrado instructor fue un escrito de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada del 15 de octubre pasado, día antes de las detenciones, en el que se afirmaba que este ciudadano chino "formaría parte de una organización de origen chino asentada en España, dedicada al blanqueo de capitales procedentes del fraude fiscal y del contrabando". En el mismo, el Ministerio Públcio detallaba también que "actuaría al servicio" de otros cabecillas que "le entregarían grandes cantidades de dinero al objeto de que él lo sacase de España con destino China y Hong Kong al margen de los cauces legales establecidos".

En el escrito, en un estilo habitual en este tipo de documentos judiciales, continuaba su relato de las presuntas actividades delictivas de Zhou con nuevos verbos en condicional como recurso literario de respeto hacia la presunción de inocencia del acusado. Así, detallaba que su actividad de evasor "le habría obligado a la utilización de varias vías, agentes de transferencias tanto en España como en Portugal y la realización de operaciones de compensación". Así mismo recalcaba que su implicación "quedaría latente" en una de las conversaciones que mantuvo con otro de los implicados y que "habría establecido contactos con ciudadanos chinos en distintas ciudades al objeto de realizar estas compensaciones".

Sin "indicios racionales de enjundia bastante"

Sin embargo, los tres miembros del tribunal -Alfonso Guevara, María de los Ángeles Barreiro y el ponente, Guillermo Ruiz Polanco- consideran "de todo punto inadmisible" esa utilización de "locuciones condicionales, sean de autoría policial y judicial" ya que, en su opinión, demuestran que no hay "bases fácticas sólidas" que afiancen las acusaciones para mantener en prisión a Mengzhon Zhou. "Tanto más cuanto las imputaciones han sido radicalmente regadas por el recurrente", añaden en el documento judicial, fechado el pasado 15 de febrero pero que era desconocido hasta ahora. Los tres magistrados llegan a resaltar en negrita y subrayados los siete verbos en condicional que consideran inapropiados y recuerdan que la Fiscalía ni siquiera ha especificado cuantitativamente a qué se refiere cuando asegura que el detenido movía "grandes cantidades de dinero" ni ha aportado "la transcripción de las conversaciones telefónicas mencionadas". Por todo ello, concluyen que no hay "indicios racionales de enjundia bastante" para mantener al presunto mafioso chino en prisión, por lo que ordenan su puesta en libertad previo pago de una fianza de 20.000 euros.

En las últimas semanas, el juez Ruiz Polanco ha redactado otros seis autos en los que siempre ha dado la razón a los imputados en la 'Operación Emperador' para sorpresa del magistrado instructor y la Fiscalía

El auto de este tribunal ha provocado un enorme malestar en la Fiscalía, donde se recuerda que esta misma Sección de la Audiencia Nacional puso en libertad a finales de año a una docena de cabecillas de la mafia china, entre ellos el considerado principal capo, Gao Ping, por un supuesto error judicial que meses después un fallo del Tribunal Supremo consideró que no era tal. Ping y otros siete de los excarcelados entonces volvieron recientemente a prisión, pero aquella primera decisión de la sección presidida por el polémico Guevara paralizó durante semanas la instrucción del macrosumario ya que provocó una lluvia de recursos del resto de los imputados e, incluso, uno de ellos presentó una querella contra Fernando Andreu y los fiscales. Fue precisamente el auto del Supremo que rechazaba ésta el que propició la vuelta a la cárcel de todos ellos.

Ahora, sin embargo, la decisión de los 'condicionales' ha abierto una nueva puerta para la presentación de recursos para las veintena de presuntos miembros de la mafia que siguen encarcelados. De hecho, fuentes jurídicas apuntan que en los últimos meses esta misma sección, y con el juez Ruiz Polanco también como ponente, ha dictado otros seis autos en los que ha admitido una tras otro todos los recursos que han cursado imputados en esta causa. Entre ellos, otro que permite a los propietarios de uno de los locales intervenidos a la trama a disponer del dinero que atesoraban en sus cuentas corrientes pese a persistir la sospecha de que el dinero supuestamente procede de las actividades delictivas del grupo. El argumento esgrimido en esta ocasión también ha llamado la atención: no se avisó previamente a los titulares de las mismas de que la Justicia iba a bloquearlas. Las polémicas judiciales parecen haber encontrado un filón en la Operación Emperador.