Nacional

La anulación de la doctrina Parot deja en libertad a la etarra Carmen Guisasola

La Audiencia Nacional decreta el licenciamiento definitivo de Guisasola, etarra arrepentida de la vía Nanclares, de la cárcel de Zaballa donde cumple varias penas por cinco asesinatos.

La Audiencia Nacional ha dictado la excarcelación de la etarra arrepentida de la denominada vía Nanclares Carmen Guisasola, después de que el Tribunal Supremo liquidara su condena siguiendo el criterio del Tribunal de Estrasburgo contra la doctrina Parot.

En una providencia, la sección tercera de la Sala de lo Penal decreta el licenciamiento definitivo de la etarra, que lleva en prisión en Francia y España desde 1990, con efecto desde el pasado 4 de junio, según informa Efe.

Teniendo en cuenta la anulación por parte del Tribunal de Estrasburgo de la doctrina Parot, su tiempo en la cárcel quedaría agotado

En el escrito, la Audiencia Nacional acumula una condena a 10 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista y otros delitos que le impuso en 1994 el Tribunal de Gran Instancia de París con otra sentencia de la Audiencia Nacional de 2006 que le impone 16 años de cárcel por un ataque a una patrulla de la Guardia Civil en Gernika en 1986.

De esta manera, teniendo en cuenta la anulación por parte del Tribunal de Estrasburgo de la doctrina Parot, su tiempo en la cárcel quedaría agotado.

Guisasola cumple ahora en la cárcel de Zaballa (Álava) varias penas por cinco asesinatos en régimen abierto (duerme en prisión) porque se acogió a la llamada vía Nanclares para terroristas arrepentidos.

El Supremo ordenó el pasado diciembre a la Audiencia Nacional, que fue el tribunal que la condenó, que revisara su pena a la luz de la nueva doctrina de Estrasburgo, cosa que ahora ha hecho.

La antigua miembro del "comando Vizcaya" fue detenida en Francia en 1990 y luego extraditada a España en 2001, donde la ha juzgado la Audiencia Nacional por varios atentados, entre ellos el asesinato, el 24 de junio de 1985 en la localidad vizcaína de Lequeitio, del marinero Ignacio Montes Abad, que le valió una condena a 27 años de cárcel.

También por el intento de asesinato de un policía nacional mediante la colocación de un paquete-bomba en el buzón de su vivienda en Basauri (Vizcaya) el 1 de febrero de 1990.


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