ESCÁNDALO POLÍTICO

Las seis sombras que planean sobre el ático de Ignacio González

Un escrito de la acusación incorporado al sumario detalla los puntos oscuros sobre la compraventa del inmueble que la investigación aún no ha resuelto. Pide ampliar tres comisiones rogatorias y reclamar a cinco bancos españoles datos sobre cuentas del presidente madrileño y su mujer.

El presidente de la Comunidad de Madrid se defiende de las acusaciones publicadas.
El presidente de la Comunidad de Madrid se defiende de las acusaciones publicadas. EFE

El caso del ático de Ignacio González aún no ha entrado en plena ebullición. La agria polémica desatada en las últimas horas es solo la punta del iceberg de este escándalo. Existen todavía puntos sombríos sobre el meollo de la investigación que van más allá de la pelea entre el presidente de la Comunidad de Madrid y algunos comisarios o de su hipotética candidatura en las próximas elecciones autonómicas. Un escrito de la acusación incorporado al sumario detalla esas zonas de oscuridad que aún planean sobre la compraventa del inmueble, epicentro del actual terremoto. El documento, presentado por el representante legal del Sindicato Unificado de Policía (SUP), pide ampliar tres comisiones rogatorias y reclamar a cinco bancos españoles datos sobre cuentas del presidente madrileño y su mujer, Lourdes Cavero. Sus argumentos: estas seis sombras.

Coast Investors se creó sospechosamente en marzo de 2008 y la operación inmobiliaria se realizó en mayo del mismo año. Además, carece de una contabilidad que acredite una mínima actividad

1. La empresa propietaria de la vivienda. Uno de los hechos esenciales del caso es que la empresa que compró el ático, Coast Investors LLC, es una sociedad off-shore. Es decir, una compañía sin otro propósito que no fuera la adquisición del inmueble. Esa ausencia de un objetivo económico real es lo habitual en las sociedades instrumentales creadas en paraísos fiscales. Tal y como denuncia el citado sindicato policial en su escrito, Coast Investors se creó en marzo de 2008 y la operación inmobiliaria se realizó en mayo del mismo año. A esto hay que sumar que la empresa carece de una contabilidad que acredite una mínima actividad y que tampoco tiene una sede social propia (se sirve del domicilio del testaferro Rudy Valner en Estados Unidos y de la dirección personal de un abogado). 

2. La conexión panameña del caso. El escrito considera que la compra del ático por parte de Coast Investors LLC fue, en realidad, una operación "completamente ficticia". La complejidad mercantil y financiera de esta compra es, según apunta, la habitual en casos en que se busca "la opacidad y la ocultación de la identidad" del propietario real. Esta tesis se ve sólidamente reforzada al tener en cuenta que uno de los propietarios de esta empresa off-shore es la sociedad instrumental panameña Waldford Overseas Investment LTD, gestionada, a su vez, por el despacho de abogados Mossak Fonseca & CO. Estos letrados se publicitan como expertos en la creación y gestión de empresas pantalla destinadas a ocultar tanto identidades como patrimonio. Además, el documento incorporado al sumario destaca las conexiones de éstos últimos con otras tramas de mercantiles fantasmas utilizadas por Francisco Correa y Luis Bárcenas. ¿Casualidad? Los denunciantes creen que no.

Uno de los propietarios de Coast Investors LLC  es una empresa instrumental radicada en Panamá que, a su vez, está gestionada por un despacho de abogados dedicado a ocultar identidades y patrimonio

3. La ocultación de información. Las pesquisas que hasta ahora han podido llevar a cabo los investigadores han encontrado otra incógnita reveladora: por qué la empresa que adquirió este célebre ático de Estepona se niega a aportar información. Ni el citado Rudy Valner ni sus abogados han presentado, hasta ahora, documentación que demuestre para qué se creó la empresa, ni los extractos de sus cuentas, ni el origen de sus fondos, ni los justificantes financieros que expliquen qué se hizo con el dinero recibido por la venta del inmueble, etcétera. Opacidad total. De hecho, los letrados que representan a esta sospechosa compañía se han opuesto en reiteradas ocasiones a las diversas comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido.

4. Las sospechas sobre las firmas. Esta zona de oscuridad del caso sobre el ático de Ignacio González es ya un clásico en este tipo de asuntos. La acusación señala en su escrito la posible existencia de "construcción artificial de documentos mercantiles ad hoc para tratar de justificar operaciones pretéritas y aparentar una justificación de relaciones comerciales inexistentes". En román paladino, el escrito apunta a que se pudieron falsificar documentos a posteriori para justificar lo injustificable. Si se comparan diversos documentos que obran en la causa, se ven diferencias en algunas firmas de las mismas personas. En concreto, las que Rudy Valner y Lourdes Cavero presuntamente rubricaron en un contrato de Coast Investors LLC. Las firmasde dicho documento son distintas a las que ambos estamparon en otros documentos oficiales.

Las facturas presentadas para justificar el pago del alquiler del ático carecen de validez contable porque no están selladas, ni rubricadas, ni bien numeradas 

5. Las facturas y una curiosa errata. Para justificar el pago del alquiler del ático entre julio de 2008 y octubre de 2011, los implicados presentaron una serie de facturas. Se trata, más en concreto, de 14 facturas, una por trimestre del citado período, cuyo cliente es Lourdes Cavero -esposa de González- con domicilio en la Calle Hoces de la Hermida. Curiosamente, en todas las facturas se repite una misma errata: la falta de espacio tipográfico entre la "C/" y la palabra "Hoces". El escrito apunta a que se podría haber producido "el típico corta/pega" que sustenta la tesis de que son, en realidad, facturas creadas a posteriori para intentar probar el pago de un alquiler que en realidad nunca se habría pagado. Abona esta posibilidad el hecho de que las facturas carecen de validez contable al no aparecer selladas ni firmadas ni numeradas correctamente. 

6. El destino final del dinero. Hay dudas sobre el origen del dinero, teniendo en cuenta que el matrimonio no tenía ingresos demasiado cuantiosos, pero de lo que no se sabe nada es sobre el destino del mismo. En el sumario sobre este ático de Estepona consta que el matrimonio formado por González y Cavero pagó 741.000 euros por el inmueble mediante una transferencia efectuada en diciembre de 2012 a una cuenta domiciliada en Estados Unidos. Recibió el dinero la citada Coast Investors CCL. Ocurre que para acreditar un delito de blanqueo de capitales, justo el que se persigue en esta causa, se necesita conocer tanto el destino final del dinero como la titularidad real de quien lo maneja. Y en este caso, como se ha visto en las sombras antes enumeradas, no está claro en qué manos acabó en realidad esta abultada cifra.  

Con todas estas sospechosas sombras en el caso, el escrito de la acusación reclama ampliar tres comisiones rogatorias a las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Panamá. Asimismo, exige a cinco bancos españoles que aclaren los pormenores de las cuentas de González y Cavero. Dicho escrito y, por ende, esas peticiones se presentaron en sede judicial el pasado noviembre. Sin embargo, casi cuatro meses después, ni el magistrado ni la Fiscalía se han pronunciado aún. El caso, por tanto, sigue encallado en el juzgado de Estepona mientras el terremoto político-policial sigue sacudiendo sus cimientos en Madrid.


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