Publicado: 08/07/2014 04:00
Diez años después de los atentados del 11-M, hablar de ellos siendo policía es una "negligencia". Así al menos lo piensa el Ministerio del Interior, que en los próximos días decidirá finalmente qué sanción impone al comisario principal Telesforo Rubio, quien fuera máximo responsable de la lucha antiterrorista de la Policía entre junio de 2004 y septiembre de 2006 y que, por tanto, dirigió buena parte de la investigación de aquella masacre. El pasado 10 de marzo, un día antes del décimo aniversario de los atentados, el diario El País publicó una entrevista en la que este alto mando aseguraba que en el transcurso de las exhaustivas pesquisas no se había encontrado "ni un hilo" que vinculase aquellos hechos con ETA, en contra de lo que aún siguen defendiendo los instigadores de la llamada 'teoría de la conspiración'. Al día siguiente, el propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, instaba la apertura del expediente disciplinario a su subordinado.
El director general de la Policía acusa al alto mando de una falta leve por "conceder entrevista, sin autorización, a un periódico". El instructor del expediente pide por ello un "apercibimiento"
Hoy, cuatro meses después, éste no sólo sigue adelante, sino que está a punto de resolverse, y ello pese a que al poco de abrirse el jefe de Régimen Disciplinario de la Policía concluyó que en las palabras del comisario "no se aprecian manifestaciones que ofrezcan indicios de responsabilidad disciplinaria". Fuentes policiales destacan que en aquel momento se pudo haber dado carpetazo a un expediente que han calificado siempre de "absurdo". Sin embargo, Cosidó, decidió no hacerlo. Finalmente, el caso se abordará en la reunión que celebrará el próximo 15 de julio del Consejo de la Policía (un órgano consultivo en el que se sientan representantes de la Administración y de los sindicatos policiales), paso previo a que se decida finalmente la sanción. No obstante, lo que se aborde en dicho encuentro no será vinculante para la decisión final, ya que, como destaca el propio expediente, "el procedimiento debe ser resuelto por el Director General de la Policía" dada la condición de representante sindical del comisario, encuadrado en el mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP).
En el resumen del expediente que se ha remitido recientemente a los integrantes del Consejo de la Policía, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, se considera al que fuera máximo responsable de la lucha antiterrorista autor de una falta "leve" tipificada en el artículo 9-A del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que penaliza "el retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes recibidas". En concreto, el autor del expediente hace hincapié en la segunda parte, la de la "negligencia", como la infracción supuestamente cometida por el comisario. La sanción va desde el simple apercibimiento a la suspensión de funciones de uno a cuatro días. El instructor del mismo se decanta por la primera, la más leve.
La clave, en el título
Los hechos concretos por los que se le acusa también vienen recogidos en el resumen del expediente disciplinario enviado a los miembros del Consejo de la Policía. En concreto, se recrimina al alto mando policial "conceder entrevista, sin autorización, a un periódico". El documento también destaca que en dicha información periodística el policía aludió "a su etapa como Comisario General de Información" y que la misma recogía en su titular las siguientes palabras textuales: "Detuvimos a 120 etarras y no salió ni un hilo que vinculase el 11-M y ETA". Desde el Ministerio se considera que los datos que contenía dicha afirmación sólo pudieron ser obtenidos por el policía en su condición de máximo responsable de la investigación de los atentados. Y ello a pesar de que durante el juicio y la comisión de investigación parlamentaria por la masacre salió a la luz toda la investigación y de que la información estadística está disponible en la propia página web de Interior.
El expediente cita expresamente el título de la información y acusa al comisario Rubio de "aludir a su etapa" como máximo responsable antiterrorista
Curiosamente, el artículo 9 del Régimen Disciplinario que se le pretende aplicar no hace referencia a ningún tipo de infracción por hablar con la prensa. Interior ha echado mano de una circular interna de marzo de 1994, con el PSOE de Felipe González aún en el poder, que exigía la autorización previa para que los agentes hicieran declaraciones públicas a los medios de comunicación. No obstante, aquella regulación dejaba entrever que dicha premisa sólo era necesaria en aquellas circunstancias en las que los casos sobre los que hablaran estuvieran abiertos o aún no hubiera sentencia. Pese a que cuando Telesforo Rubio realizó sus declaraciones al diario El País el 11-M ya estaba juzgado y existía desde hace años pronunciamiento en firme del Tribunal Supremo, sus palabras siguen siendo consideradas por Cosidó "negligencia en el cumplimiento de sus funciones". El comisario ocupa actualmente un puesto burocrático dentro de la estructura del Ministerio alejado de los puestos operativos.
Diversas fuentes sindicales critican tanto la apertura en su día del expediente como que éste siga aún hoy en marcha. "Aunque finalmente la sanción sea un simple apercibimiento, el mismo será una mancha en la hoja de servicios de este comisario", destacan las mismas, que no dudan en calificar la actitud de Cosidó de "vengativa". De hecho, recuerdan que Telesforo Rubio se convirtió en los dos años largos que estuvo al frente de la Comisaría General de Información en el objeto de numerosos ataques del PP, entonces en la oposición. Desde las filas 'populares' incluso se le quiso relacionar con el llamado 'caso Faisán', que destapó un chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA. Rubio tiene actualmente abiertos otros dos expedientes disciplinarios por incidentes surgidos durante su separación matrimonial que investiga Asuntos Internos.
El antecedente de Huesca
No es la primera vez que la Dirección General de la Policía abre un expediente a un agente por expresar su opinión públicamente. Hace ahora dos años, inició otro contra un agente destinado en Huesca que había rebotado en Twitter una crítica al director adjunto operativo, el comisario Eugenio Pino, que había sido lanzado minutos antes por un dirigente sindical. El agente había utilizado para ello su cuenta particular en la red social en la que no hacía ninguna referencia a su condición de miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado ni tampoco se recogía su nombre real. Lo único que le identificaba en aquel momento era la foto que ilustraba su perfil, en la que aparecía con una camiseta negra con una estrella roja.
Hace dos años, Cosidó abrió un expediente a un agente por 'retuitear' una crítica a su 'número 2'. Finalmente fue cerrado sin sanción
El agente, que entonces sólo tenía 55 seguidores en la red social, había reenviado a éstos un mensaje lanzado por José Manuel Sánchez Fornet, entonces secretario general del SUP. En concreto, uno en el que éste asegura: "El DAO [director adjunto operativo] es pelota y servil con sus superiores y tirano con sus subordinados". Días después, el responsable de la comisaría de Huesca notificaba al policía la apertura del expediente por "orden de la Dirección Adjunta Operativa" y le mostraban como parte del mismo una hoja con el 'pantallazo' en el que aparecía la crítica al alto mando policial. Paradójicamente, no se tomó la misma medida con el dirigente sindical autor del mensaje. Finalmente, el expediente fue cerrado sin sanción. Hoy, el agente tuitero cuenta con 440 seguidores en la red social.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.