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Astilleros: el Gobierno quiere que Almunia acepte limitar la multa al periodo 2009-2011

Negociación a tres bandas de Rajoy con Durao Barroso; Montoro y Soria con Almunia y servicios jurídicos y técnicos para intentar convencer al comisario de la Competencia. El Ejecutivo alerta sobre la inseguridad jurídica  que un caso como este puede generar en los grandes proyectos españoles.

El gobierno trabaja contrarreloj para hacer cambiar de opinión a Joaquín Almunia, el comisario europeo de la Competencia que quiere que los astilleros españoles devuelvan 2.800 euros por subvenciones que, a su juicio, no debieran haber recibido. Almunia hace el cálculo sobre el periodo comprendido entre los años 2005 y 2011, mientras que Moncloa e Industria creen que podría reducirse dicho plazo a 2009-2011, cuando las ayudas fueron menores y la cantidad inicial podría verse muy disminuida. Esta es una de las propuestas que se le ha hecho llegar al socialista, comprometido a celebrar una reunión con el gobierno el próximo día 11, antes de que finalice el plazo de recurso que es el 17.

Almunia ha admitido que "hay margen" de negociación para un asunto que puede tener como colofón la desaparición de los astilleros españoles, y no tanto por la cantidad que deberían devolver, que también, como por la inseguridad jurídica que se crea de cara al futuro después de todas las vicisitudes por las que pasado este caso, que se desencadena a raíz de una denuncia de Holanda, demandada a su vez por España. Son 19 los astilleros que ven directamente afectados por la decisión del comisario Almunia. Dos de ellos entrarían directamente con concurso de acreedores porque parte de su contrato estaba pignorado a la decisión de la Comisión Europea.

A juicio de fuentes de la negociación, "el comisario eligió el año 2005 de manera aleatoria". Los cierto es que entonces se multó a Francia por recibir subvenciones sus armadores y romper la competencia, pero no es menos verdad que nunca las devolvió, entre otras cosas porque resulta prácticamente imposible ir armador por armador e inversor por inversor a reclamarle la devolución de unas ayudas que creían licitas. De hecho, lo más probable es que España acabara inmersa en un cadena de demandas si pretendiera recuperar esas ayudas.

En 2009, la antecesora de Almunia, de nacionalidad holandesa, dio la razón a España. Por eso se propone limitar el periodo de cálculo para no devolver cerca de 3.000 millones en ayudas

¿Y qué pasó en 2009 para que España lo ponga ahora como fecha de referencia? Pues qué entonces, la que era comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, curiosamente una holandesa, aseguró en un escrito que no había problemas con las subvenciones a los astilleros españoles y una carta de un comisario tiene valor de documento jurídico; según fuentes gubernamentales. Su decisión desencadenó una demanda de su propio país, Holanda, y el cambio de comisario vino acompañado de cambio de criterio. Como el Gobierno tampoco quiere entrar en confrontación directa ni desautorizar a Almunia, cree que la modificación de la fecha puede desbloquear la situación y dejar al socialista bien parado en el ejercicio de sus funciones.

Pero aunque Almunia es el directo responsable del desaguisado, el ejecutivo está trabajando a varias bandas. El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, tienen interlocución directa con él, pero Mariano Rajoy se dirige al presidente de la Comisión europea, José Manuel Durao Barroso, y los equipos jurídicos y económicos de un lado y otro estudian una salida a este callejón. Pero este es un circo de muchas pistas en la que también actúan armadores, sindicatos, embajadas... en definitiva, todo un despliegue para impedir el hundimiento de un sector que afecta a 87.000 familias principalmente de Galicia, Asturias y País Vasco.

Los mismos medios consultados alegan que "los criterios de la competencia no pueden cargarse un sector entero", en este caso los astilleros, en el que España destaca por su tecnología de vanguardia "pero el riesgo es que se extienda a otros en los que se necesiten fuertes inversiones" si no hay seguridad jurídica. Y es que, junto a la modificación de la fecha de aplicación de la multa, el deseo es que el aspecto jurídico quede cerrado para el futuro; definitivamente, con reglas del juego claras.


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