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El PP pedirá el acta a dos diputados de la Asamblea de Madrid señalados por el caso de la Ciudad del Fútbol

El TSJM acusa a Pedro Núñez Morgades y Bonifacio de Santiago de prevaricación por no cumplir una sentencia que les obligaba a anular el acuerdo de cesión del terreno.

Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid pedirá a Pedro Núñez Morgades y Bonifacio de Santiago sus actas de diputado si, finalmente, se abre juicio oral contra estos dos parlamentarios por un asunto relacionado con la Ciudad del Fútbol en Las Rozas. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha transformado en procedimiento abreviado las diligencias previas tras una  querella del fiscal contra la Junta del Ayuntamiento de las Rozas, a la que pertenecían ambos parlamentarios.

El Ministerio Fiscal acusó a los entonces concejales de prevaricación por negarse a cumplir una sentencia que anulaba una adjudicación a la Federación Española de Fútbol. En los próximos días el fiscal solicitará la apertura de juicio oral por lo que los dos concejales, ahora diputados, y otros compañeros del equipo de Gobierno de Las Rozas deberán sentarse en el banquillo.

Algunos de los afectados ya han anunciado que recurrirán este auto. Pero si finalmente los diputados se sientan en el banquillo, los dos parlamentarios deberán decidir si entregan el acta o no tal y como les va a pedir su grupo parlamentario.

Los miembros del equipo de Gobierno de Las Rozas que se enfrentan al juicio son: Bonifacio de Santiago Prieto (alcalde, también acusado de un delito de desobediencia), Francisco Javier Espadas López Terradas, José Luis Álvarez de Francisco, Pedro Núñez Morgades, Gemma Matamoros Martínez, Juan José Ruiz Fernández y Antonio Garde Fernández Fontecha. 

La sentencia

Todos ellos no cumplieron en 2004 la sentencia  de lo Contencioso-Administrativo del TSJM que les obligaba a anular el acuerdo por el cual se cedió en 1998 una parcela de 120.000 metros cuadrados, y 18.000 metros de edificabilidad, a la Real Federación Española de Fútbol.

La razón por la que se anuló esa cesión fue que se trataba de bienes demaniales (dominio público), no patrimoniales, que en consecuencia no podían ser objeto de tráfico jurídico-privado. No podían ser cedidos y el Ayuntamiento, en sesión plenaria, aprobó esa medida. La Federación Española de Fútbol edificó sobre ese suelo la Ciudad del Fútbol donde están instaladas las oficinas de este organismo y se concentran y entrenan los jugadores de la selección nacional.

“Los imputados -recoge el auto, sobre el que cabe recurso ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid- actuaron con desprecio a las decisiones llevadas a cabo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, pasando por encima de la ley, con la finalidad de seguir beneficiando a la Real Federación Española de Fútbol”. Si los recursos son rechazados, como parece, el Grupo Popular, pedirá el acta de los dos diputados. La cuestión podría estar decidida en las primeras semanas del año 2015.

Burocracia, no corrupción

Pedro Núñez Morgades explicó a este periódico que será respetuoso con la decisión que tome el partido. Por su parte, Bonifacio de Santiago aún confía en los recursos y sobre la devolución del acta recuerda que se trata de un tema administrativo que nada tiene que ver con corrupción. Recordó que la filosofía del PP es la dimisión en los casos de corrupción “y éste es un problema burocrático donde nadie se ha llevado un euro”. Recordó que hoy todo el problema administrativo está arreglado y Las Rozas es conocido en todo el mundo gracias a su Ciudad del Fútbol.

Por su parte, el PSOE decidirá en los próximos días si presenta un nuevo escrito para exigir que la Federación Española de Fútbol (RFEF) devuelva los lucros obtenidos por los negocios que, en virtud de las valoraciones realizadas por el propio Ayuntamiento, podrían superar los 10 millones de euros.

Los socialistas han denunciado también que el equipo de Gobierno del PP de Las Rozas se ha gastado más de 100.000 euros de dinero público en contratar abogados para avalar la posición de la Federación Española de Fútbol e impedir que los terrenos de la Ciudad del Fútbol reviertan al patrimonio municipal.


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