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Los diputados dejan de pagar 3,55€ por un menú para pasar a pagar 8

Los parlamentarios de la Asamblea de Madrid dejarán de pagar los apenas 5,95 euros que les costaba la comida en el parlamento regional. Ambos servicios los daba la empresa de Arturo Fernández, vicepresidente de CEOE.

El Grupo Arturo, de Arturo Fernández, ofrece el catering de ambos parlamentos
El Grupo Arturo, de Arturo Fernández, ofrece el catering de ambos parlamentos ARCHIVO

Los diputados regionales tendrán que pagar ocho euros por comer en la Asamblea de Madrid frente a los 3,55 euros que se abonaban ahora en la cafetería y los 5,95 que les costaba comer en el comedor de la Cámara autonómica, según consta en el borrador del pliego de condiciones para la contratación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el borrador de los pliegos del contrato, que se votará en la Mesa de la Asamblea de este lunes, establece un presupuesto máximo de licitación de 168.063,74 euros (sin IVA) y contempla que además de esta cantidad, el licitador podrá ofertar una aportación económica de la Asamblea por cada menú de 183.000 euros para todo el plazo de ejecución de contrato.

Una comisión velará por la calidad de la comida que ingieren los diputados cuando usan el comedor del parlamento

Según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias, el presupuesto de licitación no sufre cambios notables respecto al contrato anterior con el que se hizo el Grupo Cantoblanco, del empresario y presidente de CEIM, Arturo Fernández.

Sin embargo, la empresa que se haga con este contrato, que comenzará a trabajar el 8 de agosto, contará con algunas novedades. Una de ellas es que estará bajo la vigilancia de una comisión que velará por la calidad de la comida. Además, aumentará el precio del menú del día para los diputados.

De 3,55 a 8 euros

En cuanto al menús, los diputados pasarán a pagar ocho euros por un menú completo, tanto si comen en la cafetería como en el comedor. Este precio no será igual para el resto de usuarios de este servicio, que abonarán cuatro euros por comer un menú completo (compuesto por primer y segundo plato y postre, bebida y pan) y 6,50 euros si optan por tomar este mismo menú en el comedor.

En el caso de que los parlamentarios decidan comer solo un primer plato (con pan, bebida y postre) pagarán siempre 4,80 euros frente a los 2,80 euros que abonará un usuario que coma lo mismo en la cafetería y los 4,10 que tendrá que pagar si se sienta en el comedor. En cuanto al diputado que decida comer un segundo plato, pagará 6,40 euros frente a los 3,40 euros que le costará esta opción a otra persona en la cafetería y 5,30, en el comedor.

Una comisión velará por la calidad de la comida

El segundo de los grandes cambios es la creación de una comisión que llevará a cabo el control de calidad de los alimentos. Este órgano, formado por un miembro de la Mesa, el interventor, un técnico asesor, la jefa de la sección de diputados y relaciones externas y que podrá contar con el asesoramiento del médico de la Cámara, controlará "mensualmente la calidad de los productos" que se sirvan en la Cámara de Vallecas. Para ello, apoyará su control en la realización de encuestas a los usuarios sobre el nivel de cumplimiento del contrato en relación al nivel de calidad del servicio.

Esta comisión estudiará las reclamaciones que pudieran presentarse y podrá elevar al órgano de contratación propuestas de resolución del contrato o aplicación de penalidades. Asimismo, si se estima que se incumplen los objetivos de calidad exigidos, podrá elevar al órgano de contratación una propuesta de aplicación de penalidades o de resolución del contrato.

La Asamblea podrá resolver el contrato si se facturan servicios no realizados, se cargan íntegramente los servicios prestados con medios inferiores a los contratados y se obstruyen las facultades de dirección e inspección de la Asamblea. Asimismo, se podrá rescindir el contrato en función de la Ley de Contratos del Sector Público, sobre las empresas que han sido declaradas culpables en una contratación previa con la administración pública. En este caso, esa empresa no podrá contratar de nuevo con la Cámara autonómica.


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